Un veto presidencial

A Dios lo que es de Dios y al C¨¦sar lo que es del C¨¦sar", hemos repetido todos al un¨ªsono, en Occidente, desde hace 20 siglos, como si la benem¨¦rita sentencia nos resolviera algo. Bien sabemos que no est¨¢ terminado el debate que abrieron las revoluciones liberales cuando desde hace dos siglos emprendieron la secularizaci¨®n del Estado. Naturalmente, el centro de las discusiones va cambiando con los tiempos y, hoy por hoy, se ha reducido a la educaci¨®n y los temas de bio¨¦tica.

Espa?a no est¨¢ lejos de estas preocupaciones y mi pa¨ªs, el Uruguay, donde hace casi un siglo que la Iglesia, separada del Estado, no vive mayores conflictos con el poder laico, estas ¨²ltimas semanas ha vivido una curiosa situaci¨®n a prop¨®sito de una ley que despenalizaba el aborto.

En Uruguay, pa¨ªs de fuerte tradici¨®n laica, el jefe del Estado anula la ampliaci¨®n de la ley del aborto

La bancada parlamentaria del Frente Amplio, coalici¨®n de izquierdas hoy gobernante, present¨® un proyecto de ley ampliando las causas de exoneraci¨®n criminal, que fue votado por ellos y unos pocos legisladores de la oposici¨®n, entre los que me encontr¨¦. El presidente de la Rep¨²blica, en cambio, y tal cual se preve¨ªa, vet¨® la ley. El Parlamento intent¨® levantar el veto, hubo mayor¨ªa simple pero no la suficiente, porque en esos casos se requiere el concurso de los 3/5 de los votos parlamentarios. El presidente, sin embargo, se ha declarado ofendido con sus diputados y senadores correligionarios, al punto que acaba de renunciar a su afiliaci¨®n al Partido Socialista al que pertenece.

La historia es muy curiosa, en un pa¨ªs con la fuerte tradici¨®n laica del Uruguay. Pensemos, simplemente, que en 1861 se secularizaron los cementerios, en 1877 la ley organiz¨® la ense?anza p¨²blica "laica, gratuita y obligatoria" y en 1879 el Registro de Estado Civil alej¨® de esa actividad a la tradicional que oficiaba la Iglesia. En 1855 el matrimonio civil pas¨® a ser el ¨²nico v¨¢lido, en 1906 se retiraron los crucifijos de los hospitales p¨²blicos y en 1907 se dict¨® la primera ley de divorcio, que se complementa seis a?os despu¨¦s con la posibilidad de disoluci¨®n del v¨ªnculo matrimonial por la sola voluntad de la mujer, sin expresi¨®n de causa ni necesidad de juicio. En 1917, la Constituci¨®n estableci¨® la definitiva separaci¨®n de Iglesia y Estado y, a partir de entonces, la convivencia religiosa gener¨® un amplio clima de tolerancia y pluralismo. Todo este proceso fue impulsado en su tiempo por el Partido Colorado, una vieja colectividad liberal, que construy¨® a principios del siglo pasado la primera social-democracia, real y efectiva, de nuestra Am¨¦rica. Naturalmente, el proceso fue siempre apoyado por socialistas y anarquistas, entonces minor¨ªa de minor¨ªas, pero hoy gobierno en el pa¨ªs. Y de ah¨ª, entonces, la paradoja de que el presidente socialista se enfrenta a su partido, con el apoyo de la Iglesia Cat¨®lica.

El arzobispo de Montevideo amenaz¨® con la excomuni¨®n a los legisladores cat¨®licos que votaron la despenalizaci¨®n, agrediendo el principio del sistema representativo que ha querido proteger la m¨¢xima independencia de juicio de quienes ejercen un mandato popular. Y ahora felicita al presidente, pues todo ha quedado, por el momento, en la nada.

M¨¢s all¨¢ de la extra?a situaci¨®n pol¨ªtica, el tema no saldr¨¢ de escena. Quienes sostenemos que un feto de 12 semanas es una expresi¨®n de vida pero no una persona titular de derechos y obligaciones, nos enfrentamos a quienes defienden la tesis de que la protecci¨®n legal arranca con la concepci¨®n misma. Lo que lleva el debate a los procedimientos -leg¨ªtimos y legitimados- de la fecundaci¨®n in vitro que -en la tesis cat¨®lica, por estos d¨ªas reiterada- dar¨ªan car¨¢cter de persona a un ¨®vulo fecundado dentro de un tubo de ensayo y condenar¨ªan por genocida a quien destruya varios de ellos, por obligadas razones cient¨ªficas. Y as¨ª sucesivamente.

Mientras tanto, los abortos siguen y aunque la ley uruguaya despenaliza numerosas situaciones (incluso la causada por "angustia econ¨®mica"), en los hechos no hay mujer que siga un lento y publicitado proceso legal, exponi¨¦ndose as¨ª a los riesgos de las pr¨¢cticas clandestinas. ?stas, por otra parte, generan una fuerte discriminaci¨®n social, pues notoriamente las mujeres m¨¢s pobres son aquellas con menores posibilidades de conseguir m¨ªnimas garant¨ªas sanitarias.

Nadie podr¨ªa discutir que el aborto es una derrota, algo no deseable. Hoy en d¨ªa, incluso -con los m¨¦todos anticonceptivos disponibles- es una expresi¨®n de ignorancia que deber¨ªa superar el debate. Pero el hecho social est¨¢, y la pregunta, entonces, es si a esa mujer que, llevada por la desesperaci¨®n, interrumpe su embarazo, hay que declararla homicida y condenarla. Desde hace tiempo batallamos porque no sea as¨ª. Y habr¨¢ que seguir, en muchos pa¨ªses, procurando civilizar h¨¢bitos y seguir emancipando a la mujer de las consecuencias no queridas de su sexualidad. Porque la vida, despu¨¦s de todo, no puede ser fruto de la causalidad o la resignaci¨®n, sino de la voluntad y el amor. La fatalidad de los hechos no deber¨ªa nunca imponerse a las opciones de la libertad.

Julio Mar¨ªa Sanguinetti, ex presidente de Uruguay, es abogado y periodista.