Monteseir¨ªn da marcha atr¨¢s en el recargo a las casas vac¨ªas
El Ayuntamiento de Sevilla, que preside el socialista Alfredo S¨¢nchez Monteseir¨ªn, ha decidido renunciar a su propuesta de gravar con un incremento del 50% sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a propietarios de viviendas desocupadas. El gobierno local ha justificado su marcha atr¨¢s en el dictamen contrario del Consejo Consultivo de Andaluc¨ªa, que establece que "bajo la vigente regulaci¨®n, los ayuntamientos no pueden regular el concepto de vivienda desocupada con car¨¢cter permanente, al estar encomendado el desarrollo reglamentario en este punto al Gobierno de la naci¨®n".
En un comunicado, el Ayuntamiento sevillano manifiesta su "m¨¢ximo respeto" al pronunciamiento del Consejo Consultivo, que responde a una solicitud del propio consistorio. Este ¨®rgano apunta que "mientras no se produzca el desarrollo reglamentario previsto no es legalmente posible la exacci¨®n del recargo en cuesti¨®n". Y que, por tanto, "en principio carece de sentido plantearse si resulta correcto el concepto (...) al no corresponder al Ayuntamiento de Sevilla su regulaci¨®n".
El pronunciamiento del Consejo Consultivo responde a una solicitud del propio Ayuntamiento.
Inspecciones
A mediados de septiembre de 2007, el Ayuntamiento elev¨® a la Junta de Gobierno Local la propuesta de imponer un gravamen del 50 por ciento sobre el IBI aplicable a aquellos propietarios de inmuebles vac¨ªos permanentemente, donde no hubiera ning¨²n ciudadano empadronado.
La intenci¨®n del gobierno municipal era iniciar los trabajos para dar prioridad a las inspecciones municipales destinadas a detectar este tipo de viviendas. Tras este anuncio, el PP calific¨® de "inviable" la propuesta, que achac¨® al "puro af¨¢n recaudatorio", y advirti¨® de que, desde el punto de vista legal, es "tremendamente complicado" definir qu¨¦ es una vivienda vac¨ªa con car¨¢cter permanente.
El Ayuntamiento asegura que es "es evidente que esta medida no persegu¨ªa ning¨²n af¨¢n recaudatorio, como malintencionadamente suger¨ªa el Partido Popular, sino el cumplimiento de la legalidad". Y apunta que el recargo se implanta mediante una iniciativa legislativa de dicho partido en 2002 -cuando contaba con mayor¨ªa en las Cortes Generales-, con lo cual "resultan incongruentes y demag¨®gicas las manifestaciones vertidas al respecto" en su d¨ªa, reza el comunicado.
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