No es la sociedad civil. Es el Estado

El cazo de la excavadora sac¨® una de las botas de Emilio Silva Faba, asesinado el 16 de octubre de 1936 en una cuneta cercana a Priaranza del Bierzo. Eran las 11 de la ma?ana del 28 de octubre del a?o 2000. Entonces, su nieto, Emilio Silva, a¨²n pensaba que estaba resolviendo un problema familiar, enterrando a su abuelo con su abuela. Pero la imagen de aquel hombre desenterrando a otro fusilado durante la guerra provoc¨® que los familiares de las v¨ªctimas comenzaran a perder el miedo a recordar a sus muertos e, inmediatamente despu¨¦s, que despertara en ellos el deseo imparable de imitar a Silva y rescatar tambi¨¦n a los suyos de las cunetas donde los hab¨ªan arrojado sus asesinos. El deseo se convirti¨® en reivindicaci¨®n. As¨ª naci¨® el movimiento para la recuperaci¨®n de la memoria hist¨®rica.

Las familias ya han recuperado m¨¢s de 4.000 cad¨¢veres de la Guerra Civil

"Ning¨²n otro pa¨ªs subcontrata la b¨²squeda de las v¨ªctimas"

Mohamed VI pidi¨® perd¨®n a los damnificados del reinado de su padre

"En Chile me dec¨ªan: 'Garz¨®n se atreve con Pinochet. ?Y lo vuestro, qu¨¦?"

Pa¨ªses con muchos riesgos han sido menos cautos que Espa?a

La reparaci¨®n a las v¨ªctimas ha calado en el derecho internacional

Desde entonces, las asociaciones de familiares han recuperado m¨¢s de 4.000 cuerpos de cerca de 200 fosas comunes de la Guerra Civil. Lo han hecho gracias a un ej¨¦rcito de voluntarios, en el que nunca ha faltado un equipo profesional de forenses, antrop¨®logos y arque¨®logos.

La sociedad ha ido por delante de los gobiernos en casi todos los Estados, m¨¢s de una treintena, que en los ¨²ltimos a?os han revisado su pasado m¨¢s tr¨¢gico para destapar los cr¨ªmenes cometidos en guerras o dictaduras, reparar a sus v¨ªctimas y condenar a sus verdugos. Pero aunque el proceso de recuperaci¨®n de la memoria hist¨®rica prende siempre en la sociedad civil, en asociaciones de v¨ªctimas o familiares, es el Estado, a trav¨¦s de su autoridad administrativa y judicial, el ¨²nico que puede llevarlos a cabo. Es el Estado quien acaba asumiendo la tutela del proceso. En Espa?a no ha sido as¨ª. El Gobierno se mantiene en un segundo plano.

Desde hace dos a?os, el Ejecutivo concede subvenciones a las asociaciones para realizar exhumaciones tal y como prev¨¦ la ley de memoria hist¨®rica. En su art¨ªculo 12, el texto afirma: "Las Administraciones p¨²blicas, en el marco de sus competencias, facilitar¨¢n a los descendientes directos de las v¨ªctimas que as¨ª lo soliciten las actividades de indagaci¨®n, localizaci¨®n e identificaci¨®n de las personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o la represi¨®n pol¨ªtica posterior y cuyo paradero se ignore". El Estado facilita, colabora y subvenciona las exhumaciones.

"Espa?a es el ¨²nico pa¨ªs en el que el Estado subcontrata a los familiares de las v¨ªctimas para localizar a las v¨ªctimas", denunci¨® Esteban Beltr¨¢n, presidente en Espa?a de Amnist¨ªa Internacional, en la presentaci¨®n del informe La obligaci¨®n de investigar los cr¨ªmenes del pasado y garantizar los derechos de las v¨ªctimas de desaparici¨®n forzada durante la Guerra Civil y el Franquismo. "Hemos analizado procesos de este tipo en 30 pa¨ªses y Espa?a es una excepci¨®n casi mundial. En la inmensa mayor¨ªa ha sido la fiscal¨ªa quien ha pedido e iniciado la investigaci¨®n de las violaciones de Derechos Humanos", a?adi¨®.

"En A rgentina no se exhuma un cuerpo sin una autorizaci¨®n judicial", explica Mercedes Salado, miembro del equipo argentino de antropolog¨ªa forense, que adem¨¢s de buscar, desenterrar e identificar a las v¨ªctimas de la su propia dictadura militar, ha trabajado, a petici¨®n de sus gobiernos, en 40 pa¨ªses. "Nos han llamado de las comisiones de la verdad de Sur¨¢frica o Per¨². Hemos trabajado para el Tribunal Internacional de La Haya con el caso de Bosnia, Croacia y Kosovo (1997-2000) y tambi¨¦n para organizaciones de derechos humanos o asociaciones de familiares. En Ciudad Ju¨¢rez nos llamaron para investigar las muertes de las mujeres y nos pidieron que no fuera ning¨²n hombre del equipo. Tambi¨¦n nos llaman de Cruz Roja, de Naciones Unidas (Sud¨¢n, Togo), de la comisi¨®n presidencial de Uruguay... Hay varias f¨®rmulas para afrontar estos procesos pero en casi todas, aunque no haya una b¨²squeda de responsabilidades penales, hay una judicializaci¨®n de los casos", a?ade.

