Camps desaf¨ªa al Gobierno e impone su particular visi¨®n sobre Ciudadan¨ªa

Con la entrada en vigor, hoy, de la orden educativa que obliga a profesores y a alumnos a estudiar la materia de Educaci¨®n para la Ciudadan¨ªa y los Derechos Humanos en ingl¨¦s, la Generalitat de Francisco Camps da otra vuelta de tuerca m¨¢s en su estrategia de enfrentamiento con el Gobierno central. La disposici¨®n rubricada por el responsable auton¨®mico del ramo, Alejandro Font de Mora, lleva adem¨¢s impreso el sello del 10 de junio: fecha que coincide con las masivas protestas de padres, alumnos, profesores y directores celebradas ese d¨ªa en las tres capitales valencianas.

"Es antipedag¨®gico: se obliga a estudiar en un idioma que el alumno no domina"

Las manifestaciones con el lema Prou ten¨ªan, precisamente, como eje central la esperanza de que Camps pusiera "punto final a las pol¨ªticas del no" aplicadas por la consejer¨ªa en todos los decretos que desarrollan la Ley Org¨¢nica de Educaci¨®n -aprobada por el Gobierno socialista con la oposici¨®n del PP- y retomara la senda del "di¨¢logo".

Lejos de ello, el envite lanzado ayer por Camps al publicar la orden sin tocar ni una coma de un texto susceptible, seg¨²n los sindicatos, de ser "ilegal" y "recurrible", anticipa un frente judicial de dimensi¨®n desconocida.

De entrada, Miguel ?ngel Vera de CC OO, el primer sindicato que recurrir¨¢ hoy mismo la orden valenciana, advirti¨® a Font de Mora de que "recurre al Contencioso-administrativo con el objetivo de que el Tribunal Superior de Justicia declare ilegal la orden. Y en paralelo, en el momento procesal oportuno, presentar¨¢ un segundo recurso por la v¨ªa penal por supuesto delito de prevaricaci¨®n por firmar la orden". Albert Sansano del STEPV, que ayer ultimaba el recurso, anticip¨® que la iniciativa "supone una violaci¨®n a la libertad de c¨¢tedra". Gerardo Fern¨¢ndez de Fete-UGT, sindicato que tambi¨¦n recurrir¨¢, censur¨® "la inadmisible utilizaci¨®n de la Educaci¨®n como ariete pol¨ªtico contra el Gobierno".El Gobierno central est¨¢ dispuesto a recurrir la orden valenciana de Educaci¨®n para la Ciudadan¨ªa -publicada ayer en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana- si el texto normativo "cuestiona el car¨¢cter obligatorio" de esta asignatura de nuevo cu?o creada al amparo de la Ley Org¨¢nica de Educaci¨®n (LOE) aprobada por el Congreso en 2006. La ministra de Educaci¨®n, Mercedes Cabrera, se?al¨® ayer en conferencia de prensa que "esta asignatura es obligatoria como todas las dem¨¢s seg¨²n la ley. Y, si esto no se cumple, el Gobierno tendr¨¢ que recurrir".

La orden valenciana de Educaci¨®n para la Ciudadan¨ªa establece "formas de organizaci¨®n pedag¨®gica" -para su implantaci¨®n, el pr¨®ximo a?o lectivo, en el 2? curso de la Ense?anza Secundaria Obligatoria- que no figuran ni en la ley estatal, ni en el Real Decreto del ministerio que regula el curr¨ªculo de esta nueva asignatura puntuable. Y lo hace mediante varias innovaciones que, seg¨²n Albert Sansano del STEPV, "vulneran varios principios reconocidos en normas superiores".

El primero consiste en impartir la asignatura ¨ªntegramente en ingl¨¦s, porque se trata de una apuesta absolutamente "personal" del presidente Camps. A sabiendas, sin embargo, de que no existe ni el profesorado capacitado para dar esta asignatura ¨ªntegramente en ingl¨¦s (ni en Primaria, ni en Secundaria); ni el alumnado est¨¢ en condiciones de analizar el cambio clim¨¢tico o los derechos humanos en un idioma en el que pr¨¢cticamente toda Espa?a suspende.

"Se trata de una acci¨®n claramente antipedag¨®gica y amoral, porque obliga a impartir una asignatura utilizando un c¨®digo ling¨¹¨ªstico que el alumnado no domina, como demuestran las evaluaciones de la consejer¨ªa". Para Sansano, esta medida "est¨¢ fuera de la legalidad y vulnera la autonom¨ªa organizativa de los centros y el respeto a las lenguas oficiales reconocidas por el Estado como instrumento vehicular del aprendizaje".

La segunda "ocurrencia" -coinciden sindicatos y la Confederaci¨®n de Federaciones de Padres de Alumnos Gonzalo Anaya- es que "contempla la objeci¨®n de conciencia, que es una medida perfectamente ilegal" a trav¨¦s de una "opci¨®n B" de estudio hecha a medida de las familias objetoras (unas 3.500 en la Comunidad Valenciana). La orden concede a estas familias "el control del proceso educativo de sus hijos" y la garant¨ªa de que no tendr¨¢n que asistir al curso completo presencial para aprobar, si presentan un trabajo trimestral escogido por ellos.

"Esto es una burla en toda regla", resumi¨® ayer Gemma Piqu¨¦, vicepresidenta de la confederaci¨®n, que adem¨¢s denuncia: "La orden se ha tramitado de forma unilateral por la consejer¨ªa y sin analizarse, ni debatirse ni en el Consejo Escolar Valenciano".