Los jueces proponen servicios m¨ªnimos s¨®lo para casos urgentes
Las juntas y asambleas de magistrados mantienen las reivindicaciones salariales
Ya est¨¢ resuelta una de las principales dudas que se cern¨ªa sobre la huelga de jueces del pr¨®ximo d¨ªa 18. Los magistrados de Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Teruel, Castilla-La Mancha, Tarragona, Extremadura y Majadahonda (Madrid) proponen como servicios m¨ªnimos un juez de cada 10 en cada orden jurisdiccional y una secci¨®n de Audiencia Provincial por cada 10 de la misma sede. Tambi¨¦n respetar¨¢n las actuaciones de servicios de guardia, las causas con preso o detenido y la tramitaci¨®n de asuntos urgentes (registros, medidas cautelar¨ªsimas, violencia sobre la mujer...). El decreto-ley que regula el derecho de huelga establece que corresponde a "la autoridad gubernativa" la fijaci¨®n de los servicios m¨ªnimos. En la judicatura, esa autoridad ser¨ªa el Consejo General del Poder Judicial.
Las asociaciones Foro Judicial Independiente (FJI) y Francisco de Vitoria (suman 820 afiliados) se han unido a la convocatoria del d¨ªa 18. Los que promovieron la movilizaci¨®n para ese d¨ªa en las juntas y asambleas del pasado 21 de enero mantienen, adem¨¢s, las reivindicaciones econ¨®micas como uno de sus principales caballos de batalla, seg¨²n los preavisos enviados al CGPJ. Unas reclamaciones que dejaron aparcadas las asociaciones en su reuni¨®n con el ministro de Justicia el pasado 26 de enero.
JpD rechaz¨® ayer por abrumadora mayor¨ªa la convocatoria de huelga. Se suma as¨ª a la mayoritaria Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura, que se mantiene en el plan inicial de dejar la huelga para junio y s¨®lo si las negociaciones con el Gobierno fracasen.
Representantes de las asociaciones Francisco de Vitoria y del FJI acudir¨¢n esta ma?ana al CGPJ y al Ministerio de Justicia para notificar la convocatoria de huelga. Ambos colectivos consideran que, a partir de ese momento, cualquiera de los m¨¢s de 4.500 jueces y magistrados que hay en Espa?a podr¨¢ secundar la protesta, al margen de las decisiones de las juntas o asambleas de jueces de su partido judicial, provincia o comunidad aut¨®noma. Los convocantes han constituido un comit¨¦ de huelga de cinco personas en el que han delegado su representatividad muchos de los m¨¢s de 850 jueces de las 32 ciudades espa?olas que apoyaron la protesta.
Con todo, los convocantes est¨¢n pendientes de la decisi¨®n que adopte el CGPJ el pr¨®ximo lunes. En un pleno extraordinario, se pronunciar¨¢ sobre la legalidad de la huelga. "No me cabe en la cabeza que se proh¨ªba, porque es un derecho fundamental, pero si as¨ª fuera, lo acatar¨ªamos y recurrir¨ªamos ante el Supremo", explic¨® Sebasti¨¢n Moralo, representante de Francisco de Vitoria. Los convocantes tambi¨¦n conf¨ªan en que en esa reuni¨®n se fijen los servicios m¨ªnimos, que tambi¨¦n recurrir¨¢n si los consideran abusivos.
M¨¢s all¨¢ del pr¨®ximo d¨ªa 18, las asociaciones FV y FJI solicitar¨¢n una reuni¨®n con el presidente del Gobierno, con el presidente del Poder Judicial y los de las comunidades con competencias transferidas. El 18 de abril acudir¨¢n al Ministerio de Justicia para reclamar las reivindicaciones pendientes y mantienen la convocatoria de huelga para el 26 de junio.
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