Trapisondas

Lo que est¨¢ pasando en la Comunidad Valenciana con la aplicaci¨®n de la Ley de Dependencia es, cuando menos, un tanto sorprendente. Hace un mes, centenares de familiares de personas dependientes se manifestaron primero ante el palacio del Temple y luego frente a la Generalitat con una reivindicaci¨®n obvia: "Que se cumpla la ley". Un par de semanas antes, Juan Cotino, el conseller responsable de la aplicaci¨®n de la norma, hab¨ªa asegurado en las Cortes Valencianas que hab¨ªa recibido 50.000 solicitudes de ayudas. Cifra que difiere de las de su propio departamento, que a 1 de diciembre aseguraba tener registradas poco m¨¢s de 34.000 solicitudes, y tambi¨¦n del c¨¢lculo efectuado por el portavoz de pol¨ªtica social del grupo socialista, Antonio Torres, que la eleva a 70.000. Lo cierto es que, dos a?os despu¨¦s de la aprobaci¨®n de la ley, la Consejer¨ªa de Bienestar Social ha reconocido a 25.000 valencianos el derecho a percibir ayudas, pero s¨®lo ha asignado a 12.000 la prestaci¨®n econ¨®mica, mientras otros 13.000 dependientes con derecho reconocido a las ayudas contin¨²an sin cobrarlas porque no se ha tramitado el llamado programa de atenci¨®n individual.

El delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, aseguraba el pasado fin de semana que las dificultades y los obst¨¢culos que existen aqu¨ª para aplicar la Ley de Dependencia son exclusivamente imputables al gobierno de Francisco Camps. Peralta se?alaba que no hay raz¨®n alguna para que los dependientes valencianos est¨¦n sufriendo el calvario al que les somete la Administraci¨®n auton¨®mica. Y recordaba que el Gobierno de Zapatero, entre otras medidas, hab¨ªa aprobado recientemente una partida de 3.000 millones de euros con "un subapartado espec¨ªfico para mejorar las prestaciones de dependencia". Adem¨¢s, este mismo fin de semana, el diputado socialista Antonio Torres denunciaba que ninguno de los 25.000 dependientes valencianos que tienen la prestaci¨®n reconocida, goza de ayuda a domicilio ni de teleasistencia, cuando en comunidades como el Pa¨ªs Vasco o Andaluc¨ªa llegan al 20% de los dependientes. Para colmo, ayer mismo desvelaba este peri¨®dico que el PP ha presentado una enmienda a su propio proyecto de presupuesto para 2009 por el que recorta un 60% los fondos previstos para ayudar a los familiares de personas dependientes.

As¨ª las cosas, da la impresi¨®n de que la actuaci¨®n de Camps respecto a la Ley de Dependencia empieza a parecerse a la que su gobierno ha llevado a cabo con la implantaci¨®n de la asignatura de Educaci¨®n para la Ciudadan¨ªa, un boicot en el que el galimat¨ªas ling¨¹¨ªstico habr¨ªa sido sustituido por el embrollo burocr¨¢tico y la trapisonda presupuestaria. Sin embargo, se supone que aqu¨ª no hay en juego convicciones morales o religiosas. Detr¨¢s de los beneficiarios de la ley hay personas y familias que sufren, a las que el Estado -social y democr¨¢tico de Derecho, dice la Constituci¨®n-, vendr¨ªa a amparar. Ser¨ªa dif¨ªcil de entender que dirigentes como Camps y Cotino, pol¨ªticos moderados, que hacen p¨²blica fe de profundas convicciones, antepusieran sus intereses partidistas a la traslaci¨®n pr¨¢ctica de principios ¨¦ticos y de mandatos constitucionales. Pero, posiblemente, un pol¨ªtico moderado sea el que s¨®lo se interesa moderadamente por el bienestar de sus conciudadanos.