Sangre de mujer
Un total de 584 mujeres han muerto desde el a?o 2000 a pesar de que un ej¨¦rcito de jueces, polic¨ªas y psic¨®logos se ha movilizado para defenderlas. La ley contra la violencia machista no logra frenar una marea de historias dram¨¢ticas. ?Qu¨¦ hay que hacer para que se corte esta sangr¨ªa?
Estas navidades murieron seis mujeres. A lo largo del a?o han sido 73, seg¨²n los c¨¢lculos de este peri¨®dico; un promedio de una v¨ªctima cada cinco d¨ªas. Puede parecer que 73 mujeres no son muchas. La quiosquera, la conductora de autob¨²s, la compa?era de oficina... ?Cree usted que trata con muchas m¨¢s de 73 mujeres al d¨ªa? Si los cr¨ªmenes machistas de 2008 se hubieran concentrado en una sola poblaci¨®n, todas las mujeres con las que hablara hoy podr¨ªan estar muertas. Muchas, despu¨¦s de haber compartido el desayuno con su verdugo.
Setenta y tres mujeres tienen 73 asesinos. Y no se trata de alima?as ocultas en oscuras cavernas; son el quiosquero, el conductor de autob¨²s, el compa?ero de oficina... Hombres que fuera de casa pueden resultar normales, pero que bajo la chaqueta visten uniforme de torturadores. En los casos m¨¢s dram¨¢ticos, cuando no est¨¢n golpeando, rompiendo, desgarrando, son cari?osos y seductores. Muchos de ellos matar¨¢n a su pareja despu¨¦s de haberla acariciado unas horas antes.
"Las soluciones llegar¨¢n con nuestros hijos. Mientras, no podemos quedarnos de brazos cruzados", dice una juez
En Espa?a funcionan 83 juzgados especializados y 375 que compatibilizan esta funci¨®n con otras investigaciones penales
"Tenemos casos de maltratadores que son profesores universitarios e incluso abogados", explica una magistrada
Un tercio de las maltratadas ha sufrido ya abusos alguna vez. Otras han sido criadas en la sumisi¨®n
Las mujeres ganan cotas de libertad y los hombres m¨¢s reacios a permitirlo act¨²an con agresividad
Para proteger a las amenazadas, el Estado ha movilizado a miles de polic¨ªas y guardias civiles, creado juzgados especializados, equipado a las prisiones con terapeutas, desarrollado decenas de campa?as publicitarias para convencer a las mujeres de que denuncien a sus maltratadores, a los maltratadores de que no son bienvenidos. Desde que la Ley Integral contra la Violencia de G¨¦nero naci¨® en 2005, existen ¨®rdenes de protecci¨®n que permiten dictar r¨¢pidas medidas cautelares penales (el alejamiento) y civiles (la atribuci¨®n de la vivienda familiar a la v¨ªctima), protocolos de coordinaci¨®n entre jueces y polic¨ªas, tel¨¦fonos de asistencia, centros de acogida, pulseras localizadoras de maltratadores... Y aun as¨ª, en 2008 hubo 73 v¨ªctimas (a d¨ªa 30 de diciembre), 74 el a?o anterior, 68 en 2006, 584 desde 2000. ?Qu¨¦ se puede hacer para detener este reguero de sangre? ?Por qu¨¦ siguen muriendo?
Entre el 25 y el 26 de febrero, en una sangr¨ªa similar a la vivida en los ¨²ltimos d¨ªas, cuatro mujeres fueron asesinadas a manos de sus parejas y ex parejas. No eran vacaciones, el periodo en el que se suele pensar que dan flor los maltratadores, abonados por el ocio y los roces de la convivencia, y regados con alcohol; al contrario, eran elecciones. Los partidos reaccionaron hablando de un "pacto de Estado", el PSOE convirti¨® la lucha contra el machismo criminal en una prioridad para su segunda legislatura. Se crearon muchas expectativas, naci¨® un Ministerio de Igualdad cuya gran tarea es conseguir que se aplique la ley de violencia de g¨¦nero de forma transversal (en los juzgados, en las escuelas, los trabajos...). Hoy por hoy, ese ministerio declina explicar por qu¨¦ este a?o han muerto tantas mujeres como el pasado. Tras tres semanas de gestiones, EL PA?S no consigui¨® que respondieran a sus preguntas ni la ministra Bibiana A¨ªdo ni el delegado del Gobierno de Violencia de G¨¦nero, Miguel Lorente; ning¨²n otro t¨¦cnico se encontraba disponible. El ministerio remite exclusivamente a las declaraciones p¨²blicas de A¨ªdo.
Una de las cuatro v¨ªctimas del 26 de febrero fue Virma Gimeno, de 44 a?os. Analizar la cadena de errores que permitieron su muerte resulta did¨¢ctico. Fallaron los juzgados, los planes de rehabilitaci¨®n, la orden de alejamiento y, sobre todo, el entorno social. Antonio Urban, el asesino de la que fue su mujer durante 15 a?os, llevaba semanas arrastr¨¢ndose por los bares de Cullera (Valencia) gritando que necesitaba un arma para atracar un bar.
