Abusos urban¨ªsticos en el limbo

El enredo judicial del hotel Atrium de La Vila Joiosa es tal vez el ejemplo m¨¢s llamativo del tortuoso camino de un expediente por infracci¨®n urban¨ªstica y de la dificultad, o desidia municipal, en el restablecimiento de la legalidad. Excesos de edificabilidad, ¨¢ticos que no est¨¢n en el proyecto original, terrazas que se cierran, viviendas que invaden viales y otros incumplimientos abundan en tierras valencianas. En algunos casos, la infracci¨®n acaba legalizada, en otros se aplaza durante a?os un derribo inevitable o no se ejecuta. Al margen de las miles de casas sin licencia en suelo r¨²stico, ¨¦sta es una muestra de los abusos urban¨ªsticos que salpican el territorio.

- Alicante se lleva la palma. La llamativa multa impuesta por el Consell al promotor del Atrium (12 millones de euros) por un importante exceso de obra ha terminado en la papelera al anular el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) la sanci¨®n por un error en su tramitaci¨®n. Adem¨¢s, el tribunal ha rechazado el plan que legaliz¨® el complejo y el Ayuntamiento cavila ahora sobre una posible demolici¨®n. Tambi¨¦n en la playa de La Vila se levant¨® otro complejo hotelero ilegal, el Elbim. Estaba fuera de ordenaci¨®n y con exceso de obra, pero no se sancion¨® al promotor y ha sido legalizado.

La sentencia de las gradas de Mestalla se liquid¨® con 2.000 euros de costas

En Alicante y Castell¨®n hay varios edificios con orden de demolici¨®n

En el caso del hotel Vatus, en la playa de L'Albir, con exceso de edificabilidad, la promotora ha recurrido al TSJ la propuesta de sanci¨®n de 600.000 euros. En Benidorm, adem¨¢s de centenares de expedientes por retranqueos ilegales, 15 hoteles siguen siete a?os despu¨¦s sin compensar al Consistorio (cesiones dotacionales) el exceso de volumetr¨ªa al amparo del denominado premio hotelero.

En el tramo m¨¢s septentrional de la costa, los dos ¨²ltimos ejemplos de infracci¨®n de envergadura son un hotel de 24 plantas a seis metros del mar en Calp, y una urbanizaci¨®n de 111 chal¨¦s ilegales en D¨¦nia, en pleno parque del Montg¨®. La licencia de Calp la ha recurrido el Ministerio de Medio Ambiente, pero no hay propuesta de multa. En D¨¦nia, el Ayuntamiento busca al promotor para que al menos se haga cargo del coste de la demolici¨®n de la urbanizaci¨®n (unos 400.000 euros) declarada ilegal.

Las infracciones urban¨ªsticas se acumulan en Torrevieja, Orihuela o en Catral, con 1.300 casas ilegales en suelo r¨²stico. En Torrevieja, las infracciones m¨¢s comunes son obras irregulares en ¨¢ticos y retranqueos. El Ayuntamiento, seg¨²n la oposici¨®n, sanciona y derriba de manera discrecional, y acumula m¨¢s de 1.000 expedientes de demolici¨®n sin ejecutar. En Orihuela, los campos de golf de Villamart¨ªn y Campoamor carecen de licencia y no se ha sancionado al promotor. Otro caso similar ocurri¨® con el campo de golf de Algorfa, finalmente legalizado.

- Las gradas de Mestalla no se tiran. Lo avisaron los vecinos y la oposici¨®n socialista, pero el Ayuntamiento de Valencia, en manos del PP, asegur¨® que la obra era legal y autoriz¨® en 1998 la ampliaci¨®n de las gradas del estadio de Mestalla. Las declar¨® ilegales el Tribunal Supremo en 2006, y para entonces el Valencia CF y el Consistorio ya cerraban el doble pelotazo urban¨ªstico que permitir¨¢ construir pisos en el suelo del viejo estadio y un nuevo campo en otra parcela. Las gradas no se han tocado. El teniente de alcalde, Alfonso Grau, declar¨® ufano que la ilegalidad se resolv¨ªa con 2.000 euros, el pago de las costas. Los vecinos no han pedido la ejecuci¨®n de la sentencia. Expuestos a la presi¨®n de dejar al club sin parte del estadio antes de tiempo, recalcan que es obligaci¨®n del Consistorio cumplir el fallo -¨¦ste dice que ya lo ha hecho con el nuevo plan- y del tribunal controlar que es as¨ª.

