Un informe estatal considera casi inviable la privatizaci¨®n del Canal

"La privatizaci¨®n del Canal supondr¨ªa un cambio de titularidad que deber¨ªa ser aprobada por la Administraci¨®n central". Es una de las conclusiones de un informe jur¨ªdico que ha solicitado la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Tajo (CHT), que vela por la gesti¨®n del agua en el cauce de este r¨ªo, y al que ha tenido acceso EL PA?S, sobre c¨®mo puede afectar la entrada de capital privado en la empresa p¨²blica.

Esta tarde est¨¢ prevista la comparecencia en la Asamblea de Madrid del presidente del Canal, el tambi¨¦n vicepresidente regional, Ignacio Gonz¨¢lez, para explicar la privatizaci¨®n de la compa?¨ªa del agua, a petici¨®n del grupo socialista.

El anuncio de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, de que crear¨¢ una ley que transforme el Canal en sociedad an¨®nima, para luego sacar a Bolsa el 49% de las participaciones, no se har¨¢ efectivo hasta dentro de al menos un a?o, pero ya ha suscitado la preocupaci¨®n de las instituciones que tratan con esta empresa. La Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Tajo es la que, en nombre del Estado, gestiona el ciclo del agua en el cauce del Tajo, que abastece a la regi¨®n. Y el Canal de Isabel II recibe de ella una concesi¨®n gratuita para llevar el agua a los madrile?os. La entrada de capital privado, argumenta el documento, supondr¨ªa que la concesi¨®n administrativa hecha "a favor de un ente p¨²blico" conllevar¨ªa "un cambio de titularidad" en el caso de privatizaci¨®n del Canal de Isabel II. "Deber¨ªa ser aprobado por la Administraci¨®n central", concluye este informe.

Este nuevo escollo en la medida estrella anunciada por Aguirre en el debate del estado de la regi¨®n se une al boicoteo de los 34 alcaldes socialistas, que anunciaron que romper¨ªan los convenios por los que ceden los servicios de abastecimiento y saneamiento, de titularidad municipal. Tambi¨¦n se sum¨® el Ayuntamiento de Madrid. "Esta revocaci¨®n supone una disminuci¨®n muy importante del patrimonio del Canal", reconoce el documento, que subraya las "dificultades jur¨ªdicas" y la necesidad de alcanzar "acuerdos pol¨ªticos" que se le presentan al proyecto del Gobierno regional.

El informe jur¨ªdico de la Confederaci¨®n reconoce que hasta que la ley no est¨¦ en vigor "no es posible pronunciarse sobre la afecci¨®n a las competencias estatales en materia de agua", pero s¨ª deja claro que los embalses y otras infraestructuras que utiliza el Canal "son de dominio p¨²blico" y, por tanto, su propiedad no puede ser privatizada.

Recuerda que los embalses fueron construidos por la Administraci¨®n central y luego transferidos a la Comunidad. "Este dominio p¨²blico no puede quedar legalmente en manos de ning¨²n inter¨¦s privado", recalca el informe. Lo mismo reconoce para las obras que se hicieron dentro del Plan Hidrol¨®gico "que son titularidad de la Administraci¨®n central que ha cedido su uso al Canal como ente p¨²blico, pero no como empresa privada".

Y concluye: "La disminuci¨®n patrimonial que podr¨ªa producirse sin los ayuntamientos y la Administraci¨®n General del Estado podr¨ªa hacer la operaci¨®n inviable".