Anticorrupci¨®n desv¨ªa hacia la Fiscal¨ªa el caso del plan de Benal¨²a

No ser¨¢ Anticorrupci¨®n la que investigue la gesti¨®n de la edil del PP en Alicante, Sonia Castedo, en la tramitaci¨®n del plan urban¨ªstico Benal¨²a Sur. La Fiscal¨ªa de Alicante considera que el estudio de la documentaci¨®n sobre las actuaciones de la concejal de Urbanismo del Ayuntamiento alicantino, Sonia Castedo (PP), relativas a la aprobaci¨®n y ejecuci¨®n del Proyecto de Reparcelaci¨®n de la Unidad de ejecuci¨®n n¨²mero 1 del Plan Parcial de Benal¨²a Sur, que contempla la construcci¨®n de 150 viviendas, "no es competencia de Anticorrupci¨®n" por lo que los documentos se trasladar¨¢n al fiscal que corresponda de la Audiencia para que los estudie, seg¨²n inform¨® ayer Europa Press.

De esta forma, ser¨¢ la Fiscal¨ªa de la Audiencia Provincial la que estudie y considere si la concejala de Urbanismo, Sonia Castedo, incurri¨® en los supuestos delitos de prevaricaci¨®n, estafa, fraude y tr¨¢fico de influencias, tal y como apunta el PSPV que el pasado 6 de agosto entreg¨® la documentaci¨®n en la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n.

Los socialistas estiman que las actuaciones de la edil, otros cargos de su departamento, como el gerente de Urbanismo, Enrique Sanus, y de la empresa urbanizadora, Prasa, son "contrarios a la legalidad y a los intereses p¨²blicos". El portavoz socialista Roque Moreno tild¨® de "valiente" el acto de acudir a denunciar ante la Fiscal¨ªa para "controlar que las decisiones que el equipo de gobierno toma en este Ayuntamiento, no vayan en detrimento y prejuicio de los alicantinos".

Los socialistas calificaron de "arbitrarias" varias resoluciones administrativas relativas al caso Benal¨²a Sur, y se?alaron que estas actuaciones "utilizan el poder pol¨ªtico y administrativo para obtener resultados mediante un comportamiento orientado a la consecuci¨®n fraudulenta de objetivos prohibidos y da?inos para el inter¨¦s p¨²blico", seg¨²n Moreno. El PSPV considera "injustos" algunos informes y resoluciones emitidas por la edil de Urbanismo dispuesta a asumir el pago del 50% de los costes de urbanizaci¨®n "lo que supone un detrimento de las arcas municipales". El supuesto tr¨¢fico de influencias, seg¨²n los denunciantes, se halla en "la actitud del gerente y la edil a favor y en defensa de los intereses del urbanizador".