Desafuero en Madrid

El Partido Popular de Madrid ha confirmado los peores pron¨®sticos sobre la comisi¨®n de investigaci¨®n establecida en la Asamblea aut¨®noma para esclarecer la trama de espionaje a altos cargos del Ayuntamiento y la Comunidad. No le ha bastado a Esperanza Aguirre con retrasar cerca de un mes el comienzo de los trabajos, rechazar 18 comparecencias, denegar la entrega de la mitad de los documentos solicitados por la oposici¨®n, establecer reglas de procedimiento injustificables e impedir que tomen la palabra las v¨ªctimas de los seguimientos; adem¨¢s, ha tenido que poner un colof¨®n ignominioso clausurando la comisi¨®n a u?a de caballo y por la puerta de atr¨¢s, al forzar la votaci¨®n sobre las conclusiones el pr¨®ximo mi¨¦rcoles y no el 31 de marzo como estaba previsto. Unas conclusiones, por cierto, a¨²n por conocer, pero no desconocidas: desde el momento mismo en que se constituy¨® la comisi¨®n, Esperanza Aguirre dej¨® claro que su objeto no era investigar los hechos, sino obtener un sobreseimiento apresurado de las pr¨¢cticas a las que recurre su Gobierno contra los disidentes de su propio partido. Y presuntamente con dinero p¨²blico.

La presidenta imagina que este comportamiento es signo de la fuerza pol¨ªtica que confiere un liderazgo incontestado y una mayor¨ªa absoluta. Se equivoca: lo ¨²nico que lo hace posible es el abuso de poder y el desprecio hacia las instituciones, de manera que el liderazgo democr¨¢tico se convierte en jefatura y la mayor¨ªa parlamentaria en complicidad pol¨ªtica. Los diputados auton¨®micos del Partido Popular que se han prestado d¨®cilmente a perpetrar este desafuero contra la Asamblea, contra los ciudadanos de Madrid y contra el esp¨ªritu del sistema constitucional han antepuesto la disciplina de un grupo pol¨ªtico en entredicho al mandato que recibieron de las urnas. Ellos tambi¨¦n, y no s¨®lo los diputados de la oposici¨®n, est¨¢n obligados a velar por la fortaleza de las instituciones, no a buscar mecanismos tortuosos para garantizar la impunidad de sus correligionarios y entorpecer el esclarecimiento de la verdad.

El desafuero pol¨ªtico de Aguirre en la Asamblea de Madrid es, adem¨¢s, un desaf¨ªo a la direcci¨®n del Partido Popular. A Mariano Rajoy le corresponde decidir si se coloca a la misma altura que los diputados populares de la Asamblea de Madrid, pleg¨¢ndose a la voluntad de una presidenta erigida en jefa de una comunidad aut¨®noma y sum¨¢ndose a la n¨®mina de sus c¨®mplices pol¨ªticos o si mantiene la palabra que comprometi¨® ante los ciudadanos sobre la necesidad de conocer qui¨¦n orden¨® el espionaje, qu¨¦ personas lo llevaron a cabo y con qu¨¦ fondos se financi¨®. Los documentos que permitieron conocer el esc¨¢ndalo existen, y su contenido fue confirmado por las v¨ªctimas, y as¨ª lo reconoci¨® Rajoy cuando decidi¨® dejar en suspenso la investigaci¨®n interna hasta comprobar el desarrollo de la comisi¨®n establecida en la Asamblea de Madrid. Ahora ya lo ha comprobado, y le corresponde decidir. Si consiente, la autoridad interna que parec¨ªa haber adquirido tras el resultado en Galicia quedar¨¢ en entredicho de la peor manera imaginable: no por una derrota electoral que desactive los efectos pol¨ªticos de aquella victoria, sino por el gesto caciquil de su m¨¢s recalcitrante rival.

En este contexto de forzada par¨¢lisis pol¨ªtica, la pasividad del fiscal que investiga el caso, Manuel Moix, resulta a¨²n m¨¢s inexplicable. La independencia de la justicia obliga a respetar sus ritmos. Pero el cierre vergonzante de la comisi¨®n de investigaci¨®n en la Asamblea de Madrid hace recaer sobre sus hombros mucho m¨¢s que la simple averiguaci¨®n de unos hechos: la demostraci¨®n de que el Estado de derecho sigue vigente en la comunidad que preside Esperanza Aguirre.