El Gobierno incumple la Ley de Incompatibilidades desde 2006

Los ciudadanos no pueden acceder a los patrimonios declarados de los parlamentarios, ni de los altos cargos, ni de los alcaldes. En el primer caso, la ley no permite conocer los datos y en los otros dos no es posible tener acceso porque no se han desarrollado las leyes que pretend¨ªan dotar de transparencia a las declaraciones de patrimonio de altos cargos de la Administraci¨®n central y de los regidores.

El caso m¨¢s llamativo es el de los miembros del Gobierno, es decir, ministros y secretarios de Estado, sobre los que el Ejecutivo de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero incumple desde hace ya dos a?os la Ley de Incompatibilidades que aprob¨® a bombo y platillo en abril de 2006. Esa norma, consecuencia de una promesa electoral formulada por el propio presidente del Gobierno en marzo de 2004, prev¨¦ en su art¨ªculo 14 que la relaci¨®n de bienes de los ministros y secretarios de Estado sea publicada en el Bolet¨ªn Oficial del Estado. El problema es que ese precepto se remite a un futuro reglamento, para cuya aprobaci¨®n establece un plazo de cuatro meses, a contar desde abril de 2006. Como dos a?os despu¨¦s el reglamento no se ha aprobado, la Ley de Incompatibilidades de la anterior legislatura ha quedado en papel mojado.

El Ejecutivo frena la publicaci¨®n en el BOE del patrimonio de sus miembros

En diciembre de 2006, el entonces ministro de Administraciones P¨²blicas, Jordi Sevilla, elabor¨® un reglamento que fue sometido a consultas en el Consejo de Estado. El informe fue favorable, pero el texto qued¨® definitivamente bloqueado en La Moncloa.

Fuentes del Gobierno aseguran que no hay ninguna previsi¨®n a corto plazo para aprobar ese reglamento que obligar¨ªa a publicar en el BOE la declaraci¨®n de bienes de ministros y secretarios de Estado, con la ¨²nica limitaci¨®n de preservar la seguridad. En este momento todos los altos cargos est¨¢n obligados a hacer esa declaraci¨®n de patrimonio, pero los datos se depositan en el Ministerio de Administraciones P¨²blicas, no pueden ser consultados y ni siquiera es posible comprobar su veracidad.

El apartado del proyecto de Ley de Incompatibilidades que preve¨ªa la publicaci¨®n en el BOE de esos patrimonios ya se encontr¨® con serias resistencias cuando se discuti¨® en el Consejo de Ministros a finales de 2005, a pesar de que fue una promesa incluida en el programa que elabor¨® Jes¨²s Caldera en 2004. Seg¨²n un miembro del Gobierno, en aquel debate del Gabinete hubo reticencias del presidente, de los dos vicepresidentes y de destacados ministros como el entonces titular de Trabajo, Jes¨²s Caldera. Pese a todo se incluy¨® en el proyecto y resisti¨® la tramitaci¨®n parlamentaria, pero no el desarrollo en el reglamento, a pesar de que se estableci¨® que s¨®lo se hiciera p¨²blico la cifra global de los patrimonios, sin detallar los bienes.

Hay alguna comunidad como Castilla-La Mancha donde ya se hacen p¨²blicos los patrimonios de los consejeros. La iniciativa en ese caso fue del entonces presidente auton¨®mico Jos¨¦ Bono.

Ese reglamento bloqueado establec¨ªa tambi¨¦n el funcionamiento de una nueva Oficina de Conflicto de Intereses y un control parlamentario de su actuaci¨®n. Al no haber reglamento, tampoco se cumple ese precepto de la ley. En el caso de los concejales, la Ley de Suelo aprobada en la anterior legislatura establec¨ªa, como f¨®rmula para combatir la corrupci¨®n, la publicaci¨®n de los patrimonios de alcaldes y ediles.

La norma, impulsada por la entonces ministra Mar¨ªa Antonia Trujillo, rescataba un precepto que se inclu¨ªa en un borrador de la Ley de Bases de R¨¦gimen Local que el Gobierno no logr¨® aprobar la pasada legislatura. El problema es que tambi¨¦n qued¨® finalmente en papel mojado porque no se ha desarrollado.

El art¨ªculo aprobado en 2007 se remit¨ªa a un reglamento posterior que tampoco se ha aprobado. Concretamente hablaba de un "estatuto municipal", que no se ha elaborado. S¨®lo en algunos ayuntamientos se ha tomado la decisi¨®n de aplicar por su cuenta la ley y se han hecho p¨²blicos esos patrimonios de alcaldes y concejales.