El Gobierno ha recurrido desde 2005 unos 80 planes urban¨ªsticos

El Gobierno ha impugnado en los ¨²ltimos tres a?os la aprobaci¨®n de unos 80 planes urban¨ªsticos por parte de la Generalitat y de algunos ayuntamientos porque no respetan sus competencias, seg¨²n datos de la Delegaci¨®n del Gobierno. M¨¢s de 60 recursos -de los que seis han supuesto la suspensi¨®n cautelar de los planeamientos- est¨¢n a la espera de sentencia y otros siete se han resuelto de forma extraprocesal, es decir, se han corregido los defectos antes de que acabe el proceso.

Los recursos afectan a planes como el de la Vega de Cullera o Porxinos

La ley del Suelo eleva el nivel de exigencia para futuros proyectos

Dos de los recursos se han fallado en contra de la reclamaci¨®n del Gobierno y uno, a favor. Y es que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano acaba de invalidar el pl¨¢cet dado por la Generalitat al plan del Pinaret, en Ador, porque carec¨ªa del informe de aguas de la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del J¨²car (CHJ).

"Esperamos muchos m¨¢s", advierten desde la Delegaci¨®n del Gobierno, que desde 2005 hasta el pasado mayo ha impugnado 82 aprobaciones, ya sea por parte de las comisiones territoriales de urbanismo o de ayuntamientos, al considerar que no respetan las competencias estatales. Un gran n¨²mero de estos planes o no tiene informe de aguas de las confederaciones o ¨¦ste era negativo. Otros planes se han impugnado por problemas de movilidad (falta de capacidad de las carreteras) o porque invad¨ªan el dominio p¨²blico de los cauces de los r¨ªos.

La nueva Ley del Suelo eleva el nivel de exigencia para la aprobaci¨®n de futuros proyectos. Si la Ley del Agua -a la que se refieren la mayor¨ªa de recursos del Estado- s¨®lo considera preceptivo, no vinculante, el informe de la confederaci¨®n, la nueva norma ve sus dict¨¢menes "determinantes". "El agua es una cuesti¨®n crucial en la fase de planeamiento y los tribunales lo han dejado claro", defiende el subdelegado del Gobierno de Valencia, Luis Felipe Mart¨ªnez.

El balance de impugnaciones es aleccionador. Desde finales de 2005, el Gobierno central ha recurrido macroproyectos urban¨ªsticos como la Vega de Cullera (12.000 viviendas) -m¨¢s conocido como el Manhattan-, el de Brosquil en esta misma localidad de La Ribera, el de Nou Mil¡¤leni de Catarroja, el de Gran Manises (10.000 viviendas), el de las lagunas de Rabassa o Porxinos (2.700 casas). Todos estos recursos, presentados por cuestiones h¨ªdricas, est¨¢n admitidos a tr¨¢mite y a la espera de resoluci¨®n judicial.

El Ejecutivo central ha cosechado varios fracasos a la hora de suspender cautelarmente algunos de ellos. Es el caso de la Vega-puerto de Cullera, Porxinos en Riba-roja o el Pinaret de Ador. S¨ª ha conseguido detener provisionalmente, seg¨²n datos de la Delegaci¨®n del Gobierno, el concierto previo de Llaur¨ª, un plan en Loriguilla, el plan general de Enguera, el plan de San Diego en Alfara del Patriarca o el plan parcial de Segaria, en Benimeli. El caso m¨¢s sonado fue la paralizaci¨®n de la revisi¨®n del plan general de Benimuslem, un peque?o pueblo de La Ribera Alta de 600 habitantes, donde se prev¨¦ la construcci¨®n de 1.500 nuevas casas. La sala no vio probada la existencia de agua suficiente.

Un tercer bloque de recursos se ha saldado con lo que t¨¦cnicamente se conoce como satisfacci¨®n extraprocesal, es decir, tras la impugnaci¨®n, los consistorios han corregido los problemas. En esta situaci¨®n est¨¢n el plan parcial de mejora en Gilet, el Parque Empresarial Circuito de Cheste -un proyecto de 900.000 metros cuadrados donde los promotores no acreditaron la existencia de agua para albergar un centro log¨ªstico y una ciudad circuito con hoteles y servicios-. El TSJ desestim¨® la suspensi¨®n provisional pedida por los abogados del Estado porque los promotores probaron la existencia de agua. Completan la lista otro plan de mejora en Oliva, el plan general de Alfara de Algimia, un proyecto en Aldaia o el plan general de Algar del Palancia. En esta ¨²ltima localidad, la Delegaci¨®n del Gobierno envi¨® un escrito al juzgado dando luz verde al PGOU. El Consistorio garantiz¨® a la CHJ el abastecimiento de agua a los 1.600 nuevos residentes.

Otras organizaciones ajenas al Estado han impugnado, con desigual suerte, otros planes urban¨ªsticos. Es el caso de Ecologistas en Acci¨®n, movimientos vecinales y partidos pol¨ªticos.