Focos sobre Guant¨¢namo
Washington teme que la jurisdicci¨®n ordinaria acabe interfiriendo en la actual farsa judicial
El Gobierno de Estados Unidos pod¨ªa haber aprovechado la reciente sentencia del Tribunal Supremo -por la que los sospechosos de terrorismo islamista recluidos en Guant¨¢namo pueden reclamar su libertad ante un juez federal- para detener los juicios militares en marcha contra la veintena de presos acusados formalmente por la Administraci¨®n de Bush. En su lugar, el Pent¨¢gono ha iniciado esta semana el primer proceso por cr¨ªmenes de guerra desde la II Guerra Mundial contra uno de los ch¨®feres de Osama Bin Laden, al que acusa de conspiraci¨®n y posesi¨®n de material terrorista. Si es declarado culpable por un jurado castrense de 13 miembros, oficiales trasladados a la base naval desde otras instalaciones militares estadounidenses, puede pasar el resto de su vida en prisi¨®n.
El juicio contra Salim Hamdan, junto con los dem¨¢s que se preparan, insiste as¨ª y ampl¨ªa la farsa de la infamante prisi¨®n estadounidense en suelo cubano, por la que han pasado casi 800 presos, de los que la mayor¨ªa han sido devueltos a sus pa¨ªses sin acusaci¨®n alguna. El campo-prisi¨®n que se instal¨® en Guant¨¢namo con la esperanza de que a ese territorio alquilado no llegar¨ªa el brazo de la justicia federal de EE UU, se ha convertido desde su apertura, en 2002, en un s¨ªmbolo planetario de abuso legal y maltrato, del que incluso el presidente Bush quisiera desembarazarse ahora (tanto Obama como McCain prometen hacerlo) si ello no le hiciera perder la cara.
Pese a todo, sigue su curso la siniestra maquinaria aparentemente legal all¨ª puesta en marcha. Entre otros motivos, porque incluso la hist¨®rica decisi¨®n del Supremo del mes pasado sobre los derechos de los prisioneros -cerca de 300- a reclamar ante un tribunal civil, ha dejado en el aire extremos decisivos para asegurar su cabal protecci¨®n: desde la misma legalidad de las comisiones militares que los juzgan, hasta la calidad de las pruebas requeridas o la validez de la evidencia obtenida por sus captores bajo presi¨®n, un eufemismo que en muchos casos oculta simplemente la pr¨¢ctica de torturas.
Esta tierra de nadie legal en la que, pese a todo, siguen habitando los reclusos de Guant¨¢namo es la que ha permitido al nuevo fiscal general de EE UU, Michael Mukasey, solicitar esta semana, a un Congreso que cierra por vacaciones, la legislaci¨®n urgente que permita la continuaci¨®n de los juicios iniciados en la base militar libres de las interferencias de los tribunales ordinarios. Washington, por boca de Mukasey, pretende tambi¨¦n que los enjuiciados por cr¨ªmenes de guerra s¨®lo puedan solicitar h¨¢beas corpus ante un juez federal despu¨¦s de la conclusi¨®n de su proceso por las comisiones militares. Y que lo hagan por videoconferencia, sin tocar suelo estadounidense, por su "extraordinaria peligrosidad", seg¨²n sus propias palabras. Un suelo que tampoco deber¨¢n pisar si finalmente son puestos en libertad. Como se ve, todo un programa para enaltecer la causa de la justicia.
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