La juez confirma el procesamiento del alcalde de Tui por cinco delitos

El denominado caso Patazumba, por el que se atribuyen cinco delitos al alcalde de Tui, Antonio Feliciano Fern¨¢ndez Rocha, y a otros siete implicados, ser¨¢ juzgado por la Audiencia Provincial de Pontevedra, despu¨¦s de que la juez instructora rechazara el recurso presentado por el regidor tudense y confirmara los cargos. Se les imputan los delitos de prevaricaci¨®n, cohecho, tr¨¢fico de influencias, contra la ordenaci¨®n del territorio y sobre el patrimonio hist¨®rico.

El proceso est¨¢ motivado por una urbanizaci¨®n de 300 viviendas de la inmobiliaria Tuyvi, una empresa del hijo de Fern¨¢ndez Rocha, Jos¨¦ Luis Fern¨¢ndez Est¨¦vez, de la que es apoderado el propio alcalde, del PP. La compa?¨ªa compr¨® la finca en abril de 2003 por 1,7 millones de euros. Cuatro meses m¨¢s tarde, el Ayuntamiento de Tui duplic¨® las alturas permitidas respecto al resto de pol¨ªgonos del entorno. Las obras comenzaron sin licencia, seg¨²n la juez que instruye el caso, y que orden¨® la paralizaci¨®n de los trabajos a finales de 2006.

El caso alude a un solar comprado por la inmobiliaria del hijo del regidor

A los imputados ya conocidos -el alcalde, su hijo, su asesora y cuatro funcionarios-, el nuevo auto suma uno nuevo: el concejal Mois¨¦s Rodr¨ªguez, empleado de la empresa del hijo del alcalde y compa?ero sentimental de la hija de Rocha. "No consta en autos que se haya abstenido de votar en plenos donde se adoptaban resoluciones que favorec¨ªan a la empresa para la que trabaja", se?ala la resoluci¨®n judicial.

Rocha se ha beneficiado recientemente de una sentencia absolutoria del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que desestima un recurso de la Xunta contra planes urban¨ªsticos de la localidad, entre ellos el de Patazumba. Dicho recurso, formulado por el l¨ªder del PP, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, cuando estaba al frente de Pol¨ªtica Territorial, se descart¨® por un defecto formal: fue presentado fuera de plazo. Fuentes pr¨®ximas al caso consideran que el fallo del TSXG no afecta al procedimiento que se sigue en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucci¨®n n¨²mero 1 de Tui.

El nuevo auto confirma otro anterior contra el que presentaron recurso los procesados. El ministerio fiscal y la acusaci¨®n particular, una asociaci¨®n social y cultural, reclamaron la confirmaci¨®n del proceso y la ampliaci¨®n de las diligencias a Mois¨¦s Rodr¨ªguez, concejal de Cultura cuando ocurrieron los hechos.

Seg¨²n el auto de la jueza, el pleno de Tui modific¨® la normativa municipal y aprob¨® estudios de detalle que posibilitaron "la superaci¨®n de las alturas m¨¢ximas permitidas, favoreciendo los intereses de las empresas promotoras del hijo del alcalde". Adem¨¢s, otro estudio de detalle permiti¨® realizar "diversas obras sin contar con la preceptiva autorizaci¨®n de la Direcci¨®n General de Patrimonio de Galicia". La jueza imputa a los procesados el delito contra el patrimonio, por no respetar la zona de protecci¨®n de un h¨®rreo catalogado y por la tala de ¨¢rboles centenarios, de los que ya no queda rastro en la finca afectada.

En agosto de 2003, cuatro meses despu¨¦s de que Tuyvi comprara la parcela, de casi 6.000 metros cuadrados, el Ayuntamiento aprob¨® el estudio de detalle de la zona, que autorizaba a la inmobiliaria a construir hasta una altura de bajo, cinco plantas y una m¨¢s bajo cubierta, casi el doble que en el resto de pol¨ªgonos del entorno. Las alturas permiten a Tuyvi consumir toda la edificabilidad autorizada por el planeamiento municipal. El alcalde intent¨® validar la edificabilidad con un nuevo Plan General, aprobado inicialmente en diciembre de ese mismo a?o y anulado por Feij¨®o.

La promoci¨®n prevista por la empresa del alcalde y su hijo es la mayor llevada nunca a cabo en Tui, pero las obras est¨¢n paralizadas por la Audiencia Provincial de Pontevedra desde diciembre de 2006. La decisi¨®n juega doblemente en contra de los intereses de la promotora de la familia Fern¨¢ndez Rocha, que en 2003 compr¨® los terrenos por 1,7 millones de euros. Seg¨²n la escritura de compra de la parcela, la inmobiliaria deber¨¢ indemnizar con 1,1 millones de euros a sus antiguos propietarios si antes de abril de 2009 no les entrega 11 viviendas en la urbanizaci¨®n que pretende construir, como parte del precio pagado por la finca. Por todo ello, la acusaci¨®n particular solicita para el alcalde cuatro a?os de prisi¨®n y 19 de inhabilitaci¨®n para cargo p¨²blico.