S¨®lo 27 jueces fueron sancionados tras 1.843 denuncias

La estad¨ªstica del Consejo del Poder Judicial exhibe un hueco gigantesco entre el n¨²mero de denuncias que presentan los ciudadanos contra juzgados y las sanciones que recaen finalmente sobre los jueces. En 2007, por ejemplo, hubo 1.843 denuncias de abogados y ciudadanos presentadas directamente ante el Servicio de Inspecci¨®n del Poder Judicial. Prosperaron poqu¨ªsimas. S¨®lo terminaron sancionados 27 jueces, dos de ellos expulsados.

Los vocales del nuevo Consejo se han fijado como gran prioridad "potenciar el servicio de inspecci¨®n" e incrementar las revisiones de juzgados y tribunales. La intenci¨®n de los nuevos vocales es imprimir un car¨¢cter "preventivo a las inspecciones" y que, las que se hagan, sean "minuciosas". En esta tarea se quiere implicar a¨²n m¨¢s a los presidentes de los tribunales superiores de las comunidades. La inquietud social que ha deparado el caso de la ni?a de Huelva Mari Luz Cort¨¦s (presuntamente asesinada por un pederasta que no estaba preso porque al juez se le olvid¨® encarcelarlo, pese a estar condenado en firme) subyace en la nueva filosof¨ªa inspectora del Consejo.

Para desarrollar este plan, los vocales del nuevo Poder Judicial, tanto progresistas como conservadores, han decidido huir del partidismo y otorgar el mayor consenso a las personas que han de llevarlo a cabo. De momento, no hay un acuerdo, aunque ya hay nombres sobre la mesa.

Como vocal delegada de la inspecci¨®n, los progresistas hablan de la ex fiscal Almudena Lastra. Inicialmente, los conservadores han mostrado su recelo a que una fiscal se encargue de vigilar a los jueces, pero estar¨ªan dispuestos a aceptarla si ellos, a cambio, eligen al jefe de la inspecci¨®n. Para este cargo han pensado, entre otras personas, en la magistrada de Barcelona Beatriz Grande.

Los progresistas creen fundamental que haya buen entendimiento entre la vocal delegada y el jefe de la inspecci¨®n, de ah¨ª que apuesten, entre otros nombres colocados que se estudian, por Juan Pedro Quintana, ex portavoz de la Asociaci¨®n Francisco de Vitoria.

Quienes sean finalmente elegidos deber¨¢n impulsar la inspecci¨®n preventiva (la previsi¨®n para 2008 es realizar un total de 393 inspecciones). Y tambi¨¦n dispondr¨¢n de m¨¢s medios para indagar los cientos de denuncias que llegan anualmente al Consejo contra jueces. La gran mayor¨ªa quedan en nada. Fuentes jur¨ªdicas explican: "Casi todas esas denuncias van dirigidas contra jueces y son archivadas al instante porque tienen que ver con cuestiones jurisdiccionales, que s¨®lo cabe atacar mediante recursos, y otras no imputables al juez sino al generalizado colapso judicial: retrasos, tardanza en la celebraci¨®n de juicios o discrepancias con la sentencia".

"Pero es verdad", a?aden estas fuentes, "que hay denuncias que s¨ª tocan de lleno a jueces y que, por corporativismo, falta de medios o lo que sea, acaban en nada o no se indagan lo suficiente".

Datos facilitados por el Poder Judicial relativos a 2007 muestran el inmenso agujero entre las denuncias ciudadanas y los expedientes y sanciones que finalmente se derivan de ellas. En Espa?a hay 4.400 jueces y magistrados.

En 2007, s¨®lo 27 del total de 47 expedientes disciplinarios resueltos acabaron en sanci¨®n. Y s¨®lo siete de esos 27 expedientes concluyeron con sanci¨®n por falta muy grave (que en dos casos supuso la expulsi¨®n del juez expedientado). Uno de estos casos es el de la titular del Juzgado de lo Penal n¨²mero 1 de Motril (Granada), Adelina Entrena, quien olvid¨® ordenar la libertad de tres presos cuyas condenas hab¨ªan expirado y pese a ello siguieron presos. A uno de estos presos lo mantuvo en prisi¨®n 437 d¨ªas m¨¢s de lo que se indicaba en la sentencia. Otro juez separado, de momento, de la carrera es Francisco Javier de Urqu¨ªa, el ex juez de Marbella condenado por un caso de corrupci¨®n. Supuestamente recibi¨® dinero del ex asesor de urbanismo de Marbella y cerebro del caso Malaya Juan Antonio Roca.

En los otros casos catalogados muy graves, la sanci¨®n consisti¨® en suspensi¨®n temporal de empleo y sueldo del juez (entre uno y siete meses). Cinco meses fue apartado de la carrera un juez que abus¨® de su autoridad. Otros 16 expedientes fueron catalogados s¨®lo como graves y de ellos se derivaron multas de entre 100 y 2.000 euros. Las causas m¨¢s comunes fueron abuso grave de autoridad, retraso injustificado en la tramitaci¨®n de procedimientos que ten¨ªan a su cargo y empleo de "expresiones innecesarias o improcedentes" en resoluciones judiciales... Por falta leve fueron "advertidos" cuatro jueces: por "desconsideraci¨®n con otros compa?eros, por incumplir plazos y por no ir al trabajo sin justificaci¨®n".