Aguirre pierde la batalla contra la ley antitabaco nacional
La justicia anula el decreto de Madrid que suavizaba la prohibici¨®n
Nuevo rev¨¦s judicial a las pol¨ªticas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado el decreto auton¨®mico, aprobado en noviembre de 2006, que desarrolla la Ley Antitabaco de 2005. La justicia tumba as¨ª una de las normas con las que Aguirre ha estado desafiando al Gobierno. Su decreto antitabaco es mucho m¨¢s permisivo que la ley, ya que en la pr¨¢ctica permite fumar en m¨¢s lugares, como en los bares de los centros de trabajo, y elimina la necesidad de separar f¨ªsicamente las zonas de fumadores en los locales de m¨¢s de 100 metros.
La sentencia, con fecha de 30 de diciembre pero hecha p¨²blica ayer, estima el recurso contencioso administrativo que interpusieron el Ministerio de Sanidad, la asociaci¨®n nofumadores.org y la Organizaci¨®n de Consumidores y Usuarios (OCU), aunque no entra a valorar cuestiones de fondo, sino ¨²nicamente de forma. El tribunal declara nulo el decreto "por haberse omitido en su elaboraci¨®n el informe preceptivo del Consejo de Consumo" regional.
La sentencia no entra a valorar el fondo del decreto, s¨®lo la forma
Sanidad espera que la presidenta acabe con la tolerancia ante los fumadores
Seg¨²n la normativa, el Consejo debe "informar preceptivamente de las normas que afecten directamente a los consumidores", recuerda la sentencia. La Comunidad de Madrid aleg¨® que hab¨ªa aprobado su decreto en base a sus competencias en sanidad e higiene, y no a las de consumidores y usuarios, pero el tribunal no ha compartido esa tesis: "Es muy dif¨ªcil poder deslindar sanidad y derechos de los consumidores -fumadores y no fumadores- como as¨ª pretende la defensa de la Comunidad". La ausencia del tr¨¢mite, contin¨²a la sentencia, "impide que puedan analizarse las restantes alegaciones".
A eso se aferra el Gobierno de Aguirre. "La nulidad es ¨²nicamente por un defecto de forma", asegur¨® ayer a Efe la viceconsejera de Ordenaci¨®n Sanitaria, Bel¨¦n Prado, que a?adi¨®: "Nunca hemos dejado de cumplir con la ley estatal". La titular del Ministerio de Sanidad en 2006, Elena Salgado, nunca entendi¨® as¨ª el decreto de Aguirre. Dijo que supon¨ªa una "flagrante violaci¨®n" de la norma estatal. De hecho, el desarrollo de la ley antitabaco se convirti¨® en una batalla legal entre Sanidad y las comunidades del PP desde el primer momento. Adem¨¢s de la norma madrile?a, Salgado recurri¨® las de la Comunidad Valenciana, La Rioja y Castilla y Le¨®n. Pero la de Aguirre era a¨²n "peor", explic¨® el Ministerio en una nota, porque "va mucho m¨¢s all¨¢".
El decreto madrile?o s¨®lo incluye los espacios de acceso a los clientes a la hora de computar si un local tiene m¨¢s o menos de 100 metros (cuando se sobrepasa ese espacio el due?o est¨¢ obligado a habilitar zona de fumadores). Adem¨¢s, permite fumar en los bares de los centros de trabajo si miden m¨¢s de 100 metros, cuando la ley proh¨ªbe absolutamente el tabaco en las empresas. La norma de Aguirre tambi¨¦n autoriza a fumar en celebraciones privadas y reservados de restaurantes y exime a los empresarios de separar f¨ªsicamente las zonas de fumadores. ?nicamente les exige "sistemas de extracci¨®n o eliminaci¨®n" de humos, algo que supone "menos garant¨ªas desde el punto de vista de la salud p¨²blica que lo que recoge la Ley estatal", afirma en su demanda el abogado del Estado en defensa del Ministerio de Sanidad.
La Comunidad de Madrid puede recurrir en el Tribunal Supremo la sentencia del TSJM. Una portavoz del departamento que encabeza Juan Jos¨¦ G¨¹emes asegur¨® ayer que sus servicios jur¨ªdicos todav¨ªa est¨¢n estudiando la sentencia. Si no la recurren, ser¨ªa firme y por tanto quedar¨ªa anulado el decreto auton¨®mico. En caso de acudir en casaci¨®n al Supremo (que puede tardar entre dos y tres a?os en pronunciarse), los demandantes podr¨ªan pedir la ejecuci¨®n provisional de la sentencia. "Estamos esperando al movimiento que haga la Comunidad. Al ser una cuesti¨®n de forma, nos preocupa que no recurra y elabore de nuevo el decreto, esta vez pasando por el Consejo de Consumo", afirm¨® ayer la presidenta de nofumadores.org, Raquel Fern¨¢ndez.
Sanidad conf¨ªa en que Aguirre "entre en raz¨®n" tras el fallo y cambie su pol¨ªtica antitabaco. "Esperamos que acate la sentencia y no contin¨²e con recursos. Es una buena oportunidad para rectificar y trabajar juntos en busca de una pol¨ªtica com¨²n", asegur¨® ayer el secretario general de Sanidad, Jos¨¦ Mart¨ªnez Olmos.
Los pulsos de la presidenta de Madrid
- Educaci¨®n para la Ciudadan¨ªa. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ampara la objeci¨®n de conciencia de los padres. En marzo del a?o pasado anunci¨® que los que se declararan objetores en Madrid quedar¨¢n exentos de cursar la asignatura y de ser evaluados. Al existir distintas sentencias de distintos tribunales superiores, la cuesti¨®n de si es legal o no objetar a la asignatura ha llegado al Tribunal Supremo, que se pronunciar¨¢ la semana que viene.
- Listas de espera quir¨²rgica. Cuando lleg¨® al poder, en 2003, Aguirre cambi¨® el sistema de contabilidad de la lista de espera quir¨²rgica. Dividi¨® a los pacientes en tres grupos: los de la lista de espera oficial, los excluidos por tener pendiente la visita con el anestesista (lo que demora en unos 30 d¨ªas la espera media) y los que lo est¨¢n por negarse a ser operados en una cl¨ªnica privada. Ese sistema supuso que el Ministerio de Sanidad expulsara a Madrid del c¨®mputo nacional por considerar que incumple la normativa estatal.
- Ley de Dependencia. Madrid se neg¨® desde el principio a comunicar sus valoraciones de las personas dependientes al Gobierno. El Ejecutivo regional aseguraba que su sistema de ayuda a la dependencia previo a la ley estaba muy desarrollado y que m¨¢s de 130.000 personas con distintos tipos de discapacidad estaban ya siendo atendidas. A 1 de enero, Madrid s¨®lo hab¨ªa registrado 33.500 solicitudes, el 4,62% del total.
- Ayudas al alquiler. Aguirre impugn¨® a finales de 2007 el real decreto de Renta B¨¢sica de Emancipaci¨®n del Ministerio de Vivienda al presentar un requerimiento de competencia al Gobierno central. Consideraba que la norma invad¨ªa sus atribuciones en materia de vivienda en la tramitaci¨®n de las ayudas. En febrero de 2008 Madrid era la ¨²nica comunidad que no hab¨ªa aprobado ayudas al alquiler. Aduc¨ªa razones t¨¦cnicas.
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