El 2 de enero, Urban fue condenado a cuatro meses de c¨¢rcel, 16 meses de alejamiento a 200 metros y 16 meses de prohibici¨®n de tenencia de armas. Virma le hab¨ªa denunciado despu¨¦s de que la amenazara con un cuchillo. Atr¨¢s quedaban cientos de palizas de las que nadie quiso hablar hasta que Urban estuvo en la c¨¢rcel. Ese d¨ªa, los vecinos comenzaron a recordar: una vez le rompi¨® una pierna, otra un brazo, en un bar le peg¨® un pu?etazo en un ojo...
Un juez suspendi¨® el ingreso en prisi¨®n a condici¨®n de que el maltratador asistiera a un curso de rehabilitaci¨®n. El problema es que en Valencia no se impart¨ªan. Urban se dedic¨® a merodear la casa de Virma. La Guardia Civil sab¨ªa que estaba violando la orden de alejamiento porque llamaban frecuentemente a la mujer para preguntarle si estaba bien; ella respond¨ªa que s¨ª pero...
El martes, Virma tomaba un caf¨¦ con sus amigas en un bar cuando Antonio se le acerc¨®. "Sabes que no puedes estar aqu¨ª. Vete o llamar¨¦ a la Guardia Civil", le advirti¨® ella. ?l respondi¨® descerraj¨¢ndole un tiro en el pecho. Los testigos le vieron alejarse impert¨¦rrito, con el arma humeante.
Los juzgados no fueron efectivos. Ocurre m¨¢s veces. Por ejemplo, en el de primera instancia e instrucci¨®n n¨²mero 5 de Torrej¨®n de Ardoz (Madrid), un juzgado que parece corriente, con seis funcionarias que se afanan sobre columnas de carpetitas rojas y amarillas poco antes del almuerzo. Su peculiaridad estriba en que, adem¨¢s de las instrucciones normales, tramita casos de violencia sobre la mujer. Es uno de los 375 juzgados compatibles de Espa?a.
Por un c¨²mulo de errores en este tribunal, Sylvina Bassani muri¨® el 10 de abril en Alovera (Guadalajara). La responsable del juzgado, la magistrada Gemma Poveda, alert¨® de que estaba desbordada; antes que ella, lo hab¨ªa avisado su predecesora. Una investigaci¨®n de este peri¨®dico concluy¨® que, si las 388 denuncias de Torrej¨®n representaban el umbral a partir del que un juzgado de violencia machista est¨¢ colapsado, en Espa?a hab¨ªa en noviembre 59.
No s¨®lo fall¨® la acumulaci¨®n de casos. Los funcionarios eran suplentes e inexpertos; la psic¨®loga judicial ten¨ªa un r¨¦cord de quejas y afirm¨® que Sylvina no sufr¨ªa malos tratos; el juez crey¨® que, despu¨¦s de varios incumplimientos de la orden de alejamiento, no hac¨ªa falta escuchar la declaraci¨®n de Sylvina ni pedir un informe psiqui¨¢trico del ex marido, Javier Lacasa, un militar con antecedentes de intento de suicidio.
Frente a los compatibles, como un grado m¨¢s en la evoluci¨®n, se presentan los juzgados exclusivos. Son 83. Tienen un fiscal especializado y un equipo integral de valoraci¨®n de riesgos compuesto por trabajadores sociales, m¨¦dicos y psic¨®logos que estudian a la v¨ªctima, al agresor y a su entorno. Uno de estos juzgados es el feudo de Sonia Chirinos. En su sede de Madrid, los muebles est¨¢n flamantes, las cajas de libros por el suelo y los inform¨¢ticos pululan colgando cables.
Chirinos no admite una cr¨ªtica a la ley. "Es un muy buen instrumento, pero la ra¨ªz del problema es otro: las soluciones empezar¨¢n a llegar con nuestros hijos, a los que hay que dar una educaci¨®n diferente de la nuestra, no machista. Mientras, no podemos quedarnos de brazos cruzados y hay que solucionar los casos que se van produciendo". ?sa es la opini¨®n aplastantemente mayoritaria entre los entrevistados para este reportaje: el problema est¨¢ en la educaci¨®n; los juzgados son un corolario. Chirinos abunda en la opini¨®n de que las mujeres se sienten con los nuevos instrumentos jur¨ªdicos m¨¢s c¨®modas para denunciar. "Antes, una agresi¨®n machista era una simple falta; ahora es delito, y eso da garant¨ªas".
Los procesos son muy exigentes por la inmediatez que exigen. "Las cosas salen adelante gracias a un plus de trabajo", explica Chirinos. Lo confirma la cara de agotamiento con que la fiscal abandona la sala a las cuatro de la tarde despu¨¦s de siete juicios. Casi 70.000 denuncias se presentaron en el primer semestre del a?o. Se solicitaron 20.607 ¨®rdenes de protecci¨®n, de las que se concedieron m¨¢s del 70%. El volumen de trabajo duplica al del segundo semestre de 2005, cuando empez¨® a funcionar la nueva ley. Los empleados de los juzgados celebran que a partir de enero se incluyan guardias.
