La culpa es del ordenador
Bienestar Social excusa sus pobres n¨²meros en la aplicaci¨®n de la Ley de la Dependencia en problemas de compatibilidad inform¨¢tica con el ministerio
No hay m¨¢s datos oficiales sobre la aplicaci¨®n de la ley de la Dependencia que los publicados por el Ministerio de Educaci¨®n, Pol¨ªtica Social y Deporte todos los meses. Y en ellos, la Comunidad Valenciana no sale demasiado bien parada. Un ejemplo. Seg¨²n el ¨²ltimo informe, del 1 de enero, s¨®lo hay 34.248 solicitudes presentadas para percibir estas ayudas frente a las 725.411 de toda Espa?a (un 4,7%). Castilla y Le¨®n tiene 33.500 con la mitad de la poblaci¨®n valenciana. Otro ejemplo. El n¨²mero de peticiones ha aumentado de forma muy lenta en seis meses de las 30.757 que hab¨ªa a finales de junio a las 34.248 a finales de diciembre. ?C¨®mo se explican estas pobres cifras?
Los datos los env¨ªan las propias comunidades aut¨®nomas al ministerio a trav¨¦s de un programa inform¨¢tico. Y ah¨ª est¨¢ el problema, seg¨²n Bienestar Social: en la incompatibilidad de las aplicaciones de las dos Administraciones p¨²blicas. "Hasta que nuestros inform¨¢ticos no acaben de implantar el programa del ministerio no se actualizar¨¢n los datos", apuntan desde el departamento que dirige Juan Cotino, "poco a poco estamos poniendo al d¨ªa la informaci¨®n".
El retraso de la Generalitat le est¨¢ costando dinero, seg¨²n el PSPV
Bienestar Social sostiene que hay miles de solicitudes que no se han podido remitir al ministerio por esto y porque est¨¢n en proceso de cribaje -"no est¨¢n completas, est¨¢n triplicadas, hay que estudiarlas..."-. La consejer¨ªa se niega a dar la cifra exacta, m¨¢s all¨¢ de apuntar: "Ser¨¢n unas 20.000 peticiones m¨¢s", que habr¨ªa que a?adir a la cifra oficial.
?Y estos problemas inform¨¢ticos, s¨®lo afectan a la Comunidad Valenciana?. "No lo s¨¦", responden fuentes de la consejer¨ªa, "aunque otras autonom¨ªas han denunciado incidentes similares".
Estas excusas no convencen al diputado socialista Antonio Torres. "En total, debe de haber por lo menos 70.000 solicitudes reales para percibir las ayudas, lo que sucede es que como el ritmo de tramitaci¨®n y reconocimiento de los beneficiarios es tan lento y la consejer¨ªa est¨¢ tan retrasada, s¨®lo saca a la luz las peticiones des que se encuentran al final del proceso y as¨ª, aparentemente, su eficiencia en la gesti¨®n es mayor".
Torres habla de 70.000 solicitudes porque esta cifra representa el 10% de las presentadas en toda Espa?a, y el porcentaje responde al peso de la Comunidad Valenciana en todo el Estado. "Pero probablemente sean m¨¢s". No s¨®lo la Generalitat es deficitaria en n¨²mero de peticiones de ayudas presentadas respecto a lo que le corresponder¨ªa por poblaci¨®n, tambi¨¦n Madrid. Por ello, "estamos hablando de que la cifra total deber¨ªa aproximarse a las 900.000 solicitudes, 90.000 de ellas presentadas aqu¨ª".
El diputado socialista acusa a la Administraci¨®n valenciana de perjudicar a los dependientes con este retraso en el reconocimiento y aprobaci¨®n de peticiones. El Estado aporta una subvenci¨®n, el llamado nivel m¨ªnimo de protecci¨®n, por cada beneficiario que le comunican las comunidades aut¨®nomas, y a menor n¨²mero de solicitudes reconocidas, menores beneficiarios y menores ingresos. En la ¨²ltima tabla de liquidaci¨®n de estos fondos, correspondiente a mayo del a?o pasado, el Gobierno hab¨ªa concedido a la Comunidad Valenciana 1,57 millones de euros por 6.992 beneficiarios. Autonom¨ªas mucho menos pobladas, como Extremadura, duplicaban esta cifra con 4.938 ayudas reconocidas y 3 millones de euros distribuidos. Y Castilla y Le¨®n alcanzaba los 11.270 beneficiarios y 6,7 millones de euros. La agilidad en la gesti¨®n tiene su recompensa.
Torres sostiene que este retraso es intencionado. Cuantos m¨¢s beneficiarios reconozca la Consejer¨ªa de Bienestar Social m¨¢s dinero percibir¨¢ del Estado, pero m¨¢s tendr¨¢n que aportar las arcas valencianas, ya que la financiaci¨®n es compartida. "No tienen fondos suficientes, por lo que lo est¨¢n retrasando todo".
En este cruce de reproches, Bienestar Social replica que el ministerio le debe 5 millones de euros correspondientes a diciembre pasado y que el hecho de no incluir m¨¢s solicitudes en los listados oficiales del Gobierno "nos esta costando dinero", ya que parte de estos beneficiarios fantasmas reciben ayudas.
"Puede haber problemas inform¨¢ticos y que se sea m¨¢s escrupuloso que en otras autonom¨ªas a la hora de comprobar y admitir solicitudes", comenta un experto en esta cuesti¨®n que prefiere no ser identificado. "Lo que est¨¢ claro es que el equipo de Cotino desmantel¨® la estructura que hered¨® para aplicar la Ley de la Dependencia y le ha costado a?o y medio levantar otra y ponerla en marcha", sentencia.
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