?Qu¨¦ hacer ante demandas separatistas?

Suele describirse la democracia como un procedimiento para resolver conflictos de manera no violenta, de acuerdo con reglas que permiten conjugar intereses diversos. Dichas reglas casi siempre derivan, de una forma m¨¢s o menos directa, del principio de mayor¨ªa: si las partes no consiguen llegar a un acuerdo, se decide en funci¨®n del apoyo popular que tienen las distintas posturas en litigio.

Uno de los conflictos m¨¢s duraderos y enrevesados de la pol¨ªtica espa?ola es el territorial. No hay un equilibrio institucional entre centro y periferia. De hecho, el T¨ªtulo VIII de la Constituci¨®n dej¨® este asunto sin cerrar y desde 1978 Espa?a se encuentra, por lo que respecta al asunto territorial, en una especie de fase constituyente permanente. En t¨¦rminos generales, esta naturaleza irresuelta del problema territorial no es sino un reflejo del tipo de Estado que tenemos, en el que ni el centro ni las regiones perif¨¦ricas han tenido poder suficiente para imponer su punto de vista. Las regiones con demandas separatistas no han conseguido desmembrar el Estado, pero el Estado tampoco ha conseguido asimilar completamente a las minor¨ªas territoriales formadas por catalanes, vascos y gallegos, como lo prueba la supervivencia de lenguas propias, caracter¨ªsticas diferenciales y demandas de mayor autogobierno o incluso de separaci¨®n.

Espa?a no deber¨ªa temer la regulaci¨®n democr¨¢tica de una solicitud de separaci¨®n con amplio apoyo

El Supremo de Canad¨¢ dio una respuesta ejemplar al independentismo

Dada esta inestabilidad institucional, creo que ser¨ªa conveniente establecer un procedimiento que permitiera procesar ciertas demandas nacionalistas que, hoy por hoy, no caben en nuestra democracia. No me refiero a las reformas de los estatutos, a la financiaci¨®n auton¨®mica, o al reparto de competencias. M¨¢s bien, estoy pensando en la demanda ¨²ltima de ciertos nacionalistas, que no es sino el deseo de separarse de Espa?a. Dicha demanda no puede ser digerida por nuestro actual sistema democr¨¢tico.

No vale de mucho alegar que todo es planteable y que la unidad de Espa?a puede discutirse de acuerdo con lo que establece la Constituci¨®n al respecto. Como bien se sabe, la Constituci¨®n de 1978, al igual que muchas otras del mundo, sanciona la indivisibilidad de la patria. Para poder dar cabida a una demanda separatista, ser¨ªa necesario, por tanto, modificar el texto constitucional. Pero el procedimiento de reforma es tan exigente que no resulta un instrumento ¨²til (ni aceptable) para resolver democr¨¢ticamente la cuesti¨®n separatista en nuestro pa¨ªs.

Los nacionalistas, evidentemente, se aprovechan de este "punto ciego" de nuestra democracia y amagan con provocar una crisis institucional. Ah¨ª est¨¢n las dos ediciones del plan Ibarretxe, o los planes de ERC de convocar un refer¨¦ndum de autodeterminaci¨®n en 2014. Con objeto de ganar seguidores para su causa, se presentan como v¨ªctimas delcerrilismo u opresi¨®n pol¨ªtica de Espa?a.

Tanto por razones democr¨¢ticas como por la necesidad de desactivar ciertas coartadas que usan los nacionalistas para reforzar sus tesis, creo que es imprescindible plantear abiertamente la discusi¨®n sobre qu¨¦ debe hacerse ante una demanda separatista que cuente con un cierto apoyo popular. A mi juicio, no vale de nada remitir a la Constituci¨®n, por las razones antes apuntadas: la Constituci¨®n impide plantear seriamente el asunto. Tampoco vale aducir que el separatismo es minoritario tanto en Catalu?a como en el Pa¨ªs Vasco, pues el grado de respaldo que tenga una demanda es algo contingente e hist¨®ricamente variable.

No quiero sugerir con ello que las regiones tengan en Espa?a el derecho de autodeterminaci¨®n. Los estudiosos del tema saben de sobra que tal derecho no existe, salvo en circunstancias muy especiales (situaciones de descolonizaci¨®n, invasiones b¨¦licas, etc¨¦tera). Ahora bien, de que tal derecho no exista, no se sigue que una democracia pueda desentenderse sin m¨¢s de una demanda separatista apelando a una Constituci¨®n que simplemente no deja espacio para esa demanda. Por supuesto, el hecho de que la Constituci¨®n no contemple la posibilidad de procesar dicha demanda no justifica ni legitima en absoluto el uso de la violencia, como muy bien han entendido los separatistas catalanes, no as¨ª los vascos.

