La ley obligar¨¢ a los municipios a ofertar VPO a todos los demandantes

La Junta de Andaluc¨ªa dio v¨ªa libre ayer al anteproyecto de Ley del Derecho a la Vivienda, una norma que desarrolla el derecho constitucional y estatutario de los ciudadanos de acceder a una vivienda digna, un derecho de los llamados de tercera generaci¨®n y contenido impreciso.

El anteproyecto establece la obligatoriedad de los municipios de m¨¢s de 5.000 habitantes (255 de los 770 andaluces, donde vive el 89% de la poblaci¨®n) de crear un registro oficial de demandantes de VPO y de crear planes municipales de vivienda que garanticen la demanda de los vecinos. Adem¨¢s se establecen garant¨ªas para el ejercicio del derecho y para poder reclamarlo ante los tribunales por la v¨ªa de lo contencioso-administrativo.

La ley, que tiene previsto iniciar en febrero su tr¨¢mite parlamentario, es la primera en el Estado que espec¨ªficamente tiene por objeto el desarrollo del derecho constitucional a la vivienda.

Para evitar equ¨ªvocos, el consejero andaluz de Vivienda y Ordenaci¨®n del Territorio, Juan Espadas, signific¨® el avance que, a nivel legislativo, supone esta ley, y explic¨® que ¨¦sta "no garantiza la titularidad de una vivienda, sino el derecho a acceder a esta titularidad creando las condiciones favorables para ello". En este sentido, los Ayuntamientos deber¨¢n establecer en el plazo de dos a?os desde la aprobaci¨®n de la ley, la planificaci¨®n de su territorio en funci¨®n de las necesidades de vivienda protegida de sus vecinos.

El Plan General de Ordenaci¨®n Urbana deber¨¢ garantizar que se cubren esas necesidades de demanda de VPO. La Junta establecer¨¢, a trav¨¦s de sus planes de vivienda, la consignaci¨®n presupuestaria suficiente para garantizar este derecho, incluyendo las ayudas estatales. Asimismo, establecer¨¢ un sistema de ayudas a los ayuntamientos tanto para la elaboraci¨®n de los planes municipales de vivienda como para la creaci¨®n de los registros municipales de demandantes de viviendas protegidas.

En cuanto a los demandantes, ¨¦stos deber¨¢n cumplir unas condiciones m¨ªnimas como son un nivel de renta inferior al 5,5 veces el IPREM, es decir, un salario mensual inferior a 3.100 euros; no ser titular de otra vivienda, y estar empadronado en el municipio al que solicite la vivienda, que podr¨¢ exigir un periodo m¨ªnimo de vecindad. Asimismo, los demandantes deber¨¢n inscribirse en el registro y acreditar el suficiente grado de autonom¨ªa econ¨®mica.El anteproyecto aprobado ayer est¨¢ configurado por seis t¨ªtulos y 25 art¨ªculos, y atiende especialmente al concepto de vivienda de calidad entendiendo ¨¦sta no s¨®lo como el recinto f¨ªsico en el que se vive, sino tambi¨¦n el conjunto de dotaciones y equipamientos que deben estar a disposici¨®n del ciudadano.

En este sentido, la futura ley tendr¨¢ garantizada su financiaci¨®n a trav¨¦s de los planes de vivienda auton¨®mico y de la aplicaci¨®n presupuestaria de las ayudas estatales. El actual Plan Concertado de Vivienda y Suelo ya recoge unas dotaciones entre 2008 y 2012 que superan los 11.000 millones de euros, a los que se sumar¨¢n los casi 2.300 millones previstos en la Estrategia de Competitividad de Andaluc¨ªa.

El art¨ªculo 7 de la ley establece asimismo que los planes auton¨®micos de vivienda -ya lo hace el plan concertado- a los que se deber¨¢n ajustar los municipales, determinar¨¢n la tipolog¨ªa de vivienda en funci¨®n de los ingresos y modalidades familiares, para que el acceso s¨®lo comprometa una tercera parte de los ingresos en el caso de compra y una cuarta parte de los fondos mensuales familiares en caso del alquiler.

Adem¨¢s, exige la ley que los planes municipales sean revisados cada cinco a?os o cuando necesiten adecuarse a normas auton¨®micas. Estos documentos, adem¨¢s de contener las necesidades de vivienda de los vecinos del municipio y las propuestas y localizaci¨®n de las VPO, deber¨¢n contener una programaci¨®n temporal con el fin de satisfacer las necesidades de vivienda protegida demandadas.

El anteproyecto tambi¨¦n regula las situaciones de alojamiento transitorio. Un tipo de alojamiento dirigido a personas f¨ªsicas con vecindad administrativa en Andaluc¨ªa que no puedan acceder a una vivienda protegida, y que se encuentran en riesgo de exclusi¨®n social y con necesidad acreditada por los servicios sociales de los ayuntamientos de un techo digno. Estos alojamientos tendr¨¢n una f¨®rmula intermedia entre la vivienda individual y la residencia colectiva, o bien mediante ayudas espec¨ªficas.

Por ¨²ltimo, el art¨ªculo 25 del anteproyecto garantiza al ciudadano a reclamar ante la jurisdicci¨®n contencioso-administrativa el cumplimiento de la ley, una vez transcurrido el plazo de dos a?os que la norma establece para que los municipios elaboren los planes municipales.