Las reuniones de la tregua, al banquillo

El tribunal que juzgar¨¢ a partir de ma?ana en Bilbao a dos candidatos a lehendakari -Juan Jos¨¦ Ibarretxe y Patxi L¨®pez- pondr¨¢ la primera piedra en Euskadi a una precampa?a electoral que tiene ya la cita fijada para dentro de 52 d¨ªas. Pero, sobre todo, el caso Ibarretxe-L¨®pez lleva al banquillo a buena parte de los pol¨ªticos que se reunieron en 2006 con la ilegalizada Batasuna, durante el proceso de di¨¢logo abierto al calor del alto el fuego de ETA. El tri¨¢ngulo pol¨ªtico de la tregua formado por el PNV (Ibarretxe), PSE (Patxi L¨®pez) y Batasuna (Arnaldo Otegi) es una foto doblemente in¨¦dita: porque es la primera vez que un lehendakari es encausado penalmente y porque nunca hasta ahora representantes institucionales y partidos que condenan la violencia comparten banquillo con dirigentes del brazo pol¨ªtico de ETA bajo la misma acusaci¨®n.

El delito que est¨¢ encima de la mesa de los tres magistrados es el de desobediencia a la sentencia de la Sala del 61 del Tribunal Supremo que ilegaliz¨® Batasuna y neg¨® al partido vinculado a ETA cualquier posibilidad de actuaci¨®n pol¨ªtica al declararlo disuelto. Presuntamente, habr¨ªan incurrido en ese delito como cooperadores necesarios Ibarretxe, L¨®pez y Rodolfo Ares por mantener reuniones durante el proceso de fin dialogado de la violencia etarra. Por el delito de desobediencia se imputa a los cinco miembros de la izquierda abertzale, al haber seguido actuando como dirigentes de un partido ilegalizado.

Pero lo que el tribunal tendr¨¢ que resolver es si es posible perseguir penalmente a pol¨ªticos o representantes institucionales que, en el "marco de su actividad pol¨ªtica", mantienen encuentros con dirigentes de formaciones ilegalizadas. Sobre todo, cuando en esas reuniones est¨¢ en juego el posible fin de ETA, que este a?o cumple medio siglo de existencia y suma 900 v¨ªctimas mortales.

Una clave del juicio la plante¨® en su escrito de conclusiones la fiscal Mar¨ªa ?ngeles Montes, quien pide la absoluci¨®n de los acusados. Montes explica que la ronda de contactos con todos los partidos iniciada por el lehendakari tras el alto el fuego de marzo de 2006 se enmarcaba en el "compromiso adquirido con la sociedad de trabajar para encontrar una soluci¨®n al conflicto vasco".

La fiscal recalca que el l¨ªder del PSE, Patxi L¨®pez, y el dirigente socialista Rodolfo Ares, dentro del "marco de su actividad pol¨ªtica", ejecutaban una decisi¨®n "tomada" por el PSE y "autorizada" por el PSOE para "encontrar soluciones al terrorismo". Montes recuerda que el Supremo, al sentenciar la muerte pol¨ªtica de Batasuna en marzo de 2003, no hizo ning¨²n requerimiento para que no se mantuvieran esos encuentros.

Las dos acusaciones populares presentes en la causa, el Foro Ermua y la asociaci¨®n Dignidad y Justicia, mantienen una visi¨®n diametralmente opuesta. El Foro Ermua considera que la reuni¨®n entre las delegaciones del PSE y de Batasuna "se enmarcaba dentro de las negociaciones ETA-Gobierno y ten¨ªa como objetivo paliar las medidas adoptadas contra Batasuna por los tribunales espa?oles" y buscaba la "legitimaci¨®n" como interlocutor del partido ilegalizado para iniciar as¨ª el camino para "una legalizaci¨®n de facto". El Foro Ermua solicita dos a?os y nueve meses de c¨¢rcel para Ibarretxe, nueve meses para los dirigentes del PSE, y entre uno y cuatro a?os para los de Batasuna, adem¨¢s de penas de inhabilitaci¨®n. Dignidad y Justicia pide de uno a tres a?os de c¨¢rcel para los encausados