Salado considera, como experta y como sobrina nieta de un desaparecido de la Guerra Civil, que la Ley de Memoria Hist¨®rica "es un inicio". "Emilio [Silva] nos envi¨® una copia del borrador de la ley nacional y de la catalana para que lo revis¨¢ramos y pudi¨¦ramos hacer enmiendas. La ley de memoria es incompleta, pero abre un marco. No hay, en ella, un papel activo del Estado en el esclarecimiento de esos cr¨ªmenes, porque el Estado no asume esa responsabilidad, pero creo que abre un espacio para llevar a cabo otros intentos. El primer borrador del memorial democr¨¢tico catal¨¢n era una locura porque hab¨ªa fosas de car¨¢cter prioritario: las que tuvieran v¨ªctimas nacidas en Catalu?a. Que se plantearan abrir una fosa para sacar s¨®lo a catalanes era una aberraci¨®n".

El equipo de antropolog¨ªa forense en el que trabaja Mercedes Salado ha recuperado 1.100 esqueletos en 24 a?os, pero s¨®lo ha identificado a 300. En el pr¨®ximo a?o esperan poder hacerlo con otros 300. El reciente viaje a Espa?a de un grupo de forenses argentinos para recoger muestras de ADN se enmarca dentro de ese objetivo.

Francisco Etxeberria, m¨¦dico forense de la Universidad del Pa¨ªs Vasco, el hombre que ayud¨® aquel 28 de octubre de 2000 a desenterrar el cuerpo de Emilio Silva Faba, considera que Espa?a "ha hecho poco en pol¨ªticas de la memoria". Tambi¨¦n ha trabajado en procesos similares en otros pa¨ªses como perito en procedimientos abiertos por v¨ªa penal. El Gobierno chileno le llam¨® para asesorar a la comisi¨®n de derechos humanos que investiga los cr¨ªmenes cometidos durante la ¨¦poca de Pinochet. De esa experiencia concluye: "En el proceso de Chile hay dos ra¨ªles paralelos, el pol¨ªtico y judicial, y por ellos transita el tren de los derechos humanos. En Espa?a, que tiene muchos m¨¢s desaparecidos que Chile, no es as¨ª. Esto no estaba en el programa de ning¨²n partido pol¨ªtico, surgi¨® por la presi¨®n de la sociedad civil. En estos procesos siempre hay tres pilares: derecho a la verdad, justicia y reparaci¨®n. La ley de memoria hist¨®rica se apoya s¨®lo en dos. El segundo, la justicia, no lo toca y es ah¨ª donde irrumpe Garz¨®n", explica Etxeberria, uno de los siete expertos que asesora al juez en el proceso abierto en la Audiencia Nacional. "En Chile les sorprend¨ªa mucho que no hubiera una presencia oficial, de las autoridades en todo esto. Sol¨ªan preguntarme: 'Garz¨®n se atreve con Pinochet, ?y lo de Espa?a, qu¨¦?".

El juez Baltasar Garz¨®n se atrevi¨® finalmente el pasado 16 de octubre con un auto que promet¨ªa "el fin de la impunidad" y que en 68 p¨¢ginas logr¨® satisfacer una espera de 70 a?os, seg¨²n declararon los propios familiares de las v¨ªctimas. Pero el hecho de que un juez pretendiera abrir, casi una vida despu¨¦s, una investigaci¨®n sobre los cr¨ªmenes cometidos durante la Guerra Civil hizo saltar todas las alarmas. El pleno de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional se reuni¨® con una urgencia sin precedentes para paralizar la apertura de fosas autorizadas por Garz¨®n.

?ste es uno de los rasgos que m¨¢s sorprende a los especialistas que han vivido procesos similares en varios pa¨ªses. "Espa?a es un caso peculiar porque pod¨ªa haber hecho mucho m¨¢s de lo que ha hecho sin correr ning¨²n riesgo", explica Pablo de Greiff, director de la Unidad de investigaci¨®n del Centro Internacional para la Justicia Transicional, que ha asesorado a 33 estados en procesos de este tipo. Los riesgos que han asumido la mayor¨ªa de los pa¨ªses que han abordado el problema en reg¨ªmenes a¨²n tambaleantes, como acto fundacional de la democracia, en un momento todav¨ªa muy pr¨®ximo a la comisi¨®n de los delitos y con sus autores todav¨ªa vivos, no se dan en Espa?a, que arranca el proceso 70 a?os despu¨¦s, en una democracia estable y con los verdugos ya fallecidos. "En ese contexto, la Ley de Memoria Hist¨®rica es una medida ostensiblemente t¨ªmida en todos los campos", a?ade de Greiff. "Ni siquiera anula las sentencias de los tribunales franquistas. Con relaci¨®n a los riesgos que ha enfrentado cada uno de los pa¨ªses en estos procesos y las medidas que ha llevado a cabo, Espa?a es el pa¨ªs m¨¢s t¨ªmido en todos los campos: verdad, reparaci¨®n y justicia".