En uno de los primeros juicios de la ma?ana queda claro que la ley ha tenido calado popular. "Yo nunca le pegar¨ªa a mi mujer, se?or¨ªa. S¨¦ c¨®mo est¨¢ la ley", se defiende el acusado. "No examinamos sus conocimientos jur¨ªdicos. Queremos saber qu¨¦ pas¨® esa noche", es la respuesta. A la juez le preocupa que algunos hombres crean que han ca¨ªdo en un aquelarre. El acusado est¨¢ frente a cinco mujeres (entre fiscal, abogada, secretarias y juez). Chirinos insiste en que ¨¦ste no es un asunto femenino: en Madrid, cinco de los diez juzgados especializados est¨¢n dirigidos por hombres. Aun as¨ª, en los cinco juicios siguientes, ninguno de los abogados que defienden a presuntos maltratadores es una mujer. En la sala, los roles contin¨²an reparti¨¦ndose. Los hombres se sienten en gran medida ajenos al problema.
Es lo que opina Antonio Garc¨ªa, miembro de la coordinadora de la Asociaci¨®n de Hombres por la Igualdad de G¨¦nero: "Somos el grupo social del que sale la violencia machista. El problema es, esencialmente, masculino. Hasta ahora, muchos hombres han considerado que era suficiente con no ser ellos maltratadores para situarse al margen del problema. Pero no: es necesario cambiar los mandatos del machismo".
La falta de preparaci¨®n y sensibilidad de muchos letrados y jueces es una reclamaci¨®n de los comprometidos con la ley. En uno de los juicios de la ma?ana, un abogado aconseja a su defendido que asuma su culpabilidad y acate una orden de alejamiento: ¨¦se es el acuerdo al que ha llegado con la fiscal¨ªa a cambio de que su cliente evite la c¨¢rcel. Lo que a ¨¦ste nadie le ha explicado es que se queda sin domicilio. Cuando se entera, con la sentencia ya firmada, pregunta con estupor: "?Y d¨®nde vivo yo ahora? ?Y qui¨¦n cuidar¨¢ de mi hijo durante la noche mientras mi mujer trabaja?". La sala se llena de desaprobaci¨®n. "Le ha liado para quitarse el caso de encima", protesta una secretaria. "Esta pareja no sabe a qu¨¦ se han comprometido. ?l acabar¨¢ violando la orden de alejamiento e ir¨¢ a la c¨¢rcel, si antes no hace una barbaridad", se queja impotente otra de las presentes en la sala.
El problema se agrava porque son inmigrantes. La mujer est¨¢ sola, no tiene con qui¨¦n dejar al ni?o. Su red social es su marido. En esta ocasi¨®n, tiene un trabajo y se ha atrevido a denunciar, pero no es lo habitual. La vulnerabilidad de las mujeres aumenta cuando no tienen papeles: entonces no se atreven a pedir ayuda. Las inmigrantes mueren m¨¢s -son el 10% de la poblaci¨®n, pero el 45% de las muertas- no exclusivamente por una raz¨®n de valores culturales; el principal problema es que est¨¢n aisladas. La elevada tasa de violencia en el colectivo es para Inmaculada Montalb¨¢n, vocal del Consejo General del Poder Judicial y presidenta del Observatorio contra la Violencia de G¨¦nero, una de las razones que explican que no baje la tasa de muertes: "Entre los espa?oles se ha producido un leve descenso fruto de la pol¨ªtica de sensibilizaci¨®n, que por el momento no llega tan bien a los extranjeros". Continuamente se habla de la necesidad de activar programas espec¨ªficos de asesoramiento y sensibilizaci¨®n a mujeres y hombres inmigrantes, pero eso, como tantas cosas por el momento, son s¨®lo ideas.
La letra de la ley recibe pocas cr¨ªticas, pero recaen much¨ªsimas sobre la escasez de recursos con la que se quiere sacar adelante sus ambiciosos postulados. No s¨®lo en los juzgados se sienten desbordados. Las protestas de sindicatos policiales son constantes porque el aumento de denuncias no ha tra¨ªdo aparejado el de efectivos. El Ministerio de Interior afirma que 1.848 polic¨ªas y guardias civiles est¨¢n especializados en la lucha contra la violencia machista, pero que todos los agentes de Seguridad Ciudadana combaten el problema. Alfredo Perdiguero, portavoz del sindicato Uni¨®n Federal de Polic¨ªa, es muy cr¨ªtico con las dotaciones de las nuevas Unidades de Prevenci¨®n, Asistencia y Protecci¨®n contra los Malos Tratos a la Mujer (UPAP). En cada comisar¨ªa espa?ola hay por ley dos funcionarios de las UPAP, que dan un tel¨¦fono a las maltratadas por si se aproxima el agresor y se ocupan de controlar a ¨¦stos al mismo tiempo. "En Madrid, entre 20 y 50 mujeres dependen de un solo polic¨ªa. ?A ver c¨®mo las controla si le llaman dos a la vez! Si no est¨¢s de guardia, llegas y ya la han matado cien veces. Tienes que hacer de guardaespaldas, de psic¨®logo, y no estamos formados para eso... Es una responsabilidad terrible", se queja Perdiguero.
