Con el suelo p¨²blico no basta

En Espa?a se crean unos 400.000 nuevos hogares cada a?o, lo que da idea del n¨²mero de viviendas que nuestro pa¨ªs necesita para satisfacer los proyectos vitales de miles de ciudadanos. En los ¨²ltimos a?os se han edificado muchas m¨¢s viviendas de las que el mercado pod¨ªa absorber -hasta 700.000 anuales- y, adem¨¢s, a precios imposibles. La paradoja es que hay un exceso de oferta de viviendas sin vender, y una gran demanda por parte de las familias que, sin embargo, no pueden acceder a las existentes por su precio inasumible. En consecuencia, muchas han decidido aplazar la decisi¨®n de adquirir una vivienda, y las que se deciden a hacerlo, tienen serias dificultades para acceder al cr¨¦dito hipotecario.

El primer objetivo del Gobierno es promover la vivienda protegida de alquiler

Esta falta de financiaci¨®n afecta tambi¨¦n a los promotores, que necesitan cr¨¦dito para continuar con su actividad empresarial. Por tanto, el sector ha sufrido un brusco frenazo, como demuestran las estad¨ªsticas de transacciones inmobiliarias e hipotecas. Adem¨¢s, nuestro mercado del alquiler es a¨²n raqu¨ªtico -apenas un 11% del total de viviendas-. Por eso es imprescindible generar m¨¢s oferta de viviendas en alquiler a precios competitivos, tanto entre particulares como en la promoci¨®n de viviendas protegidas.

Para salir de este c¨ªrculo vicioso, el Gobierno ha afrontado la situaci¨®n desde varios frentes. En primer lugar, dando salida al exceso de oferta, a las viviendas que los promotores tienen sin vender. Para ello, desde enero de 2008, ya es posible que estas viviendas se califiquen como de protecci¨®n oficial si llevan un a?o terminadas. Y, siempre, naturalmente, dentro de los precios m¨¢ximos determinados por el m¨®dulo de la vivienda protegida. Porque la obligaci¨®n del Estado es ayudar a los que tienen m¨¢s dificultades para acceder a la vivienda, pero no garantizar con dinero p¨²blico los beneficios privados. ?ste es, a juicio del Gobierno, el l¨ªmite al que el Estado puede llegar. Ir m¨¢s all¨¢, utilizando el dinero p¨²blico para intervenir en el mercado, ayudando a que los promotores vendan su stock a precios superiores a los de la vivienda protegida, ser¨ªa destinar el dinero de todos a garantizar el beneficio de unos pocos. Los ciudadanos no lo entender¨ªan.

En segundo lugar, dise?ando una estrategia de promoci¨®n de viviendas protegidas, sobre todo en alquiler, que permita atender la demanda de vivienda de los pr¨®ximos a?os y, a la vez, reactivar el sector de la construcci¨®n residencial, procurando el mantenimiento del empleo y de los sectores auxiliares. Para lograrlo, apostamos tambi¨¦n por la rehabilitaci¨®n, que es otra de nuestras prioridades.

Sin embargo, para acometer cualquier pol¨ªtica de vivienda es necesario disponer de una materia prima b¨¢sica: el suelo. Y el principal escollo para la construcci¨®n de viviendas protegidas es la escasez de suelo urbanizado a precios asequibles. Nuestra intenci¨®n es, por tanto, poner solares a disposici¨®n de la promoci¨®n de vivienda protegida. Y para ello contamos, en primer lugar, con el suelo p¨²blico: lo haremos de forma coordinada con los ministerios que poseen suelo a trav¨¦s de una comisi¨®n interministerial, que se constituir¨¢ pr¨®ximamente.

Y con el suelo p¨²blico no basta: para que puedan construirse las viviendas protegidas que nos demandar¨¢ la sociedad dentro de cuatro, cinco, seis a?os, para cumplir nuestro compromiso de promover 1.500.000 en diez a?os, es necesario que ahora obtengamos suelo a precio asequible para poder urbanizarlo, es decir, prepararlo para que est¨¦ en condiciones de ser edificado cuando se vaya necesitando. Sobre todo, porque para promover viviendas protegidas en alquiler, que es una prioridad del Gobierno, es imprescindible que el suelo sea barato. S¨®lo as¨ª ser¨¢ viable su financiaci¨®n y las empresas del sector se animar¨¢n a invertir en esta actividad.

Por ello, el ministerio ha puesto en marcha una Oferta P¨²blica de Compra de Suelo, a trav¨¦s de SEPES, por importe inicial de 300 millones de euros y con un horizonte de cuatro a?os, basada en los principios de transparencia, igualdad de oportunidades y coordinaci¨®n con las comunidades aut¨®nomas, que compartir¨¢n las decisiones sobre las condiciones de la oferta y la elecci¨®n de los solares, y que priorizar¨¢ aquellos suelos que est¨¢n en mejores condiciones para su m¨¢s r¨¢pido desarrollo. Y adem¨¢s, adquiri¨¦ndolo a precio de vivienda protegida. Para que, entre todos, Estado, comunidades y ayuntamientos, lleguemos a m¨¢s. Una medida, por cierto, que ya han puesto en marcha algunos ayuntamientos como Madrid, comunidades como Murcia y Canarias, y que han anunciado Baleares, Catalu?a y Andaluc¨ªa.

SEPES tiene 50 a?os de experiencia en la adquisici¨®n, urbanizaci¨®n y gesti¨®n de suelo, pero el 91% de su cartera patrimonial es para actividad terciaria o industrial. Ahora vamos a aprovechar su capacidad para urbanizar tambi¨¦n suelo residencial para promover viviendas protegidas, espec¨ªficamente en alquiler. La evoluci¨®n de los precios demuestra que es un buen momento para que las Administraciones P¨²blicas consigamos el suelo que hasta ahora nos estaba vedado por su desorbitado precio.

El Gobierno asume su responsabilidad y afronta la crisis que atraviesa el sector. Lo hace ayudando a reactivar su actividad a trav¨¦s de la vivienda protegida, especialmente en alquiler, y la rehabilitaci¨®n. Y adem¨¢s sienta las bases de la pol¨ªtica de vivienda de los pr¨®ximos a?os. Para ello necesita suelo. ?ste es el objetivo.

Beatriz Corredor es ministra de Vivienda.