Territorio legaliza la urbanizaci¨®n de Torre la Sal

La Consejer¨ªa de Territorio y Medio Ambiente ha concluido el expediente abierto tras una denuncia que advert¨ªa de las irregularidades en la construcci¨®n y ocupaci¨®n de varios bloques de apartamentos en Torre la Sal (Cabanes). Seg¨²n fuentes de Marina d'Or, promotora y constructora de los inmuebles, la Generalitat ha resuelto el expediente concluyendo su legalidad. El informe administrativo se ha cerrado despu¨¦s de que el juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 3 de Castell¨®n decidiera, hace aproximadamente un a?o, archivar una denuncia presentada por un afectado ante la posible comisi¨®n de un delito de prevaricaci¨®n y tr¨¢fico de influencias, as¨ª como un presunto trato de favor al grupo Marina d'Or como adjudicataria y concesionaria de las licencias de construcci¨®n. As¨ª, seg¨²n la promotora, "la resoluci¨®n de la consejer¨ªa a?ade algo a lo ya resuelto por el juzgado, puesto que entra en el fondo de las cuestiones t¨¦cnicas y declara acreditado que las viviendas s¨ª que cuentan con suministro de agua, con depuradora y con desaladora y que todas las licencias concedidas, incluidas las de obra y ocupaci¨®n, cumplen el ordenamiento jur¨ªdico".

En cualquier caso, tal como record¨® ayer el concejal de Iniciativa en el Ayuntamiento de Cabanes, Carles Mulet, "hay m¨¢s de 20 contenciosos administrativos, en distintos juzgados, abiertos por el PAI Torre la Sal, y en ninguno de los casos se ha notificado el archivo a quien ha interpuesto los mismos". Adem¨¢s, especific¨® que Iniciativa mantiene abiertas tres denuncias presentadas ante la Fiscal¨ªa contra este PAI, "y ninguna de ellas ha sido archivada".

De hecho, poco despu¨¦s de que se archivara la denuncia presentada por el vecino afectado, la fiscal¨ªa reclam¨® a la Consejer¨ªa de Medio Ambiente documentaci¨®n sobre la aprobaci¨®n y desarrollo del programa de urbanizaci¨®n. La Fiscal¨ªa de Castell¨®n abri¨® diligencias de investigaci¨®n penal contra el alcalde de Cabanes, Artemio Siurana, y otros concejales del PP ante la posible comisi¨®n de los presuntos delitos de prevaricaci¨®n y contra la ordenaci¨®n del territorio al haber otorgado licencias de construcci¨®n sin que se hubieran cumplido los condicionantes previos de la declaraci¨®n de impacto ambiental.

Entre ellos figuraba la necesidad de que estuviera "debidamente autorizada" una desaladora. Pese a que ¨¦sta no estaba licitada, el ayuntamiento otorg¨® licencias para 460 viviendas.