Las fosas

La familia del maestro fusilado junto a Garc¨ªa Lorca y supuestamente enterrado en la misma fosa que el poeta, en el barranco de V¨ªznar, ha solicitado al juez Garz¨®n la exhumaci¨®n de su cad¨¢ver. Hasta ahora, la petici¨®n ha tropezado con la oposici¨®n de la familia Lorca, reacia a la apertura de la fosa com¨²n donde yacen, adem¨¢s, otros dos cad¨¢veres del mismo fusilamiento perpetrado por los sublevados. La providencia de Garz¨®n reclamando datos de muertos y desaparecidos a diversos organismos e instituciones concede una nueva oportunidad a la familia del maestro para que su voluntad sea escuchada.

Cabe preguntarse si el juez est¨¢ haciendo un uso correcto de sus atribuciones, puesto que ha iniciado un procedimiento propio de la fase de instrucci¨®n sin haber decidido a¨²n si es competente ni tampoco si los delitos que est¨¢n detr¨¢s de esos enterramientos clandestinos son perseguibles. Ambos puntos quedar¨ªan solventados si Garz¨®n encontrara la manera de tipificar la represi¨®n franquista como genocidio, en cuyo caso no existir¨ªa prescripci¨®n para los delitos cometidos y la Audiencia Nacional ser¨ªa competente.

El esc¨¢ndalo sobre las fosas y la posterior represi¨®n franquista ha impedido advertir que, en realidad, se suscitan dos problemas diferentes. Uno es la eventual apertura de una causa penal contra los autores de las muertes, algo que resultar¨ªa inviable, excepci¨®n hecha de su conversi¨®n en genocidio. Otro es la existencia, a¨²n hoy, de decenas de enterramientos clandestinos. Hace tiempo que este segundo problema deber¨ªa estar resuelto, y no a instancias de la Audiencia Nacional ni tampoco de las asociaciones de la Memoria Hist¨®rica. Tendr¨ªa que ser la Administraci¨®n la que tomara la iniciativa bajo el impulso de la normativa existente sobre la sepultura de los cad¨¢veres. Resulta inexplicable que el Estado conozca la existencia de enterramientos clandestinos y se inhiba o, peor a¨²n, abdique de sus obligaciones en favor de las asociaciones, como establece la Ley de Memoria Hist¨®rica, un texto jur¨ªdico sui g¨¦neris con el que el Gobierno quiso salir del embrollo pol¨ªtico en el que se hab¨ªa metido.

Desde la perspectiva de la estricta legalidad, y no de ninguna memoria hist¨®rica, la familia Lorca no deber¨ªa sentirse agraviada porque el Estado cumpla con sus funciones en relaci¨®n con el enterramiento clandestino donde podr¨ªa encontrarse el poeta. Tampoco tendr¨ªa ning¨²n sentido que los partidos se enzarzasen en una discusi¨®n en torno a la met¨¢fora de si el cumplimiento de sus funciones por parte del Estado abre o cierra heridas.

El hecho de que en Espa?a se viviera una guerra civil y una atroz dictadura fue la causa de que existan miles de cad¨¢veres en las cunetas; pero no puede servir de excusa para que sigan yaciendo en ellas. Esto nada tiene que ver con la memoria, que s¨®lo incumbe a familiares, historiadores y, en general, a los ciudadanos, sino con el cumplimiento de las leyes por parte del Estado.