Ese miedo a reabrir heridas, a fulminar el esp¨ªritu de la Transici¨®n, que lleva al Gobierno a declarar ileg¨ªtimos a los jueces franquistas pero a no anular sus condenas, convierte a Espa?a en una excepci¨®n mundial, seg¨²n Amnist¨ªa Internacional. "Es dif¨ªcil encontrar un pa¨ªs que no haya creado una comisi¨®n de la verdad. Espa?a est¨¢ en un momento crucial de su historia y est¨¢ dando la espalda a su obligaci¨®n de investigar delitos de derecho internacional constitutivos de cr¨ªmenes contra la humanidad", a?adi¨® Esteban Beltr¨¢n, presidente de la organizaci¨®n en Espa?a.

Esa reivindicaci¨®n de los familiares ha terminado calando en el derecho internacional y de los derechos humanos, hasta el punto de que ha surgido un "derecho a la reparaci¨®n". "Nace en el tr¨¢nsito a la democracia en el Cono Sur y la ca¨ªda del muro de Berl¨ªn. Se incorpora al derecho internacional y de all¨ª salta a las agendas pol¨ªticas", explica Felipe G¨®mez Isa, profesor de Derecho Internacional P¨²blico en la Universidad de Deusto. En 1985 en el s¨¦ptimo congreso de la ONU sobre la prevenci¨®n del crimen, se adopt¨® la Declaraci¨®n sobre los Principios Fundamentales de justicia para v¨ªctimas de delitos y del abuso de poder. Desde entonces, Naciones Unidas lidera un proceso de precisi¨®n jur¨ªdica y conceptual del derecho a la reparaci¨®n que pueda servir a los Estados para aportar un marco general de pol¨ªticas de reparaciones.

El embajador de Marruecos en Espa?a y ex ministro de Justicia marroqu¨ª, Omar Azziman, uno de los padres de la llamada Instancia Equidad y Reconciliaci¨®n, que investig¨® los cr¨ªmenes cometidos en el reinado de Hassan II, explica: "Son procesos arriesgados. En Marruecos lo hicimos de forma progresiva. En un primer momento (1999-2003) el Estado reconoci¨® que se hab¨ªan cometido violaciones de los derechos humanos y se cre¨® una comisi¨®n que se llam¨® Instancia Independiente de Arbitraje para indemnizar a las v¨ªctimas. Pero luego nos dimos cuenta de que lo que hab¨ªamos hecho no era suficiente y le propusimos al Rey la creaci¨®n de la Instancia Equidad y Reconciliaci¨®n para investigar las desapariciones forzadas, rehabilitar la memoria, restaurar los da?os causados, estar en paz. Muchos miembros del Consejo pensaban que se hab¨ªa hecho ya suficiente y que intentar hacer m¨¢s pod¨ªa abrir heridas y poner en riesgo la transici¨®n democr¨¢tica. Yo pensaba exactamente lo contrario, que con las secuelas que hab¨ªan dejado esas violaciones de los derechos humanos, con ese trauma colectivo en la memoria, era imposible avanzar por el camino hacia la democracia y que aquello terminar¨ªa explotando tarde o temprano. El rey lo comprendi¨® perfectamente y nombr¨® a los miembros de la comisi¨®n. Fue muy audaz".

La Instancia Equidad y Reconciliaci¨®n resolvi¨® 742 casos de desapariciones forzadas y torturas cometidas entre 1956 y 1999. Las v¨ªctimas recibieron una carta en la que el Estado les ped¨ªa perd¨®n por ello. Durante varios d¨ªas, ocuparon la televisi¨®n para relatar el horror vivido.

"Espa?a escogi¨® otro camino. Las fuerzas pol¨ªticas se pusieron de acuerdo en la Transici¨®n en que lo importante era el futuro. Redactaron una Constituci¨®n muy generosa con todo tipo de garant¨ªas para prevenir que aquello no volviera a ocurrir. Pensaron que estaba todo resuelto, pero 30 a?os despu¨¦s nos damos cuenta de que no. La memoria es una necesidad de la sociedad", a?adi¨® Azziman.

El catedr¨¢tico de psiquiatr¨ªa y acad¨¦mico de la Real Academia Espa?ola Carlos Castilla del Pino, que ha tratado a muchas v¨ªctimas de la Guerra Civil asegura: "Un pa¨ªs que no revisa su pasado es menos sano mentalmente. Lo sensato es recordar, que es tanto como evitar repetir errores en el futuro. No es verdad que recordar sea reabrir heridas. No he visto revanchismo. El odio muere, se extingue, pero la necesidad de ponerle nombre a los muertos, de honrarlos, no. Siempre llega un momento en que hay que ponerle fin a ese trauma interminable".