?Qu¨¦ conviene a Galicia?

Tras su reciente e importante remodelaci¨®n, el Gobierno ha proclamado solemnemente que para salir de la delicada situaci¨®n econ¨®mica en la que nos encontramos es imprescindible sumar al di¨¢logo social el pacto territorial, que comprometa a las comunidades aut¨®nomas en un proyecto global y coherente contra la crisis. A tal efecto ha decidido poner en marcha numerosas reuniones con todas las autonom¨ªas para debatir y, en su caso, alcanzar acuerdos sobre las m¨¢s diversas cuestiones, entre ellas las inversiones del Estado y el nuevo modelo de financiaci¨®n auton¨®mica.

Por fin el Gobierno ha descubierto el Mediterr¨¢neo, y parece haber tomado plena conciencia de la importancia que para la gobernabilidad del pa¨ªs tiene la espectacular transformaci¨®n que ha experimentado el Estado en los ¨²ltimos 30 a?os. Porque, en efecto, nominalismos aparte, el Estado auton¨®mico re¨²ne hoy todos los criterios que la teor¨ªa constitucional utiliza para definir el car¨¢cter federal de un Estado y, en consecuencia, este no puede ser gobernado seriamente sin tener en cuenta a las comunidades aut¨®nomas que disponen de instituciones representativas propias, no dependientes del poder central, de competencias pol¨ªticas y administrativas que incluyen el poder legislativo sobre numerosas y diversas materias, y que gestionan m¨¢s del 30% de los recursos financieros y dirigen casi el 50% de los funcionarios del pa¨ªs.

Lo que no nos interesa es una din¨¢mica de acuerdos bilaterales entre el Gobierno y las comunidades

La incomprensi¨®n de este hecho ha dado lugar en los ¨²ltimos a?os a numerosos conflictos e indeseables tensiones, la mayor¨ªa de las cuales podr¨ªan haberse evitado en el simple desarrollo de los preceptos constitucionales. Por ejemplo, el art¨ªculo. 131.2 de la Constituci¨®n dice literalmente: "El Gobierno elaborar¨¢ los proyectos de planificaci¨®n econ¨®mica de acuerdo con las previsiones que le sean suministradas por las comunidades aut¨®nomas (...) A tal fin se constituir¨¢ un Consejo, cuya composici¨®n y funciones se determinar¨¢ por ley".

Resulta evidente que si se hubiesen desarrollado los principios del mencionado art¨ªculo, el Gobierno se hubiera visto obligado a tomar en consideraci¨®n la propuestas de las comunidades aut¨®nomas antes de remitir los sucesivos proyectos de Presupuestos Generales del Estado al Congreso de los Diputados, a quien compete, desde luego, su aprobaci¨®n definitiva. ?Por qu¨¦, entonces, el citado art¨ªculo ha permanecido en un injustificable olvido durante los ¨²ltimos a?os? Simplemente, por la tendencia que se manifiesta en todos los partidos -ciertamente en unos m¨¢s que en otro- a identificar Estado con Administraci¨®n central, considerando las comunidades aut¨®nomas como simples delegaciones subordinadas a aqu¨¦lla, y no como poderes democr¨¢ticos, componentes del Estado, legitimados por mandato constitucional y por la voluntad de sus pueblos.

Y ¨¦sta es tambi¨¦n la raz¨®n por la que, hasta hoy, se ha negado por los sucesivos gobiernos la necesaria reforma del Senado, que permita la participaci¨®n de las autonom¨ªas en el dise?o estrat¨¦gico del Estado, tal como contempla el art¨ªculo 69 de la Constituci¨®n, y tal como sucede en todos los pa¨ªses que, como el nuestro, son descentralizados y compuestos.

Este ser¨ªa, sin duda, el modelo que interesa a Galicia frente a la din¨¢mica de acuerdos exclusivamente bilaterales entre el Gobierno y las diversas comunidades aut¨®nomas. Porque no conviene olvidar que comunidades como Madrid, Valencia, Catalu?a o Andaluc¨ªa han presentado ya propuestas que de prosperar tendr¨¢ efectos muy negativos para nuestros intereses. Y conviene tener muy presente que esas comunidades disponen de un peso demogr¨¢fico (electoral) muy superior al de Galicia y, por supuesto, mucho mayor peso econ¨®mico, y cuentan, adem¨¢s, con el respaldo legal que la reforma de sus Estatutos confiere a sus demandas, algo de lo que carece Galicia porque sus fuerzas pol¨ªticas han sido incapaces de reformar el nuestro en la pasada legislatura. La agenda pol¨ªtica de Jos¨¦ Blanco o la entusiasta reacci¨®n de Esperanza Aguirre ante los planes del nuevo ministro de Fomento son muy ilustrativas al respecto. Quiz¨¢ el debate de investidura que comenz¨® ayer en el Parlamento de Galicia aporte alguna luz sobre este problema. Veremos.