Los fallos en la vigilancia han provocado aut¨¦nticas carnicer¨ªas. Maximino Couto, el hombre que mat¨® a su pareja en Pontecaldelas (Pontevedra) hace un mes, mientras estaba de permiso penitenciario, deb¨ªa estar monitorizado por un brazalete telem¨¢tico de localizaci¨®n. El funcionario encargado de vigilar la pantalla se despist¨® y Couto asesin¨® a su novia, Rosario Peso; intent¨® matar a su ex mujer, e hiri¨® a dos vecinos y a un polic¨ªa. Instituciones Penitenciarias argumenta que es el ¨²nico fallo registrado en los 150 reos que usaron el sistema desde 2006. Pero todos los sindicatos coinciden en que de poco valdr¨¢ el anuncio del delegado del Gobierno de Violencia de G¨¦nero de que contratar¨¢ por cinco millones de euros un nuevo modelo de brazalete multialarma si no hay funcionarios para controlarlos.
Teniendo en cuenta que las denuncias van en aumento, los juristas insisten en la necesidad de que se afinen los medios para valorar qu¨¦ mujeres son las que corren m¨¢s riesgo. No puede haber 120.000 mujeres m¨¢s con un escolta cada a?o. Isabel Iborra, coordinadora cient¨ªfica del Centro Reina Sof¨ªa para el estudio de la violencia, considera que la soluci¨®n pasa por evitar los riesgos mejorando las dotaciones de los equipos de evaluaci¨®n y centrando el trabajo en ciertos indicadores, como las amenazas de asesinato o de suicidio, los perfiles psicol¨®gicos y los antecedentes penales. ?Por qu¨¦ no se trabaja m¨¢s en esta v¨ªa?: falta de recursos.
Una de las ausencias de inversi¨®n m¨¢s sangrantes se produce en los programas de rehabilitaci¨®n, coordinados por Instituciones Penitenciarias. El Observatorio de Violencia se queja de que no est¨¢n implantados por todo el territorio (est¨¢n presentes en 52 centros, y se espera la inauguraci¨®n de 10 m¨¢s) y no son homog¨¦neos en todas las comunidades. Tambi¨¦n recela de la formaci¨®n de los 146 terapeutas (aparte de los catalanes, con m¨¢s experiencia y medios).
Muchas asociaciones feministas se preguntan por qu¨¦, si el que pega a su vecino no va a rehabilitaci¨®n, lo hace el que golpea a una mujer. Enrique Echeburua, catedr¨¢tico en Psicolog¨ªa Cl¨ªnica y pionero del estudio de la violencia machista en Espa?a, considera que las primeras interesadas en que esto sea as¨ª son las mujeres. ?l lleg¨® a la rehabilitaci¨®n de maltratadores hace 15 a?os a partir del trabajo con maltratadas. "Esos hombres tendr¨¢n m¨¢s relaciones aunque vayan a la c¨¢rcel, y alguien violento es una bomba". En todo caso, los programas no llevan aparejados beneficios penitenciarios.
Dos terapeutas controlan a grupos de 10 reclusos. La terapia consta de reuniones de dos horas semanales durante un a?o, aparte de la tarea para hacer en casa o la celda. La autoexploraci¨®n sentimental es parte fundamental del tratamiento de hombres que no saben contener su ira. Para aprender a reaccionar, apuntan en un bloc qu¨¦ han sentido y c¨®mo han reaccionado a determinados acontecimientos.
Para un d¨¦spota, cualquier tos es una provocaci¨®n. Buena parte de los incidentes nacen de la incapacidad de los maltratadores para entender que el mundo no est¨¢ en guerra contra ellos. A Rita Cassia Santos su novio le pegaba "porque era guapa". El 29 de enero de 2007 la mat¨® de un disparo en Soria. Una de las prioridades de los terapeutas es hacer comprender a los agresores que si, cuando llegan del bar, la sopa est¨¢ fr¨ªa, no es porque su mujer haya estado flirteando con todo el barrio.
Los psic¨®logos insisten tambi¨¦n en transformar los roles. ?ngel Gramage, terapeuta de familia y miembro del Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid, considera que el reparto de papeles activos y pasivos desde la infancia explica que entre homosexuales tambi¨¦n exista la violencia dom¨¦stica: "Se ense?a a vivir en pareja desde la desigualdad. La parte que ha sido educada para luchar (el papel masculino) recluye a la preparada para amar y cuidar (el femenino), cort¨¢ndole la autonom¨ªa. Es el prejuicio de la dominaci¨®n".
