Moncloa fija criterios a los ministerios para preservar las competencias auton¨®micas

La vicepresidenta primera del Gobierno, Mar¨ªa Teresa Fern¨¢ndez de la Vega, y la ministra de Administraciones P¨²blicas, Elena Salgado, han enviado a todos los departamentos ministeriales un informe con el objetivo de recordarles la necesidad de salvaguardar las competencias de las comunidades aut¨®nomas y evitar invasiones de las mismas desde la Administraci¨®n General del Estado. El Gobierno ha elaborado el informe cuando van a desplegarse los estatutos de nueva generaci¨®n, aprobados, en su mayor¨ªa, en la pasada legislatura.

Esta iniciativa resulta una novedad en la historia del Estado auton¨®mico en Espa?a que hoy se puede materializar porque "ya hay mucha jurisprudencia del Tribunal Constitucional y, con ella, muchos criterios claros sobre los asuntos m¨¢s conflictivos que se han producido entre la Administraci¨®n del Estado y las comunidades aut¨®nomas", se?alan fuentes del ministerio que dirige Salgado.

El Ejecutivo quiere que no se invadan atribuciones de las comunidades

El informe responde a uno de los compromisos que la vicepresidenta contrajo el 7 de mayo en la presentaci¨®n de su acci¨®n gubernamental. "Todos los proyectos normativos deber¨¢n incorporar un informe de impacto auton¨®mico para ponderar desde la m¨¢s absoluta objetividad y fiabilidad c¨®mo se ven afectadas las autonom¨ªas por cada nueva norma estatal", se?al¨® De la Vega.

Tiene, tambi¨¦n, la pretensi¨®n de disminuir al m¨¢ximo la conflictividad ante el desarrollo de los estatutos. De hecho, la pasada legislatura el Gobierno ya trat¨® de disminuir la conflictividad y retir¨® impugnaciones ante el Constitucional a trav¨¦s de los correspondientes desestimientos, esto es, retirada de los recursos presentados ante los tribunales, previa negociaci¨®n con las comunidades. Consigui¨® 110 desestimientos: 36 del Estado y 74 de las autonom¨ªas. El documento recoge criterios de seguridad jur¨ªdica centrados, sobre todo, en la adecuaci¨®n de la normativa estatal al orden constitucional en materia de distribuci¨®n competencial, que es la principal fuente de conflictividad entre el Estado y las comunidades. ?stos son los criterios recomendados:

- Identificaci¨®n de t¨ªtulos competenciales. No es infrecuente que las normas estatales de algunos ministerios no identifiquen los t¨ªtulos en que se basa su competencia con lo que crean confusi¨®n en las comunidades. El informe exige que no se limiten a invocar una generalidad como la legislaci¨®n b¨¢sica para asumir la competencia sino que precisen su ¨¢mbito de actuaci¨®n.

- Materias de competencia compartida. Es frecuente que los ministerios, al elaborar leyes sobre materias compartidas con las comunidades, no prevean un margen de desarrollo para ¨¦stas. El informe lo exige. Tambi¨¦n precisa que, en lo referente al otorgamiento de subvenciones, se establezcan criterios de delimitaci¨®n competencial entre Administraci¨®n del Estado y las autonom¨ªas. De modo que la concreci¨®n y gesti¨®n de las mismas la lleven a cabo las comunidades.

- Competencias horizontales o transversales. El informe reclama a los ministerios que para recuperar competencias de las comunidades no abusen de los art¨ªculos 149.1.1? y 149.1.13?. El primero apela a las condiciones b¨¢sicas que garanticen la igualdad de todos los espa?oles y el segundo a la planificaci¨®n general de la actividad econ¨®mica.

- Incorporaci¨®n del Derecho comunitario. El informe denuncia que ha habido una l¨ªnea defensiva del Estado en la trasposici¨®n de directivas comunitarias a costa de las autonom¨ªas.

- Participaci¨®n auton¨®mica en la elaboraci¨®n de las disposiciones del Estado. El informe incide en la necesidad de que los ministerios no tomen decisiones unilaterales y recomienda potenciar las conferencias sectoriales como ¨®rganos de consulta y participaci¨®n de las comunidades en los procesos normativos.