?Qu¨¦ puede y debe hacerse frente a una demanda separatista? Ante todo, encauzarla y regularla seg¨²n procedimientos democr¨¢ticos aceptables. Resulta muy instructiva la sentencia del Tribunal Supremo canadiense ante las pretensiones separatistas de Quebec. Y no porque sean estrictamente comparables sin m¨¢s las situaciones espa?ola y canadiense, sino por los principios generales que utilizaron los jueces en su razonamiento. En esencia, lo que dijeron es que a los habitantes de Quebec no les asiste derecho unilateral alguno a la secesi¨®n, pero que si hay un apoyo claro en favor de la misma, reflejado por ejemplo en un refer¨¦ndum, Canad¨¢ no puede ignorarlo; en ese caso, deben abrirse conversaciones multilaterales con todas las partes afectadas para llegar a un acuerdo aceptable. El tribunal admit¨ªa as¨ª que si en una regi¨®n de un Estado una mayor¨ªa clara no quiere permanecer en dicho Estado, no cabe obligar sin m¨¢s a sus habitantes a vivir dentro de ese Estado en contra de su voluntad.

Es evidente que se trata de un asunto muy complicado, pues la ruptura de un Estado tiene consecuencias econ¨®micas y pol¨ªticas para mucha gente. Por eso, el tribunal canadiense insisti¨® en que la demanda de separaci¨®n ha de ser clara y ampliamente mayoritaria, y que cualquier decisi¨®n al respecto debe tomarse tras una negociaci¨®n entre todas las partes implicadas. A ra¨ªz de la sentencia del Supremo de Canad¨¢, el Gobierno de aquel pa¨ªs trat¨® de dar contenido a las recomendaciones generales sobre c¨®mo abordar el conflicto mediante la llamada Ley de Claridad. Con todas las salvedades necesarias, algo similar podr¨ªa ensayarse en nuestro pa¨ªs.

En primer lugar, deber¨ªa especificarse que s¨®lo podr¨¢ celebrarse un refer¨¦ndum en ausencia de toda violencia. De este modo, si los vascos desean en alg¨²n momento realizar una consulta popular, deber¨¢n antes haber resuelto el problema del terrorismo de ETA. Esto no s¨®lo me parece impecable desde el punto de vista democr¨¢tico, sino que adem¨¢s constituye un acicate para que los nacionalistas vascos moderados se impliquen hasta el final, sin vacilaciones, en la estrategia de eliminaci¨®n total del terrorismo.

En segundo lugar, un refer¨¦ndum de separaci¨®n no puede realizarse alegremente. Su propuesta deber¨ªa requerir una mayor¨ªa clara y relativamente estable de las fuerzas pol¨ªticas que lo propugnan. Adem¨¢s, deber¨ªa consensuarse el texto de la pregunta y la mayor¨ªa a partir de la cual se d¨¦ por ganadora la respuesta a favor de la separaci¨®n. Deber¨ªa tambi¨¦n especificarse cu¨¢nto tiempo ha de pasar entre la celebraci¨®n de un refer¨¦ndum y el siguiente, en caso de que los separatistas pierdan en la primera consulta.

El paso del tiempo no ha dado signos de que el problema territorial en Espa?a vaya a resolverse de una vez por todas. Es m¨¢s, no parece disparatado afirmar que el problema ha ido agrav¨¢ndose y complic¨¢ndose en los ¨²ltimos a?os. Desde el Pacto de Lizarra en 1998 las cosas han ido a peor. A dicho pacto sigui¨® un renacimiento orgulloso del nacionalismo espa?ol en la derecha y en buena parte de las ¨¦lites intelectuales del pa¨ªs, coincidiendo, o provocando a su vez, una radicalizaci¨®n del nacionalismo catal¨¢n.

Estamos ante un asunto que consume much¨ªsimas energ¨ªas pol¨ªticas y tiende a plantearse por ambas partes con ret¨®rica cerril e intransigente. Pero podr¨ªa resultar conveniente atreverse a regular el asunto del separatismo de una vez por todas. Para que la democracia espa?ola tenga la conciencia bien limpia a la hora de negociar con los nacionalistas y para que los nacionalistas no puedan seguir jugando a amagar con planes rupturistas unilaterales.

En el momento en que haya unas reglas claras, todo el mundo sabr¨¢ a qu¨¦ atenerse. Los poderes centrales, si quieren que Espa?a permanezca unida, tendr¨¢n que hacer los esfuerzos precisos para que la demanda separatista no aumente. Por su parte, los nacionalistas se cuidar¨¢n mucho antes de plantear a tontas y a locas la celebraci¨®n de un refer¨¦ndum. En definitiva, el debate se plantear¨¢ con algo m¨¢s de responsabilidad y atendiendo a unas reglas que respeten los principios b¨¢sicos de un orden democr¨¢tico.

Ignacio S¨¢nchez-Cuenca es profesor de Sociolog¨ªa en la Universidad Complutense de Madrid.