Un litigio mantiene 50 pisos municipales vac¨ªos en Vigo

un litigio urban¨ªstico mantiene en el centro de Vigo 50 viviendas de propiedad municipal vac¨ªas desde que se construyeron, hace 13 a?os. El alcalde, Abel Caballero, anunci¨® el a?o pasado su inmediata puesta en alquiler. Pero s¨®lo fue una optimista y ligera declaraci¨®n de intenciones que choca con una realidad espesa. La Xunta de Goberno local tuvo que nombrar hace mes y medio una comisi¨®n de expertos para desenmara?ar las implicaciones de las diversas sentencias que pesan sobre esa actuaci¨®n urban¨ªstica y buscarle una salida. Pero esta comisi¨®n tambi¨¦n parece haberse atascado y a¨²n no avanz¨® nada.

El conflicto se origina con el plan general de urbanismo de 1993, aprobado por unanimidad y vigente hasta el a?o pasado. En el centro de la ciudad, entre las calles Areal y Garc¨ªa Barb¨®n, hab¨ªa una bolsa de suelo de aspecto impresentable, con garajes, chabolos, muros y vegetaci¨®n asilvestrada. En total, un pol¨ªgono de 25.400 metros cuadrados que finalmente se clasific¨® como suelo urbano de ordenaci¨®n directa y, para actuar en ¨¦l, se adopt¨® el sistema de compensaci¨®n. En un tramo del eje central de la ordenaci¨®n, la calle Rosal¨ªa de Castro, se autoriz¨® la construcci¨®n de un aparcamiento subterr¨¢neo, a¨²n hoy el m¨¢s grande de Vigo, de 700 plazas, para ser explotado por la junta de compensaci¨®n, y ¨¦sta fue la primera bomba de relojer¨ªa que coloc¨® el programa.

Las viviendas construidas sobre una gasolinera est¨¢n habitadas

Una comisi¨®n de expertos estudia las posibles salidas del galimat¨ªas jur¨ªdico

Las obras fueron recepcionadas por el Ayuntamiento en junio de 1996. Cinco d¨ªas despu¨¦s de esa formalidad, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anul¨® los acuerdos municipales que hab¨ªan aprobado el estudio de detalle del ¨¢mbito y el proyecto de compensaci¨®n, ya que se hab¨ªan construido viviendas sobre una gasolinera, pese a estar prohibido.

La gasolinera sigue funcionando con las viviendas encima y, aunque esto podr¨ªa encontrar salida en el nuevo plan general, que sit¨²a la estaci¨®n de servicio fuera de ordenaci¨®n (a extinguir), la ejecuci¨®n de la sentencia contradir¨ªa otras leyes posteriores que proh¨ªben aprobar cualquier nuevo proyecto de compensaci¨®n en sustituci¨®n del anulado. Es uno de los aspectos jur¨ªdicos que tendr¨¢ que lidiar la comisi¨®n municipal de expertos, con un a?adido extra de complicaci¨®n: una junta de compensaci¨®n actualizada tendr¨¢ que incluir a los centenares de compradores de viviendas como propietarios interesados en el asunto.

El TSXG anul¨® tambi¨¦n, en enero de 1997, el proyecto de urbanizaci¨®n del ¨¢mbito por haber permutado el aprovechamiento municipal (10%) por "viviendas futuras" (las 50 que no han llegado a ocuparse); por la "inaceptable cesi¨®n [municipal] de la propiedad del subsuelo" para construir el aparcamiento y, finalmente, porque no pod¨ªa obligarse a los miembros de la junta de compensaci¨®n, como hab¨ªa sucedido, a costear la construcci¨®n de este aparcamiento y a explotarlo.

Otros procesos judiciales posteriores han instado la ejecuci¨®n de esas sentencias, que son firmes, ratificadas por el Tribunal Supremo, pero el Ayuntamiento no ha ejecutado ninguna, salvo el cierre, por denuncia de un particular, de seis negocios en uno de los edificios del ¨¢mbito.

El aparcamiento, que sigue funcionando pese a que los tribunales han ordenado reiteradamente su cierre, parece predeterminado a pasar a titularidad municipal, con la complicaci¨®n de que hay particulares que compraron y son propietarios de algunas plazas. Tambi¨¦n se ha instado el desalojo de las m¨¢s de 500 familias que habitan las viviendas del ¨¢mbito hasta que se resuelvan los desafueros, ya que todas ellas, aunque hayan sido compradas con todas las de la ley, carecen de licencia de primera ocupaci¨®n.

Las 50 viviendas vac¨ªas -de 80 a 100 metros de superficie- se encuentran en los edificios n¨²meros 12-14 de Rep¨²blica Argentina, de interior un tanto fantasmal. El Ayuntamiento paga por ellas 6.000 euros anuales en cuotas de comunidad, pero el deterioro, por falta de ocupaci¨®n, va ganando progresivamente mayores espacios. No se pueden alquilar ni hacer nada con ellas hasta que no est¨¦ definitivamente sentada su titularidad, en la que Renfe tambi¨¦n mantiene abierto otro litigio colateral: reclama al Ayuntamiento 10 de esas viviendas o 2,5 millones de euros por la edificabilidad que le correspond¨ªa en los solares que se urbanizaron.

La comisi¨®n de expertos nombrada por la Xunta de Goberno est¨¢ formada por dos jur¨ªdicos, un t¨¦cnico que combina los conocimientos urban¨ªsticos con los econ¨®micos, el secretario de la Xerencia Municipal de Urbanismo y otro t¨¦cnico de Planeamiento. Todos, funcionarios municipales que deber¨ªan conocer ya el asunto. Se les ha encomendado la elaboraci¨®n de una memoria o propuesta final de resoluci¨®n de todas las cuestiones, lo que no es precisamente sencillo. En el expediente -aun liberado de otros avatares judiciales hist¨®ricos, como una ruidosa imputaci¨®n de prevaricaci¨®n a toda la corporaci¨®n que aprob¨® el plan- concurren cuestiones de orden privado, patrimonial y urban¨ªstico que lo convierten en un galimat¨ªas. Y a la comisi¨®n que debe resolverlo no se le impuso ning¨²n plazo.