Seg¨²n Enrique Echeburua, el maltrato nace no s¨®lo de una mala educaci¨®n sobre el papel de la mujer, tambi¨¦n del uso de la violencia para resolver conflictos. "Si los ni?os ven en casa que ejerciendo la violencia te sales con la tuya, seguir¨¢n ese camino".
Los terapeutas de Instituciones Penitenciarias calculan que un tercio de los participantes en los programas quedan rehabilitados casi por completo y la mitad parcialmente. Echeburua es m¨¢s pesimista: sus estudios muestran que s¨®lo un 60% no se desvincula de los programas; de los que siguen, el 67% no reincide pasado un a?o. "No es para tirar cohetes, pero es necesario", concluye.
Frente a la reinserci¨®n, se plantea un debate ¨¦tico: ?c¨®mo acoger a un hombre que maltrata a su mujer? Joan Carles Navarro, director del centro penitenciario Brians 1 (Catalu?a), sabe que "tiene mejor pron¨®stico la persona que es bien acogida, pero eso es muy complicado". Jes¨²s Herrero, psic¨®logo de un programa de rehabilitaci¨®n en c¨¢rceles del Pa¨ªs Vasco, est¨¢ de acuerdo: "El rechazo social tiene que ser patente, pero individualmente hay que tender puentes para recuperar al maltratador y salvar vidas".
Una vez terminados los cursos, lo ideal es pasar a un tratamiento ambulatorio en el exterior, pero el seguimiento no es siempre ideal. Depende de asociaciones y ONG con convenios con las comunidades. Una red insuficiente, "sobre todo porque la din¨¢mica social va en nuestra contra", explica Herrero. "Hoy he ido a un centro comercial y he hecho fotos de la secci¨®n de juguetes para llevarla a la terapia. Los de ni?a estaban en estantes rosas y eran todo cocinitas; estos hombres con distorsiones de la percepci¨®n y roles muy marcados ven cosas as¨ª y refuerzan su comportamiento".
Ante esta reflexi¨®n, la siguiente pregunta es obvia: ?por qu¨¦ el resto de hombres que han jugado con soldados de pl¨¢stico no son maltratadores? "Si se deja que todo dependa de la gesti¨®n de la violencia de cada individuo, siempre habr¨¢ quien no sea capaz de resolver problemas. Sin m¨¢s implicaci¨®n colectiva para eliminar riesgos del entorno, la violencia no va a descender", dice Herrero.
Analizando las causas de fracaso, los terapeutas vuelven a referirse a un problema fundamental: la dificultad para llegar a los inmigrantes. Jes¨²s Herrero lo explica: "Esos hombres no se sienten inadaptados porque en su entorno no es tan repudiable pegar. La familia tampoco lo ve mal, y hasta hay mujeres que nos llaman preocupadas porque sus maridos ya no les pegan y creen que ya no les quieren... Nadie en el entorno lo ve chocante, y as¨ª no se rehabilitan".
Conocer al que mata mujeres parece imprescindible. El problema es que, m¨¢s all¨¢ de los clich¨¦s, no hay un prototipo de maltratador. El cruce de perfiles psicol¨®gicos y un estudio de casos del Consejo General del Poder Judicial muestra un tipo que ni est¨¢ loco, ni es drogadicto ni alcoh¨®lico, sino un espa?ol de entre 25 y 40 a?os con un trabajo poco cualificado que act¨²a en pleno uso de sus facultades mentales. Pasearse por un juzgado de violencia parece corroborar la extracci¨®n social de los maltratadores, pero la juez Chirinos avisa contra las opiniones precipitadas: "Hoy no, pero otros d¨ªas hemos juzgado a profesores universitarios e incluso a abogados". Ninguna clase social est¨¢ a salvo de la ira.
La idea de la predeterminaci¨®n psicol¨®gica del agresor tiene mucho de b¨¢lsamo tranquilizador, "pero tambi¨¦n es cierto que la mayor¨ªa de los que llegan a los delitos m¨¢s graves (homicidio, lesiones) re¨²nen una serie de caracter¨ªsticas", explica Isabel Iborra, del Centro Reina Sof¨ªa. Son las distorsiones de la realidad, la falta de empat¨ªa... ?Y existe un perfil psicol¨®gico de maltratada? "La responsabilidad hay que ponerla exclusivamente en el maltratador", ataja Iborra. Sin embargo, resulta innegable que hay mujeres que huyen de la vera de su verdugo antes que otras. "Es cierto que algunas personas han vivido situaciones anormales que les hacen pensar que otras son corrientes. Un tercio de las maltratadas hab¨ªan sufrido ya maltratos alguna vez. Otras han sido educadas en la sumisi¨®n, y siempre hay gente m¨¢s vulnerable; pero lo principal es que los agresores trabajan machac¨¢ndolas psicol¨®gicamente para que acepten los abusos". Echeburua confirma que hay mujeres que sufren a veces alteraciones cognitivas. Incluso chicas muy j¨®venes aceptan el control masculino como una demostraci¨®n de cari?o, como un corolario a la pasi¨®n.
