Juez no muerde juez

La muerte de la peque?a Mari Luz a manos de un pederasta que circulaba en libertad habiendo sido condenado anteriormente tuvo el efecto a?adido de desvelar en toda su crudeza las graves carencias estructurales y de funcionamiento del sistema judicial en su conjunto. Fue la omisi¨®n negligente de un juez en ejecutar la condena firme de dos a?os y seis meses que pesaba sobre el asesino por abusar de su propia hija la que desencaden¨® el esc¨¢ndalo. Pero lo grave del caso, efecto manifiesto de ciertas actuaciones judiciales, bien por omisi¨®n, bien por retrasos inadmisibles, es que puede terminar en una escandalosa diluci¨®n de responsabilidades, de modo que toda la culpa de lo sucedido sea del sistema judicial en abstracto y de nadie en concreto, es decir, sin responsabilidad del juez que cometi¨® la omisi¨®n.

Por lo que ha trascendido del expediente abierto al juez que dej¨® pasar la ejecuci¨®n de la condena que pesaba sobre el presunto asesino de Mari Luz, la comisi¨®n disciplinaria del Consejo del Poder Judicial parece inclinada a hacer una valoraci¨®n meramente econ¨®mica de su conducta. Para el ¨®rgano responsable de controlar la actuaci¨®n de los jueces, ning¨²n otro reproche merecer¨ªa haber dejado de ejecutar una condena durante 17 meses, dando ocasi¨®n a reincidir con el asesinato de una ni?a, salvo el pago de una multa que no va m¨¢s all¨¢ de 6.000 euros. Si as¨ª fuera, estar¨ªamos ante un nuevo esc¨¢ndalo, no s¨®lo por la escasa importancia que se otorga a un comportamiento judicial del que se derivaron fatales consecuencias, sino por el corporativismo que rezuma.

En el caso de Mari Luz, el Gobierno ha asumido al menos algunas de sus responsabilidades pol¨ªticas, comprometi¨¦ndose a crear juzgados que aligeren la ejecuci¨®n de las sentencias penales, especialmente las relativas a agresiones sexuales y al maltrato, y aceptando el mandato del Congreso para una reforma del C¨®digo Penal que endurezca las penas por agresi¨®n sexual a menores de manera m¨¢s proporcionada a su gravedad. Pero en el ¨¢mbito judicial, que es donde se encuentran los protagonistas directos del desaguisado, no ha habido ni parece haber intenci¨®n de asumir responsabilidades. Ni siquiera las de car¨¢cter institucional por parte del Consejo del Poder Judicial, del que dependen unos servicios de inspecci¨®n que fueron incapaces de detectar el retraso en la ejecuci¨®n de la condena del presunto asesino de Mari Luz pocos meses antes de su asesinato.

Los jueces son los jefes de la oficina judicial y responsables, para lo bueno y para lo malo, de lo que sucede en ellas. De sus errores y de su mal funcionamiento no son culpables los escasos medios ni los funcionarios a sus ¨®rdenes, aunque ¨¦stos tengan responsabilidades propias y compartidas. Al magistrado que tard¨® casi tres a?os en redactar la sentencia que conden¨® al presunto asesino de Mari Luz no se le ha podido exigir responsabilidades por haber prescrito su posible falta. Y al que demor¨® su ejecuci¨®n se le pretende castigar con una multa. Todo un esc¨¢ndalo.