La Ley de Dependencia excluye los geri¨¢tricos de los servicios gratuitos

La gratuidad en las ayudas de la Ley de Dependencia s¨®lo alcanzar¨¢ a las rentas m¨¢s bajas y en las prestaciones menos costosas. Los m¨¢s humildes tambi¨¦n tendr¨¢n que aportar por tener una plaza de residencia. El Ministerio de Educaci¨®n y Pol¨ªticas Sociales, que dirige Mercedes Cabrera, y las comunidades han cerrado el desarrollo normativo de la Ley de Dependencia dej¨¢ndolo muy abierto. Los m¨¢rgenes son tan anchos que cada autonom¨ªa podr¨¢ legislar a su modo. Apenas se han acordado unos m¨ªnimos comunes sobre la cuant¨ªa econ¨®mica que tendr¨¢n que aportar los beneficiarios de la ley y sobre el personal que los atender¨¢.

Los ancianos cuya pensi¨®n no alcance los 517 euros no tendr¨¢n que aportar nada por los servicios que se les preste, salvo si se les concede una plaza en un geri¨¢trico. En ese caso, cada comunidad decidir¨¢ cu¨¢nto pone el usuario: puede que nada, o puede que una buena parte, aunque nunca el coste total. Los que est¨¦n por encima de los 517 euros pagar¨¢n una parte del servicio que reciban (a menos que la comunidad quiera d¨¢rselo gratis, harto improbable). Para decidir cu¨¢nto aportar¨¢ cada beneficiario se considerar¨¢ su propia renta, no la de la unidad familiar. La vivienda habitual del usuario s¨®lo computar¨¢ en la renta cuando se le otorgue una plaza de residencia. Pero no si en ella vive el c¨®nyuge, hijos menores, discapacitados o familiares a cargo del anciano.

El acuerdo de copago establece tambi¨¦n que los cuidadores familiares nunca cobren menos del 75% de la ayuda correspondiente. Y para el resto de las prestaciones econ¨®micas previstas, nunca se pagar¨¢ menos del 40%.

Respecto a la calidad de los servicios que se presten y a la cualificaci¨®n del personal, desde el director a los auxiliares de los centros geri¨¢tricos tendr¨¢n que tener una titulaci¨®n adecuada. El 35% de ellos deber¨¢n acreditarla en 2011 y para 2015, todos. Los centros geri¨¢tricos deber¨¢n tener en 2015 casi un trabajador por cada dos usuarios.

Ambos acuerdos han salido por mayor¨ªa, con la abstenci¨®n de las comunidades gobernadas por el PP y Canarias. El PP lament¨® que no sean decretos, como otros desarrollos de la ley. No conf¨ªan en la obligatoriedad de un simple acuerdo. Habr¨¢, dicen, 17 modelos para atender a los dependientes. La consejera catalana, Carme Capdevila, se abstuvo en el acuerdo de acreditaci¨®n de centros, por las competencias auton¨®micas. Advierte que la falta de financiaci¨®n puede obligarla a suspender las ayudas de uno a tres meses.