Manoli ilustra bien esta posici¨®n. Hace unas semanas lleg¨® a casa despu¨¦s de una cena de trabajo y su marido la recibi¨® a pu?etazos. Estaba loco de celos. "Te hab¨ªa advertido de que no fueras", le gritaba fuera de s¨ª. La mujer llam¨® a la polic¨ªa, pero en el ¨²ltimo momento decidi¨® no poner denuncia; los agentes tampoco, porque consideraron que el suceso fue una simple pelea.
Similar, no en las formas pero s¨ª en el contenido, es lo que pas¨® con Asunci¨®n. Una noche, despu¨¦s de una tremenda discusi¨®n con su pareja, se derrumb¨® y le confes¨® a los amigos del hombre con el que iba a casarse que su querido compa?ero de copas estaba destruy¨¦ndole la vida. Desde que viv¨ªan juntos, el hombre que la hab¨ªa enamorado -juerguista, guapo, inteligente- la hab¨ªa convencido para que dejara de trabajar, no le permit¨ªa salir y ya hab¨ªan tenido alg¨²n episodio violento. Sentada en la playa de Almer¨ªa, Asunci¨®n se desahog¨®. Los amigos intentaron mediar con el novio -todo les casaba ahora: la vida sentimental de ¨¦ste era una sucesi¨®n de princesas secuestradas- y ¨¦l les dio con la puerta en las narices. "Asuntos privados", les dijo. Asunci¨®n no quiso volver a hablar del asunto. La pareja se cas¨® y los amigos confidentes no fueron invitados a la boda.
Manoli y Asunci¨®n representan a las miles de mujeres que no quieren hablar. Ni siquiera han querido participar en este reportaje con sus verdaderos nombres; su historia se ha reconstruido con voces de familiares y amigos preocupados. Manoli no hab¨ªa sufrido antes malos tratos, es emprendedora y decidida, nadie se esperaba que, cegada por los encantos de su novio, tambi¨¦n atento y elegante, pudiera aceptar un trato as¨ª. El caso de Asunci¨®n es distinto; su anterior relaci¨®n sigui¨® un patr¨®n similar: el hombre empu?¨® el l¨¢tigo y ella acept¨® los golpes esperando que algo cambiara. Asunci¨®n no era tan fuerte como las otras chicas que hab¨ªan pasado por la vida del hipn¨®tico juerguista con el que se acaba de casar: ellas consiguieron escapar; Asunci¨®n ya es madre del primer hijo de su maltratador.
Casos como estos dan idea de la profundidad de las ra¨ªces de la dominaci¨®n psicol¨®gica y cultural. "Est¨¢ costando m¨¢s de lo que nos pod¨ªamos imaginar", admite la magistrada Monserrat Comas, antigua presidenta del Observatorio contra la Violencia de G¨¦nero. "Jam¨¢s pens¨¦ que en democracia nos costar¨ªa tanto. Provenimos de d¨¦cadas de discriminaci¨®n", a?ade.
Las mujeres van ganando poco a poco cotas de libertad, y los hombres m¨¢s refractarios a permitirlo act¨²an con agresividad. La sucesora de Comas, Inmaculada Montalb¨¢n, coincide en el an¨¢lisis de que el crimen es el resultado de los intentos de la mujer por deshacerse de las cadenas del h¨¢bito de dominaci¨®n. "Estas muertes revelan que hay hombres que no admiten el uso que hace la mujer de su autonom¨ªa. La violencia es una respuesta al intento de liberaci¨®n. Por eso es en los momentos en los que se anuncia la separaci¨®n cuando aumenta el riesgo de agresi¨®n". En los d¨ªas en que las mujeres no protestaban, no hac¨ªa falta matarlas.
Maximino Couto o Antonio Urban aniquilaron a sus v¨ªctimas no en un arranque de ira, sino como un ajusticiamiento. Sus asesinatos estaban planeados. Se hicieron con el arma del crimen, esperaron a que la v¨ªctima no pudiera escapar, a que bajase la guardia. Sab¨ªan que sacrificaban su libertad, sus apoyos sociales, incluso el amor de su vida, pero la frialdad con la que cometieron el asesinato hace pensar que era una cuesti¨®n de principios, los suyos. Con su aborrecible crimen dejaban escrito un manifiesto y la defensa de un proyecto social: la supremac¨ªa masculina, el sometimiento de las mujeres levantiscas.
Isabel Iborra opina que esta l¨ªnea de an¨¢lisis, la m¨¢s com¨²n entre los grupos feministas, entra?a el riesgo de convertir al asesino en m¨¢rtir; y tampoco se puede caer en idealizaciones: al lado del 20% de maltratadores que se suicidaron este a?o porque no soportan la condena social o el dolor, y del 20% que se entregaron con culpa u orgullo, m¨¢s de un 50% escaparon como conejos. Para esta especialista es fundamental no regalar justificaciones al asesino.
