Tira y afloja judicial
Las asociaciones judiciales quieren "di¨¢logo" con el ministerio, pero mantienen la protesta
No fue posible el acuerdo, pero no se ha perdido la esperanza de conseguirlo. Es lo que se deduce de la reuni¨®n mantenida el pasado lunes entre las asociaciones judiciales y una representaci¨®n del Ministerio de Justicia, con Bermejo a la cabeza. Hubo aproximaciones, pero tambi¨¦n escollos, como la resistencia de los jueces a que se les desapodere de la facultad de se?alamientos de juicios y vistas para atribu¨ªrsela a los secretarios, como contempla la reforma sobre la oficina judicial que se tramita en el Parlamento.
Lo positivo de la reuni¨®n es que los contactos no se han roto y que se seguir¨¢ negociando. Pero sorprende que asociaciones que apuestan, seg¨²n uno de sus representantes, por "un proceso de soluciones dialogadas" mantengan al mismo tiempo una acci¨®n de protesta para el d¨ªa 18 de febrero que, por m¨¢s simb¨®lica que sea (concentraciones de 10 minutos sin toga), no deja de ser una coacci¨®n.
Es cierto que las asociaciones judiciales est¨¢n condicionadas por el movimiento asambleario auspiciado por las juntas de jueces de importantes enclaves como Madrid y Barcelona. Si este movimiento todav¨ªa minoritario se extiende, no es descartable que la situaci¨®n de la justicia se agrave todav¨ªa m¨¢s y se agudice la sensaci¨®n de frustraci¨®n que parece existir en no pocos jueces. ?Qu¨¦ otra cosa puede derivarse del choque directo con el Gobierno que parece propiciar ese movimiento asambleario con la convocatoria para la misma fecha del 18 de febrero de una huelga en toda regla, al margen de todo proceso negociador?
Las asociaciones han aparcado las reivindicaciones retributivas, lo que en este momento de crisis remueve uno de los obst¨¢culos para el acuerdo. Y por parte del Ministerio de Justicia se ha dado una prueba de buena voluntad aumentando en 20 millones de euros la partida presupuestaria destinada a la modernizaci¨®n inform¨¢tica. En otras cuestiones, como el aumento de la plantilla judicial, el acuerdo parece posible si se precisa su alcance. ?Hay capacidad presupuestaria para crear m¨¢s de 150 plazas judiciales por a?o y, sobre todo, para dotarlas de jueces solventes? Y sobre los se?alamientos, los jueces deber¨ªan sopesar si esa competencia es coherente con la reforma que con su benepl¨¢cito atribuy¨® hace seis a?os al secretario la jefatura de la oficina judicial, responsabiliz¨¢ndolo de los tr¨¢mites administrativos del proceso.
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