El urbanizador del PAI que Ulibarri ejecuta en Rocafort no aval¨® la obra

El Programa de Actuaci¨®n Urban¨ªstica (PAI) El Bovalar de Rocafort, que construye una de las sociedades del empresario Jos¨¦ Luis Ulibarri, investigado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garz¨®n, est¨¢ en marcha pese a que la empresa urbanizadora, Urbanite, SL, no deposit¨® en su d¨ªa el aval al que obliga la legislaci¨®n. La falta de este tr¨¢mite impidi¨® que el Registro de la Propiedad lo inscribiese en su d¨ªa, seg¨²n la documentaci¨®n a la que ha tenido acceso este diario. "En el proyecto no se acreditan los avales que debe prestar Urbanite, SL, al Ayuntamiento de Rocafort, garantizando la urbanizaci¨®n", dice la certificaci¨®n del registro.

El plan residencial El Bovalar ha tenido, como tantos otros proyectos, una tramitaci¨®n controvertida. El proyecto afectaba, de acuerdo con el planteamiento original, a unos 150.000 metros cuadrados de suelo no urbanizable y preve¨ªa la construcci¨®n de 550 viviendas en un municipio de 6.000 habitantes. Urbanite, SL present¨® el PAI al consistorio presidido por el PP en mayo de 2003, poco antes de los comicios locales. El coste se estim¨® en un principio en 7,7 millones de euros, que tras unas modificaciones se elev¨® a 9,1 millones. El agente urbanizador, Urbanite, SL, est¨¢ participado por varias empresas vinculadas a la familia Serratosa Caturla. Entre los accionistas est¨¢n Inmobiliaria Electra, la concesionaria Divesa, Bancolor o Serca Inversiones.

La Declaraci¨®n de Impacto se dio a conocer un a?o despu¨¦s de dictarse

La corporaci¨®n municipal surgida de las urnas, con el popular Sebasti¨¢n Bosch al frente, lo aprob¨® provisionalmente dos meses m¨¢s tarde y lo adjudic¨® a la sociedad de los Serratosa. Casi tres a?os despu¨¦s, el 6 de marzo de 2006, fue aprobado por la Comisi¨®n Territorial de Urbanismo de la Generalitat, con Rafael Blasco todav¨ªa de consejero. El 28 de abril de ese a?o la corporaci¨®n municipal de Rocafort, que gobierna el PP con mayor¨ªa absoluta, lo ratifica.

El grupo municipal socialista y el partido en Rocafort presentaron recursos de reposici¨®n y de alzada -en junio y julio de 2006- contra la aprobaci¨®n del PAI ante la alcald¨ªa y ante la consejer¨ªa, que hab¨ªa pasado a manos de Esteban Gonz¨¢lez Pons, ahora portavoz del PP nacional. Entre otros motivos, los socialistas denunciaron que el proyecto no reservaba suelo para la construcci¨®n de viviendas protegidas.

Ninguno de los dos sali¨® adelante. La Declaraci¨®n de Impacto Ambiental, preceptiva para que el proyecto recibiese luz verde de la Generalitat, se produjo en octubre de 2005, pero no se hizo p¨²blica hasta un a?o despu¨¦s, se?alan fuentes municipales de Rocafort. Precisamente en ese periodo se aprob¨® y se adjudic¨® con car¨¢cter definitivo el PAI.

La ¨²nica instituci¨®n que logr¨® paralizar el proyecto urban¨ªstico promovido por Urbanite y que ejecuta la empresa de Ulibarri fue Ayuntamiento de Godella, que impugn¨® la reparcelaci¨®n del proyecto ante el Tribunal Superior de Justicia por la canalizaci¨®n de un barranco.

Una parte de El Bovalar est¨¢ sobre terrenos que hasta el a?o 1996, en que se efectu¨® el deslinde, pertenec¨ªan al t¨¦rmino municipal de Godella. Ese Ayuntamiento aleg¨® que la urbanizaci¨®n podr¨ªa crear a Godella problemas de inundabilidad y adem¨¢s se ve¨ªa afectado por las obras de encauzamiento en el barranco dels Frares.

En abril de 2008, la sala de lo contencioso-administrativo n¨²mero 2 de Valencia adopt¨® como medida cautelar la paralizaci¨®n de las obras. El urbanizador recurri¨® y tras seis meses de par¨®n, el tribunal permiti¨® que se reanudasen los trabajos en parte del programa urban¨ªstico.