Iborra desarrolla la idea: el crimen pasional es un concepto rom¨¢ntico para explicar un acto horrendo; el crimen por compasi¨®n (ancianos que matan a su pareja por no poder cuidarla y luego se suicidan), una nueva versi¨®n de impotencia y sentido de la propiedad. "Siempre hay un hecho precipitador, o una simple excusa: una pelea, el miedo a que te abandonen, a no responder a las expectativas, pero el problema es que estos individuos no saben resolver los conflictos", concluye. El crimen es el ¨²ltimo eslab¨®n, otra cosa es que los vecinos no sintieran que los tabiques palpitaban mientras en su interior se gestaba el drama.
El ciclo s¨®lo lo puede romper la mujer. Y las que est¨¢n en una situaci¨®n m¨¢s dram¨¢tica ¨²nicamente lo har¨¢n con ayuda. Pero hay pocas que piden auxilio. El porcentaje de fallecidas en 2008 que hab¨ªan denunciado a su pareja o ex pareja fue tan s¨®lo del 23%, menor que en 2006. Cuando no hay denuncia, ni siquiera empiezan a funcionar los mecanismos de protecci¨®n del Estado. Y el Estado no ha conseguido crear y extender la impresi¨®n de que la mujer que se acerca a denunciar est¨¢ a salvo de todo mal. Casos como el de Maximino Couto, en el que la protecci¨®n policial, las pulseras localizadoras, los jueces y los terapeutas no salvaron la vida de Rosario Peso, son una flaca ayuda en esta lucha.
La carencia de un asesoramiento legal m¨¢s completo a las mujeres que quieran acudir a los juzgados est¨¢ en relaci¨®n con la ausencia de denuncias y con la cantidad de v¨ªctimas que se niegan a declarar una vez llegado el juicio. En virtud del art¨ªculo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, existe la posibilidad de no declarar contra la propia pareja. En c¨ªrculos jur¨ªdicos existe un debate sobre la posibilidad de suspender esta dispensa en los casos de malos tratos. Desde el punto de vista de las v¨ªctimas, la dificultad psicol¨®gica de la situaci¨®n hace muy dif¨ªcil intervenir. ?Hasta qu¨¦ punto puede hacerse caso a una maltratada cuando es evidente que ¨¦sta est¨¢ bajo presiones? ?Es consciente del riesgo que corre? No es f¨¢cil imaginar que la misma persona con la que se ha convivido, con la que se tienen hijos, vaya a ser capaz de matar.
En el juzgado de Sonia Chirinos se puede comprender la relevancia de este problema cuando una marroqu¨ª a la que su marido coloc¨® un cuchillo en la garganta rechaza declarar contra ¨¦l. "Mi hijo me odia desde que su padre est¨¢ en la c¨¢rcel. No puedo hacerlo", se justifica. En este caso hay una testigo que permite seguir adelante con el proceso, pero cuando no se da esa suerte, los juicios se hunden en el sobreseimiento. Monserrat Comas considera que hay que eliminar esa dispensa. "Hay que dar todo el asesoramiento y ayuda antes de la denuncia; las mujeres tienen que saber que se las apoyar¨¢ para encontrar trabajo y acogida. Y luego, despu¨¦s de todo eso, hay que ser coherente". El problema es el de siempre: un asesoramiento jur¨ªdico m¨¢s completo requiere personal y medios.
A pesar de los continuos reveses de confianza, nadie niega que la llave del problema est¨¢ en la sensibilizaci¨®n. En la ¨²ltima encuesta del Centro de Investigaciones Sociol¨®gicas, el 2,5% de los ciudadanos considera la violencia contra la mujer el principal problema del pa¨ªs; en 2004, esta proporci¨®n era del 6,4% tras el gran debate social por la ley, y, en consecuencia, la cantidad de cr¨ªmenes descendi¨®. La tendencia actual preocupa. ?D¨®nde est¨¢n todas esas llamadas a convertir la educaci¨®n en el arma m¨¢s efectiva contra los maltratadores? Abundan las indecisiones en la pol¨ªtica de divulgaci¨®n, los mensajes no llegan claros. Desde el Ministerio de Igualdad, se anima a discutir sobre el asunto, pero tambi¨¦n avisa a menudo del efecto rebote: no est¨¢ claro si la informaci¨®n period¨ªstica alienta nuevos cr¨ªmenes. Es materia de discusi¨®n si los agresores copian procedimientos o se inspiran en la acci¨®n de otros asesinos por los que sienten solidaridad. La acumulaci¨®n de casos durante estas navidades alimenta esa teor¨ªa. ?Este reportaje est¨¢ animando a alguien a matar a su pareja? La respuesta parece la de siempre: el detonante puede estar en cualquier parte. El problema es que el deterioro de la situaci¨®n ha llegado a ese punto.
