Protesta judicial

Creo que fue Ramon Lapiedra, becado en Par¨ªs en mayo del 68, quien me cont¨® un episodio que nunca hab¨ªa vuelto a presenciar: las cuartillas que repart¨ªan los distintos grupos eran devoradas por las manadas de universitarios con una avidez hambrienta, casi con desesperaci¨®n nerviosa por conocer informaciones o propuestas. Sin duda, el actual movimiento judicial y su conflicto con el Gobierno presentan escasos puntos en com¨²n con el mayo franc¨¦s, y no conozco a ning¨²n magistrado decano que guarde semejanzas con Daniel Cohn-Bendit. Pero quiz¨¢s esta movilizaci¨®n representa lo m¨¢s parecido al levantamiento de adoquines junto a La Sorbona que puede suceder en un colectivo tradicionalmente sosegado. Obviamente, no se trata de una revoluci¨®n, pero puede convertirse en alg¨²n tipo de revuelta.

El Gobierno debe dotar mejor a los juzgados y el Consell gestionar con mayor diligencia

Un contraste singular es que nos encontramos ante una protesta organizada por medios inform¨¢ticos. Los pasquines parisinos se han convertido en crecientes alegatos electr¨®nicos que cientos de jueces leen y contestan con entusiasmo, fascinados por la pantalla del ordenador, con el placer compulsivo de abrir un mensaje tras otro, con la pasi¨®n algo desordenada de los que quer¨ªan instalar a la imaginaci¨®n en el poder. Ello ha generado una sorprendente asamblea virtual que ha permitido a las bases de la judicatura organizar una movilizaci¨®n sin precedentes, la cual ha sobrepasado a las asociaciones representativas y a las instituciones judiciales. Y, como el medio acaba condicionando el mensaje, en palabras de McLuhan, ni siquiera ha resultado necesario mantener debates en g¨¦lidos salones de actos, pues cualquier juez ha podido arengar a las masas sentado c¨®modamente en su sill¨®n o en el breve intervalo entre dos juicios de desahucio. Todo ello adobado de decenas de "juntos podemos", "¨¢nimo compa?eros", "saludos a los de mi promoci¨®n", "ya era hora", "as¨ª no se puede trabajar", "por fin me siento orgulloso de ser juez" (la consigna m¨¢s repetida, como leg¨ªtima variante profesional del orgullo color arco iris).

Ser¨ªa un error reducir el descontento a una mera insurrecci¨®n corporativista. Y ello porque, al contrario de lo que suele ocurrir en otros ¨¢mbitos, el eje de las reivindicaciones no est¨¢ vinculado a cuestiones retributivas, sino a la necesaria calidad del servicio p¨²blico para poder ofrecer una atenci¨®n adecuada a los ciudadanos. El creciente malestar de la judicatura proviene de la insostenible situaci¨®n estructural de la administraci¨®n de justicia, desbordada por la insuficiencia de medios personales y materiales, y desmoralizada por la falta de concreci¨®n de los reiterados compromisos de modernizaci¨®n del sistema judicial. Todos sabemos que una min¨²scula chispa puede acabar provocando el incendio de una ciudad. Y determinados excesos gubernativos, en forma de intromisi¨®n en la independencia del poder judicial, se han convertido en una bola de fuego que ha ca¨ªdo sobre un bosque seco, candente y mal podado.

Todas estas carencias pueden remediarse con una voluntad pol¨ªtica suficiente. Sin embargo, el ministro no parece capaz de adoptar una postura conciliadora y dialogante como premisa necesaria para alcanzar acuerdos sobre la mejora del servicio p¨²blico; al contrario, en lugar de apagar el fuego con cubos de agua, Fern¨¢ndez Bermejo parece optar por sofocarlo con latas de gasolina, lo cual puede acabar provocando la primera huelga de jueces de este pa¨ªs. Los argumentos oficiales contrarios a la legalidad de esta medida de presi¨®n recuerdan a los de la etapa predemocr¨¢tica y olvidan el ejercicio de este derecho en pa¨ªses de nuestro entorno, como Francia, Italia o Portugal. Y, mientras tanto, nuestra consellera de Justicia asegura con desparpajo que apoya todas las reivindicaciones judiciales, como si la pel¨ªcula se rodara s¨®lo en Madrid, a pesar de que es competencia de la Administraci¨®n auton¨®mica la resoluci¨®n de la mayor¨ªa de los problemas que nos afectan diariamente.

En definitiva, resulta imprescindible que el Gobierno central incremente la dotaci¨®n de juzgados, apueste por la implantaci¨®n de las nuevas tecnolog¨ªas y afronte la reforma de la oficina judicial, para clausurar un modelo obsoleto, anquilosado e ineficaz. Del mismo modo, debe promulgarse una nueva legislaci¨®n procesal criminal, pues la actual tiene su origen en el remoto siglo XIX. Tambi¨¦n ser¨ªa conveniente que nuestra Administraci¨®n auton¨®mica, en lugar de seguir regocij¨¢ndose en un discurso victimista, consiguiera gestionar con mayor diligencia sus amplias competencias sobre medios personales y materiales; valga como muestra la ca¨®tica cobertura de las bajas por funcionarios interinos o el estado de nuestro edificio judicial m¨¢s emblem¨¢tico, el Palacio de Justicia de Valencia, cuyas destartaladas dependencias apenas superan los niveles m¨ªnimos de salubridad. S¨®lo el esfuerzo coordinado y constructivo de las instituciones afectadas permitir¨¢ lograr avances significativos. Y, sin duda, no resulta admisible el camino contrario, consistente en demonizar con torpeza a los jueces, porque no puede ser delito ni pecado defender una mejora del servicio p¨²blico para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Ximo Bosch es portavoz de la secci¨®n valenciana de Jueces para la Democracia (JpD).