Corrupci¨®n, corruptelas y comportamientos irregulares

Cuando se habla de corrupci¨®n en el lenguaje vulgar (esto es, el lenguaje que usa el vulgo, el pueblo llano), siempre se hace referencia, inequ¨ªvocamente, a comportamientos delictivos de las autoridades o funcionarios, por m¨¢s que, quien as¨ª se expresa, no sea capaz de acertar a calificar, en t¨¦rminos precisos, de qu¨¦ delito de los tipificados en el C¨®digo penal se est¨¢ hablando. No hace falta ser un jurista para comprender que si un ministro, un conseller o un alcalde o concejal acepta dinero por otorgar la concesi¨®n de un servicio p¨²blico a una empresa privada, o por adjudicar una determinada obra p¨²blica, o el desarrollo, como agente urbanizador, de un determinado plan urban¨ªstico, ese funcionario est¨¢ cometiendo un delito, sin importar mucho si se est¨¢ ante un cohecho o ante una prevaricaci¨®n, o ante ambos.

Los hechos conocidos de un consejero son tan faltos de ¨¦tica que deber¨ªa haber dimitido

Sin embargo, cuando el vulgo habla de corruptelas o de comportamientos irregulares, normalmente, hace referencia a comportamientos ilegales, aunque no necesariamente delictivos; o, incluso, a comportamientos que, siendo legales, implican un cierto abuso o, al menos, un uso discutible de posici¨®n dominante o un ejercicio arbitrario del poder. El pueblo llano entiende, perfectamente, que la Administraci¨®n goza, en determinados ¨¢mbitos, de un margen discrecional de actuaci¨®n y, en el ejercicio de ese poder discrecional, tiene un margen de arbitrio para tomar determinadas decisiones. Arbitrio, obviamente, no quiere decir arbitrariedad, y esto tambi¨¦n lo entiende el m¨¢s com¨²n de los mortales, pero tambi¨¦n todo el mundo es consciente de que hay m¨²ltiples formas de amparar esas decisiones, aparentemente discrecionales pero sustancialmente arbitrarias, porque la propia ley utiliza, en ocasiones, conceptos (ejemplo cl¨¢sico es el de "inter¨¦s general") cuyo contenido, por su vaguedad o ambig¨¹edad, no es f¨¢cil de precisar y sirven, m¨¢s veces de lo deseable, para justificaci¨®n esas decisiones arbitrarias.

Todo esto viene al caso porque cuando un ministro, un conseller o un alcalde es sorprendido habiendo favorecido a amigos o parientes, la autom¨¢tica respuesta, en los ¨²ltimos tiempos, suele ser siempre la misma: "Mi conciencia est¨¢ tranquila porque todo lo hecho es legal". Aceptando la conclusi¨®n, no la de que la conciencia de esa autoridad est¨¦ tranquila, cosa que al pueblo llano le suele importar poco, sino la de que todo lo hecho es legal, a¨²n queda mucho trecho para poder decir, a su vez, que tambi¨¦n es ¨¦ticamente irreprochable. Porque la actuaci¨®n de un servidor p¨²blico no s¨®lo est¨¢ regida por la estricta legalidad, dentro de los m¨¢rgenes de actuaci¨®n de sus atribuciones discrecionales; sino, del mismo modo, por las reglas del buen gobierno, entre las que se incluye, generalmente, la necesidad de un comportamiento objetivo, ¨ªntegro, neutral, responsable, cre¨ªble, imparcial, transparente, ejemplar, austero, accesible, honrado, etc¨¦tera, seg¨²n rezan los propios C¨®digos de Buen Gobierno que, en los ¨²ltimos tiempos, han llegado a adquirir rango legal.

Un funcionario que acepta sobornos o que decide, de forma ilegalmente injusta y grosera, conceder una licencia de obra, es un sujeto que habr¨¢ cometido un delito y, por ello, afortunadamente, todo el mundo acepta, incluso los propios pol¨ªticos, que debe ser castigado y apartado del cargo. Ese apartamiento del cargo tambi¨¦n es sentido como necesario para el pueblo llano cuando se imputa (no ya se condena) a un funcionario por delito o, incluso, cuando detecta que ese funcionario ha cometido corruptelas o comportamientos que se deben de valorar como irregulares desde la ¨¦tica del buen gobierno, y, sin embargo, los pol¨ªticos que rigen los partidos, o los gobiernos, suele tener, en todos estos casos, una conciencia laxa. No tanto porque, si son sinceros con ellos mismos, sus convicciones ¨¦ticas profundas no les dicte lo mismo que al pueblo llano, sino porque hay intereses prevalentes (fundamentalmente, de partido o de Gobierno) que les modela, de esa forma tan inaceptablemente tolerante, su conciencia, la cual, en alg¨²n punto de su carrera, termina por esfumarse.

En nuestra Comunidad Aut¨®noma estamos viviendo, en los ¨²ltimos d¨ªas, un caso llamativo en el que un conseller ha sido sorprendido favoreciendo a amigos en el ¨¢mbito de determinadas concesiones administrativas y, autom¨¢ticamente, su respuesta, a¨²n admitiendo, b¨¢sicamente, los hechos que le eran atribuidos, ha sido la previsible: todo es legal. Como ciudadanos, obviamente, damos eso por descontado; hasta ah¨ª podr¨ªamos llegar, que un conseller no act¨²e sometido a la estricta legalidad. Pero el problema no reside en eso, o al menos no s¨®lo en eso. Lo narrado por la prensa pone en evidencia, de una forma tan meridianamente clara, una falta absoluta de ¨¦tica en el buen gobierno que es m¨¢s que suficiente para que, si el interesado no dimite, sea fulminantemente cesado. Porque nos estamos jugando, especialmente en el caso de las generaciones j¨®venes, un descr¨¦dito y un descreimiento en la pol¨ªtica y en los pol¨ªticos que, a medio o largo plazo, puede poner en riesgo el propio sistema democr¨¢tico, porque ya est¨¢ generando los argumentos, de naturaleza fascistoide, de que todos los pol¨ªticos son iguales, de que la pol¨ªtica no sirve para nada, y un largo etc¨¦tera argumental, del mismo tenor, que en Alemania, por ejemplo, y en una maltrecha y convulsa situaci¨®n pol¨ªtica, econ¨®mica y social, ech¨® por tierra la Rep¨²blica de Weimar y dio paso, en el a?o 1933, al nazismo.

Quien no recuerde y tenga presente la Historia est¨¢ condenado a repetirla y los ciudadanos nos merecemos que los pol¨ªticos sean los primeros en recordar la Historia y asumir su responsabilidad para garantizarnos un futuro democr¨¢tico y evitar que el ciclo del autoritarismo nos vuelva a visitar m¨¢s pronto que tarde. Los tiempos que corren, con una crisis econ¨®mica global que, seguramente, transformar¨¢ nuestra realidad pol¨ªtica, social y econ¨®mica en los a?os venideros, exige una forma de hacer pol¨ªtica y una ¨¦tica gobernante mucho m¨¢s exigente y no basta con que, repetidamente, como ocurre por estos lares, se nos venda humo, cont¨¢ndonos las bondades de la gesti¨®n p¨²blica y la honorabilidad de los gobernantes, bondades y honorabilidad que, sinceramente, a un ciudadano de a pie a veces le es dif¨ªcil reconocer.

Bernardo del Rosal es catedr¨¢tico de Derecho Penal de la Universidad de Alicante y ex S¨ªndic de Greuges.