Aunque las llamadas a atajar el problema desde la educaci¨®n son constantes, por el momento no ha habido grandes intervenciones. Inmaculada Montalb¨¢n cree que existen ya algunos mecanismos ¨²tiles para convertir la escuela en el motor del cambio, pero no se ha permitido que se desarrollen apropiadamente por cuestiones pol¨ªticas, como es el caso de la Educaci¨®n para la Ciudadan¨ªa. Monserrat Comas es menos optimista: "No conozco ninguna evaluaci¨®n seria de las medidas educativas para la igualdad", se lamenta. Una investigaci¨®n publicada el pasado 17 de noviembre por la Facultad de Sociolog¨ªa de la Universidad del Pa¨ªs Vasco demostraba que los j¨®venes de entre 15 y 20 a?os conciben el maltrato como una acci¨®n que admite diferentes niveles de intensidad y, por tanto, de tolerancia. En ese contexto, sorprende menos que siete de los asesinatos del a?o 2008 fueran cometidos por hombres menores de 31 a?os, te¨®ricamente m¨¢s concienciados.
La permanencia del problema obliga a plantearse si existe una cifra estructural de asesinatos machistas de la que es imposible bajar. La siguiente pregunta es si, de existir ¨¦sta, Espa?a se est¨¢ aproximando. ?Setenta y tres mujeres es lo mejor a lo que se puede aspirar?
Para responder a la primera cuesti¨®n, se puede revisar el Segundo informe internacional de violencia contra la mujer del Centro Reina Sof¨ªa. El trabajo, con datos de 2003, sit¨²a a Espa?a porcentualmente a la cola de los pa¨ªses europeos en n¨²mero de asesinadas por violencia de g¨¦nero, por debajo de pa¨ªses de la primera divisi¨®n social, como Reino Unido, Dinamarca, Finlandia o Suiza.
El problema es que los datos no son en absoluto completos. S¨®lo 23 pa¨ªses registran y hacen p¨²blicas informaciones sobre muertes de mujeres a manos de su pareja o ex pareja. Estados Unidos, Francia, Italia, Irlanda y Grecia no participan en el estudio porque no miden estos asesinatos como una tipolog¨ªa delictiva espec¨ªfica, sino como simples homicidios. El caso de Espa?a es particular: se viven como un problema cultural, en buena parte como resultado de una muerte traum¨¢tica, la de Ana Orantes, una granadina a la que en 1997, tras haber denunciado por televisi¨®n a su marido, ¨¦ste at¨® a un radiador y quem¨® viva con gasolina.
La preocupaci¨®n por el tema, que ha llevado a computar los casos de violencia machista como la primera causa de muerte dolosa violenta, ha convertido a Espa?a en una referencia judicial en el mundo. Se ha sacado el problema del ¨¢mbito privado y trasladado al p¨²blico como problema de derechos humanos. Las autoridades no se cansan de repetirlo. El lado oscuro de esa actitud es que ha creado una sensaci¨®n de depresi¨®n y culpa generalizada. "Quiz¨¢ las expectativas que se dieron en un primer momento fueron irreales; se pudo crear la impresi¨®n de que los frutos ser¨ªan inmediatos. La ley es un buen instrumento, pero se necesita voluntad pol¨ªtica para extenderla a otros ¨¢mbitos adem¨¢s del judicial, y tres a?os y medio despu¨¦s no se han desplegado esos medios", explica Comas.
Tal como lo explica Echeburua, la violencia es una constante en la historia. "Por supuesto que hay factores sobre los que podemos y debemos incidir, pero al final las posibilidades de pasar del amor al odio son ilimitadas e incontrolables". La sociedad tendr¨¢ que asumir que seguir¨¢n muriendo mujeres, pero no desde la resignaci¨®n. El n¨²mero de asesinatos probablemente nunca llegar¨¢ a cero, pero el primer objetivo es llegar a la tolerancia cero para que los maltratadores sepan que no se les va a aplaudir, que su crimen no quedar¨¢ impune.
Y luego est¨¢n las biograf¨ªas tr¨¢gicas. Joan Navarro considera que existe un problema de valores sociales, pero cree que a medio camino entre los grav¨¢menes culturales y las dificultades individuales para gestionar la ira, discurren los miles de casos de maltratados en su infancia que ser¨¢n siempre una fuente de conflictos. Gente que ha aprendido a razonar a golpes y para la que no es f¨¢cil cambiar.
Invertir la direcci¨®n en la que han girado los engranajes de la historia es complicado. Arrostrar la capacidad humana de ser infeliz y de hacer infelices a los otros es extenuante. Las dificultades a las que se enfrenta la sociedad para conseguir que mujeres como Rosana, Virma y Sylvina dejen de sufrir y morir son colosales. Eso no es, sin embargo, una raz¨®n que pueda explicar por qu¨¦ v¨ªctimas que deb¨ªan tener protecci¨®n del Estado son acuchilladas en sus casas; tampoco una excusa para que nadie haga o¨ªdos sordos cuando escucha golpes y gritos en el apartamento de al lado. Setenta y tres mujeres asesinadas son muchas. -
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