El diputado del PP Rafael Luna declarar¨¢ por el caso de Gr¨¤cia

La titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 9 de Barcelona llamar¨¢ a declarar en calidad de testigo al ex secretario general del Partido Popular (PP) y miembro de la mesa del Parlament, Rafael Luna, en el caso de la presunta extorsi¨®n a una comerciante de Gr¨¤cia por parte de dos militantes de ese partido.

La juez ha imputado al consejero del PP del distrito de Gr¨¤cia, Alberto Bel¨®n, y al concejal de Vallirana Antonio Penalba por los presuntos delitos de cohecho, tr¨¢fico de influencias y prevaricaci¨®n, por exigir suspuestamente a la propietaria de un bar el pago de 18.000 euros -de los que abon¨® 6.000- para agilizar los tr¨¢mites de la licencia de apertura.

En la querella, la propietaria sostiene que se entrevist¨® con Rafael Luna en su despacho del Parlament para denunciar la presunta actuaci¨®n de los dos militantes populares, un hecho que el propio dirigente del PP admite.La declaraci¨®n de Luna en calidad de testigo se realizar¨¢ por escrito, seg¨²n explicaron fuentes judiciales. La magistrada que instruye el caso asegura en el auto de la admisi¨®n de la querella que la fecha de la declaraci¨®n se fijar¨¢ "una vez personados los querellados", para que ¨¦stos y la querellante puedan presentar las preguntas que desean realizar a Luna.

En la querella se se?ala que Rafael Luna aconsej¨® a la due?a del Store Caf¨¦ que si consideraba que alguno de los hechos relatados pod¨ªan constituir delito que lo denunciara a la justicia. Fuentes oficiales del PP confirmaron a este peri¨®dico no s¨®lo la existencia de la reuni¨®n, sino tambi¨¦n el contenido. La denunciante a?ade, adem¨¢s, que durante la citada reuni¨®n, Luna llam¨® por tel¨¦fono al concejal Antonio Penalba y despu¨¦s recibi¨® otra llamada de Alberto Fern¨¢ndez D¨ªaz, presidente del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona. Uno de los imputados, Alberto Bel¨®n, es asesor de Fern¨¢ndez en el Consistorio.

Por otra parte, la Audiencia de Barcelona ha confirmado la prisi¨®n provisional para dos de los responsables de los prost¨ªbulos Riviera y Saratoga de Castelldefels al considerar indicios de que sobornaron a polic¨ªas para conseguir su amparo en las actividades il¨ªcitas de sus locales.

Antonio L¨¢zaro, propietario del club Riviera, y Carmelo Sanz, director del burdel Saratoga, recurrieron la orden de prisi¨®n que dict¨® contra ellos a principios de marzo el Juzgado de Instrucci¨®n 33 de Barcelona por los supuestos delitos de cohecho, favorecimiento de la prostituci¨®n y de la inmigraci¨®n clandestina y contra los derechos de los trabajadores. Su encarcelamiento fue el inicio de una causa en la que han acabado imputadas 19 personas, entre ellas varios mandos del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa, abogados y funcionarios del Ayuntamiento de Barcelona.

Admisi¨®n de los hechos

En el caso del propietario del Riviera, la Audiencia argumenta que existen indicios de su implicaci¨®n en un delito de cohecho a funcionarios policiales, tal como lo apunta su "propia admisi¨®n parcial de los hechos" cuando prest¨® declaraci¨®n. Los jueces recuerdan que el imputado reconoci¨® que hab¨ªa hecho "regalos de escaso valor a determinados funcionarios policiales, pero insistiendo en que los hizo siempre y ¨²nicamente en el contexto de amistad que les ligaba y no como d¨¢diva para estar previamente informado de las inspecciones" en su local.

El tribunal considera que existen indicios de que el imputado podr¨ªa controlar a las prostitutas del burdel, favoreciendo la inmigraci¨®n clandestina de esas mujeres. La Audiencia entiende que existe riesgo de fuga del imputado, sobre todo teniendo en cuenta que sus "nutridos recursos econ¨®micos y contactos policiales" podr¨ªan facilitar que huyera del pa¨ªs.

En el caso del responsable del Saratoga, los jueces explican que hay "indicios evidentes de que existe un trato con determinados funcionarios o personas pr¨®ximas a ellos que precisamente le permiten actuar como encargado del club con total impunidad".

Carmelo Sanz aleg¨® a la juez que fue ¨¦l quien denunci¨® a uno de los polic¨ªas imputados y que su funci¨®n en el Saratoga era ¨²nicamente la de encargado de un hotel donde se alojaban las mujeres. No obstante, el tribunal apunta que el imputado no era un "mero" encargado que alquilara habitaciones a las inmigrantes, sino "la persona de m¨¢s confianza de sus due?os", que dirig¨ªa un negocio donde entre 50 y 100 mujeres ejerc¨ªan la prostituci¨®n. Los jueces consideran que Carmelo Sanz era quien las controlaba en su trabajo y en las deudas que ellas ten¨ªan pendientes con el club.