Dimite el fiscal anticorrupci¨®n que investigaba los bienes de los Kirchner

El responsable de la Fiscal¨ªa Nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, encargado de perseguir los delitos de corrupci¨®n de los funcionarios, present¨® en la noche del jueves su dimisi¨®n, cuatro meses despu¨¦s de que el procurador general de la Naci¨®n, Esteban Righi, firmara una resoluci¨®n acotando las facultades de su fiscal¨ªa. Garrido, de 45 a?os, considera que las nuevas condiciones reducen su oficina a un papel "casi intrascendente".

El fiscal se hab¨ªa significado en los ¨²ltimos cinco a?os por sus denuncias contra varios ministros y hab¨ªa impulsado una investigaci¨®n sobre el incremento de los bienes de la propia presidenta, Cristina Fern¨¢ndez, y de su marido, el ex presidente N¨¦stor Kirchner. En el ¨ªndice de percepci¨®n de corrupci¨®n que elabora Transparency International, y en el que se analizan 180 pa¨ªses, Argentina ocupa un penoso puesto 109, peor que Brasil (80), M¨¦xico (72), Colombia (70) o del muy cercano Uruguay (en un decoroso puesto 26).

La justicia tarda 14 a?os en tramitar las causas por corrupci¨®n

"Existe impunidad casi absoluta para robar al Estado", afirma el ex fiscal

Garrido, al que el Gobierno ha acusado repetidamente de excesivo protagonismo medi¨¢tico, afirma que se marcha de la fiscal¨ªa harto de "sufrir infinitas dificultades, tropiezos, zancadillas, inenarrables resistencias, deficiencias normativas y estructurales", en un pa¨ªs donde, afirma, "existe impunidad casi absoluta para robarle al Estado". Denunci¨® tambi¨¦n un recorte paulatino de medios hasta el extremo, dijo, que no se ha podido levantar la puerta del garaje de su oficina, que se desplom¨® hace cuatro meses.

El fiscal se reuni¨® hace pocos d¨ªas con el defensor del pueblo, Eduardo Mondino, y el presidente de la Auditor¨ªa General, Leandro Despouy, en un intento por formar una especie de frente anticorrupci¨®n y debi¨® llegar a la conclusi¨®n de que no ten¨ªa posibilidades de ¨¦xito. Mondino cesa en diciembre pr¨®ximo y ya se sabe que ser¨¢ sustituido por un dirigente af¨ªn a los Kirchner. Despouy se ha quejado ya repetidamente de la falta de apoyo para controlar las cuentas del Estado.

La dimisi¨®n de Garrido coincide, adem¨¢s, con la polvareda levantada por unas declaraciones del obispo Egu¨ªa Segu¨ª quien, de visita en Roma, declar¨® que "en Argentina, la corrupci¨®n est¨¢ institucionalizada. En sus intentos por quitar importancia a las declaraciones de su colega, otro obispo, Eduardo Garc¨ªa, puso la guinda: "Se est¨¢ dando demasiada trascendencia a algo que se sabe desde hace tiempo, que no se refiere a una realidad particular, sino a todos los ¨¢mbitos de la sociedad...".

La percepci¨®n de corrupci¨®n es, efectivamente, muy alta en Argentina, donde el hipot¨¦tico latrocinio de pol¨ªticos, sindicalistas y militares forma parte de la conversaci¨®n diaria del ciudadano medio. Los peri¨®dicos y revistas informan d¨ªa a d¨ªa de presuntos casos de enriquecimiento inexplicable sin que esas denuncias parezcan acarrear consecuencias (ni para los denunciantes ni para los denunciados).

La justicia -falta de medios, seg¨²n unos, o parcialmente mediatizada por el poder pol¨ªtico, seg¨²n otros- sufre grandes demoras en la tramitaci¨®n de las causas por corrupci¨®n. Catorce a?os de media, seg¨²n el Centro de Investigaci¨®n y Prevenci¨®n de Criminalidad Econ¨®mica. S¨®lo va deprisa cuando el denunciado es destituido, algo poco frecuente. Fue el caso, sin embargo, de la ministra de Econom¨ªa Felisa Miceli, procesada por el descubrimiento de una bolsa con 200.000 pesos en el cuarto de ba?o de su despacho.

"La gente descree del poder judicial y aprueba el s¨¢lvese quien pueda", se lamenta el abogado Ricardo Monner Sans, que lleva a?os intentando una cruzada particular contra la corrupci¨®n. El abogado ha presentado 33 denuncias formales en los ¨²ltimos cinco a?os, algunas de largo recorrido, como la que afecta al incremento de patrimonio del matrimonio Kirchner, otras relacionadas con miembros del gabinete, como el poderoso ministro de Planificaci¨®n, Julio de Vido (contra el que hay otras ocho denuncias), y finalmente otras que resultar¨ªan chistosas si no representaran un determinando ambiente: denunci¨® a las L¨ªneas A¨¦reas Federales (LAFSA), una empresa estatal, por no volar ni tener aviones pero pagar el sueldo de un gerente de atenci¨®n al p¨²blico y de mantenimiento. Monner denunci¨® tambi¨¦n el uso privado de bienes del Estado por parte de N¨¦stor Kirchner, porque viaja en aviones oficiales sin cargo alguno que lo justifique.

"Garrido me acompa?¨® en la denuncia sobre el patrimonio de los Kirchner. Ahora ya no s¨¦ lo que va a pasar", explic¨® ayer Monner Sans a EL PA?S. "La marcha del fiscal es un asunto grave porque se quiebra una de las pocas voces independientes que quedaban", a?adi¨®. "Es conveniente recordar, adem¨¢s, que el estudio jur¨ªdico del procurador general, Righi, atiende a los gordos sindicales", apunta Monner Sans. Los gordos son los m¨¢ximos responsables de la central sindical peronista, acusados tambi¨¦n en ocasiones de irregularidades y enriquecimiento inexplicable.

Un repaso nada exhaustivo por los archivos de prensa muestra que 21 altos funcionarios nombrados por los Kirchner est¨¢n siendo investigados por la justicia. Como no pod¨ªa ser menos, las Fuerzas Armadas no se libran de las acusaciones de corrupci¨®n: el ex jefe del Ej¨¦rcito, teniente general Roberto Bendini, est¨¢ procesado por irregularidades en el manejo de una cuenta bancaria supuestamente destinada a fondos extrapresupuestarios.