Las reuniones de la tregua, al banquillo

El tribunal que juzgar¨¢ a partir de ma?ana en Bilbao a dos candidatos a lehendakari -Juan Jos¨¦ Ibarretxe y Patxi L¨®pez- pondr¨¢ la primera piedra en Euskadi a una precampa?a electoral que tiene ya la cita fijada para dentro de 52 d¨ªas. Pero, sobre todo, el caso Ibarretxe-L¨®pez lleva al banquillo a buena parte de los pol¨ªticos que mantuvieron encuentros en 2006 con la ilegalizada Batasuna, durante el proceso de di¨¢logo abierto al calor del alto el fuego de ETA, para acabar con la violencia terrorista. El tri¨¢ngulo pol¨ªtico de la tregua formado por el PNV (Ibarretxe), PSE (Patxi L¨®pez) y Batasuna (Arnaldo Otegi) es una foto doblemente in¨¦dita: porque es la primera vez en la historia que un lehendakari es encausado penalmente y porque nunca hasta ahora representantes institucionales y partidos que condenan la violencia comparten banquillo con dirigentes del brazo pol¨ªtico de ETA bajo una misma acusaci¨®n. Esto explica la enorme expectaci¨®n creada, con 125 periodistas acreditados para seguir la vista.

La causa se sostiene en la acusaci¨®n popular de dos asociaciones

La Fiscal¨ªa no acusa y pide la absoluci¨®n de todos los imputados

El delito que est¨¢ encima de la mesa de los tres magistrados -un miembro de la Sala de lo Civil y Penal y dos de la Sala de lo Social del alto tribunal vasco- es el de desobediencia a la sentencia de la Sala del 61 del Tribunal Supremo que ilegaliz¨® Batasuna y neg¨® al partido vinculado a ETA cualquier posibilidad de actuaci¨®n pol¨ªtica al declararlo disuelto. Presuntamente, habr¨ªan incurrido en ese delito como cooperadores necesarios Ibarretxe, L¨®pez y Rodolfo Ares por mantener reuniones a lo largo del proceso de di¨¢logo para el final de la violencia etarra. Por el delito de desobediencia propiamente dicha se imputa a los cinco miembros de la izquierda abertzale, al haber seguid actuando como dirigentes de un partido ilegalizado.

Pero, en el fondo de la causa, lo que el tribunal tendr¨¢ que resolver es si es posible perseguir penalmente a pol¨ªticos o representantes institucionales que, en el "marco de su actividad pol¨ªtica", mantienen encuentros con dirigentes de formaciones ilegalizadas. Sobre todo, cuando en esas reuniones est¨¢ en juego -como aseguran que estaba quienes intervinieron en ellas-, la posibilidad de echar la persiana definitivamente a una organizaci¨®n terrorista como ETA, que este a?o cumple medio siglo de existencia, con cerca de 900 v¨ªctimas mortales en su tr¨¢gico balance de muerte y destrucci¨®n.

Una de las claves del juicio la plante¨® en su escrito de conclusiones, el 5 de noviembre de 2007, la fiscal superior del Pa¨ªs Vasco, Mar¨ªa ?ngeles Montes, quien pide la absoluci¨®n de todos los acusados. Montes explicaba que la ronda de conversaciones con todos los partidos iniciada por el lehendakari Ibarretxe al calor del alto el fuego permanente de ETA de marzo de 2006 se produjo "en el marco del compromiso adquirido con la sociedad de trabajar para encontrar una soluci¨®n al conflicto vasco".

La fiscal recalcaba tambi¨¦n que, en el caso del l¨ªder del PSE, Patxi L¨®pez, y del dirigente socialista Rodolfo Ares, ¨¦stos, dentro del "marco de su actividad pol¨ªtica", ejecutaban una decisi¨®n "tomada" por el PSE y "autorizada" por el PSOE de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero. El prop¨®sito, "encontrar soluciones al terrorismo etarra". Y, para ambos casos, recordaba Montes que el Tribunal Supremo, como "autoridad judicial competente" al haber sentenciado la muerte pol¨ªtica de Batasuna en marzo de 2003, no hab¨ªa realizado ning¨²n requerimiento expl¨ªcito para que no mantuvieran esos encuentros. En su interpretaci¨®n de los hechos, no hubo desobediencia porque no hubo ninguna orden o requerimiento del Supremo que desobedecer. ?sta es tambi¨¦n, b¨¢sicamente, la l¨ªnea argumental de las defensas de los encausados.

Las dos acusaciones populares presentes en la causa, el Foro Ermua y la asociaci¨®n Dignidad y Justicia, mantienen una visi¨®n diametralmente opuesta. El Foro Ermua considera que la reuni¨®n celebrada entre las delegaciones del PSE y de Batasuna "se enmarcaba dentro de las negociaciones ETA-Gobierno y ten¨ªa como objetivo paliar las medidas adoptadas contra Batasuna por los tribunales espa?oles". En definitiva, la "legitimaci¨®n" del partido ilegalizado para reconocerle p¨²blicamente como "interlocutor" e iniciar as¨ª el camino para "conseguir una legalizaci¨®n de facto".

En el caso de las dos reuniones constatadas en el sumario -el 19 de abril de 2006 y el 22 de enero de 2007- entre el lehendakari y Otegi, el Foro Ermua recuerda que los cinco miembros de Batasuna actuaron como "dirigentes de la formaci¨®n ilegalizada". Y precisa que Ibarretxe convoc¨® a los representantes de la izquierda abertzale no para "desafiar a nadie [la justicia]", sino "porque Batasuna, al igual que ustedes [en referencia al PP] forman parte de la soluci¨®n, los dos", seg¨²n la transcripci¨®n de la sesi¨®n parlamentaria del 27 de abril de 2006 recabada por la acusaci¨®n particular. Sostiene esta acusaci¨®n popular que s¨ª se produjo dolo, necesario para imputar el delito de desobediencia a de los acusados. Dolo que no consiste en que "la finalidad de la acci¨®n realizada sea espec¨ªficamente desobedecer la orden judicial", sino que basta con el prop¨®sit gen¨¦rico de "realizar voluntariamente una acci¨®n que se sabe prohibida", seg¨²n la jurisprudencia del Supremo, resume en sus conclusiones el abogado del Foro Ermua, Fernando Garc¨ªa-Capelo.

El Foro Ermua solicita dos a?os y nueve meses de c¨¢rcel para Ibarretxe, nueve meses para los dirigentes del PSE, y entre uno y cuatro a?os para los de Batasuna, adem¨¢s de penas de inhabilitaci¨®n. Dignidad y Justicia pide de uno a tres a?os de c¨¢rcel para los encausados.