Otro l¨ªo sin soluci¨®n a corto plazo es el que afecta a los compradores de un edificio en la calle de Santa Teresa, donde una promotora gener¨® un largo expediente de infracciones. El Ayuntamiento ha intentado legalizar la obra y dar acceso a los pisos, que est¨¢n vac¨ªos, pero la Consejer¨ªa de Cultura se niega a aprobar la obra porque el edificio, en el cento hist¨®rico, debi¨® retranquearse. Tambi¨¦n abusaron de su licencia los impulsores de una urbanizaci¨®n de adosados en El Perellonet, que ocuparon para terrazas y patios un viario p¨²blico, de emergencia para los bomberos. Los socialistas denunciaron el caso en 1999. El asunto, recurso tras recurso, se ha alargado hasta hace unos meses, cuando el Ayuntamiento pudo aprobar licencias de derribo que han comenzado a ejecutarse. En Pinedo sigue en pie una casa construida fuera de ordenaci¨®n y con licencia de obra menor. Al infractor le han llegado multas coercitivas. No hay derribo a la vista.

El departamento de Disciplina Urban¨ªstica ha tramitado desde enero 78 ¨®rdenes de ejecuci¨®n y 35 expedientes de multa relacionados, por ejemplo, con arreglos en fachadas. Con el fin de "restablecer la legalidad", hay en marcha otras 15 multas de entre 600 y 4.300 euros -se imponen hasta 10 en un expediente- por altillos sin licencia, cerramientos etc. En dos casos, con un procedimiento nuevo, el Ayuntamiento pretende que la sanci¨®n, adem¨¢s de lo habitual, se corresponda con el beneficio que ha generado la infracci¨®n al promotor. Aparte de multas coercitivas para cumplir la normativa, el Consistorio ha abierto este a?o 32 expedientes para sancionar ilegalidades (en 2007 hubo 39). Las liquidaciones por infracciones ascendieron el a?o pasado a 51.000 euros, y este ejercicio ya van por 61.000 euros.

- Sentencias sin cumplir en Castell¨®n. Los ejemplos m¨¢s destacados de Castell¨®n est¨¢n en la propia capital de La Plana y en Oropesa. En el primer caso, se trata de una inmueble levantado con una altura de m¨¢s en la calle de Campoamor, una de las pocas peatonales de la ciudad. El Consistorio denunci¨® el proyecto y durante una d¨¦cada la obra ha sufrido paralizaciones. Aunque los tribunales decretaron el derribo de la planta ilegal, el edificio permanece en pie y vac¨ªo. De momento, no se ha previsto ejecutar la orden de derribo. En Castell¨®n tambi¨¦n hay varias naves industriales en suelo que no permite esta actividad o que han sido construidas sin licencia en el camino Camin¨¤s o la ronda este. Aun con orden de derribo, no se tiran. En Oropesa, el litigio iniciado por un particular sobre el edificio Par¨ªs, en la playa de Morro de Gos, acab¨® con una orden de derribo de cuatro plantas. El Ayuntamiento intent¨® legalizarlas, pero los denunciantes lograron que los tribunales les dieran la raz¨®n. La sentencia se consider¨® no ejecutable y el Ayuntamiento tuvo que pagar en 2005 una indemnizaci¨®n de 64.905 euros.

Esta informaci¨®n ha sido elaborada por Santiago Navarro, Mar¨ªa Fabra, Sergio Castillo, Arturo Ruiz y Sara Velert.