El papel de Espa?a en misiones internacionales

El pasado mes de enero se cumplieron 20 a?os desde que Espa?a comenz¨® a participar en operaciones internacionales de paz. Desde entonces, y en el marco de un significativo incremento de la respuesta internacional ante situaciones de conflicto, unos 105.000 soldados espa?oles han participado en m¨¢s de 50 operaciones con un coste humano de 148 muertos y un presupuesto acumulado de unos 3.600 millones de euros (casi 650 en 2008). Ahora, por boca de la ministra de Defensa, el Gobierno ha decidido eliminar el techo que ¨¦l mismo se hab¨ªa impuesto en 2005 de no superar los 3.000 efectivos en el exterior. Resulta a todas luces una medida adecuada por varios motivos.

En primer lugar, porque es precisamente esa implicaci¨®n de los ej¨¦rcitos espa?oles lo que m¨¢s ha contribuido a modificar la negativa imagen que la propia sociedad espa?ola ten¨ªa de una instituci¨®n lastrada por un pasado felizmente superado. Adem¨¢s, desde una perspectiva puramente profesional, el reto que ha planteando la colaboraci¨®n con otras fuerzas armadas en condiciones de m¨¢xima exigencia ha mejorado muy notablemente la operatividad de quienes hasta entonces se hab¨ªan sentido muy limitados en sus capacidades. No menos importante es que, gracias a esa mayor implicaci¨®n en escenarios de alta inestabilidad, Espa?a ha aumentado en gran medida su peso internacional y en las organizaciones de las que forma parte.

Sigue pendiente una labor pedag¨®gica a escala nacional y un debate sobre qu¨¦ defensa necesitamos

Por otro lado, la eliminaci¨®n del techo se?ala una madurez pol¨ªtica que, por fin, logra desembarazarse del complejo de ser acusado de militarismo por ciertos sectores sociales o pol¨ªticos. El efecto negativo de la bochornosa participaci¨®n espa?ola en la invasi¨®n de Irak (hasta que en 2004 el entonces nuevo Gobierno orden¨® la retirada inmediata) ha gravado poderosamente el debate sobre este tema. Para no superar los niveles de fuerzas desplegados por gobiernos anteriores se han tenido que hacer permanentes filigranas contables para intentar atender a las misiones en el terreno, hasta llegar a la retirada de fuerzas en algunos casos (como en el dif¨ªcilmente explicable de Hait¨ª), para atender otras demandas m¨¢s urgentes (como L¨ªbano o Afganist¨¢n). Se ha considerado, err¨®neamente, que la opini¨®n p¨²blica no iba a distinguir entre una misi¨®n con respaldo de la ley internacional, que pod¨ªa suponer un despliegue m¨¢s numeroso, y otra ilegal o ileg¨ªtima, fuera cual fuera el nivel de tropas implicados en cualquiera de ellas. Un efecto contraproducente adicional de esta actitud ha sido la de elevar el riesgo de quienes ya estaban sobre el terreno, dado que no siempre ha sido posible cumplir con las tareas de protecci¨®n y asistencia a la poblaci¨®n local o a los elementos civiles del esfuerzo espa?ol y, simult¨¢neamente, con las de la propia seguridad del contingente militar.

En tercer lugar, esta decisi¨®n apunta al intento por adecuarse a una nueva etapa en la que es previsible que se le demande a Espa?a, que gusta de mostrar su preferencia por el multilateralismo efectivo, una mayor participaci¨®n en contextos tan complejos como, por ejemplo, Afganist¨¢n. Espa?a puede, y debe, contribuir a la paz y a la seguridad con sus medios militares, y de ah¨ª que sea una buena noticia que se muestre dispuesta a atender a dos operaciones principales (como lo son hoy L¨ªbano y Afganist¨¢n) y cuatro menores, identificando a ?frica y al Mediterr¨¢neo como ¨¢reas de atenci¨®n preferente. Del anuncio por la ministra en sede parlamentaria se deducen tres condiciones para la aprobaci¨®n de un despliegue en el exterior: a) el respaldo legal internacional (inicialmente identificado con la ONU, aunque s¨®lo el tiempo dir¨¢ si, como de hecho ya se contempla en la vigente Ley Org¨¢nica de la de Defensa, tambi¨¦n puede bastar con el que proporcionen las decisiones adoptadas en la OTAN o en la UE en su caso); b) la voluntad del pueblo espa?ol (a trav¨¦s de sus representantes en el Parlamento); y c) las capacidades militares existentes (lo que sit¨²a el l¨ªmite en torno a los 7.700 soldados, si se toma en consideraci¨®n la recomendaci¨®n de la OTAN de llegar hasta el 8% de los efectivos operativos de cada pa¨ªs miembro). Aunque no se fija expl¨ªcitamente, es innegable que los condicionantes presupuestarios (y m¨¢s en el marco de grave crisis econ¨®mica que ya padece Espa?a) van a pesar muy directamente sobre cualquier hipot¨¦tica decisi¨®n de env¨ªo de tropas al exterior.

El balance positivo cosechado hasta aqu¨ª no permite la relajaci¨®n. Aunque haya sido muy positivo para su imagen (y para lograr modificar las negativas tendencias de reclutamiento de un modelo de profesionalizaci¨®n inadecuadamente planteado en su origen) el papel principal de las fuerzas armadas no es su participaci¨®n en operaciones de paz en cualquiera de sus modalidades. Sigue estando pendiente una labor pedag¨®gica a escala nacional y un debate abierto para determinar qu¨¦ defensa necesitamos, y cu¨¢l es el papel de los ej¨¦rcitos en ella. No cabe justificar el todo por la parte y mucho menos disfrazarlos de lo que no son (ni bomberos, ni actores humanitarios). Hoy nuestra seguridad y la defensa de los valores que nos definen precisan de capacidades militares y es previsible que as¨ª lo entienda la opini¨®n p¨²blica.

Jes¨²s A. N¨²?ez Villaverde es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acci¨®n Humanitaria (IECAH).