El cabo de los tormentos

Obama est¨¢ a punto de doblar este cabo de las tormentas que son los cien d¨ªas de su presidencia. A una semana vista de tal hito el oc¨¦ano ya empieza a mostrarse todo lo embravecido que exige la leyenda. Y no es por la econom¨ªa, a pesar de su estado lamentable, ni por el agitado mapamundi donde se despliega la nueva pol¨ªtica norteamericana. Es por las torturas, la ignominia que m¨¢s ha ensuciado la presidencia de George W. Bush y ha hipotecado la imagen de su pa¨ªs en el mundo. El presidente zanj¨® enseguida con toda claridad: aqu¨ª no se tortura. En el segundo d¨ªa de su mandato suspendi¨® todos los dict¨¢menes legales que lo permit¨ªan. Esta pasada semana ha autorizado el levantamiento del secreto sobre varios documentos de la oficina legal de Bush que cubr¨ªan y autorizaban tales pr¨¢cticas. Y esta semana ha dado a entender que ser¨¢ necesaria una investigaci¨®n a fondo y no se pueden descartar acciones judiciales contra los juristas que fabricaron estos argumentos leguleyos para practicarlas.

Obama navega entre quienes quieren ajustar cuentas con Bush y quienes le critican por tolerante contra el terrorismo

Estos ¨²ltimos movimientos se han visto acompa?ados de no pocas contradicciones y desmentidos entre los propios colaboradores del presidente: Obama era partidario al principio de mirar hacia delante y evitar los ajustes de cuentas judiciales con la anterior Administraci¨®n, pero no todos son de la misma opini¨®n, sobre todo en las filas dem¨®cratas. Y en el otro campo, la publicaci¨®n de los documentos secretos y la eventualidad de una investigaci¨®n judicial que termine procesando a los abogados que fabricaron las excusas jur¨ªdicas para las pr¨¢cticas ilegales est¨¢ actuando como cemento aglutinador: nada produce m¨¢s cohesi¨®n que el miedo, en este caso a los jueces y a la c¨¢rcel. Antiguos altos cargos de la Administraci¨®n de Bush, con el vicepresidente Cheney a la cabeza, est¨¢n saliendo en tromba a defender la legalidad de los interrogatorios reforzados, el eufemismo en el que se incluye todo el repertorio de t¨¦cnicas de tormento, y advierten del peligro que supone para la seguridad de Estados Unidos tanto la publicaci¨®n como la investigaci¨®n sobre este tipo de interrogatorios. Todo esto, dicen, desalentar¨¢ a los agentes de la CIA y a sus socios y colaboradores de los servicios secretos de los pa¨ªses aliados y amigos. Pero el argumento mayor, profunda y perversamente neocon, considera que Washington est¨¢ renunciando a un arma disuasiva de primer orden para los terroristas y para cualquier enemigo actual o futuro: hasta ahora sab¨ªan que su Gobierno estaba dispuestos a hacer cualquier cosa, legal o ilegal, en nombre de su seguridad; a partir de ahora ya saben que es m¨¢s vulnerable porque se impone l¨ªmites a s¨ª mismo.

La derecha da la culpa de todo eso a Obama. Alguna tendr¨¢, sobre todo en la claridad de sus ideas y en la voluntad de aplicarlas. Pero no es toda suya, e incluso si toda hubiera sido suya no estar¨ªamos donde estamos ahora: con un horizonte ciertamente lleno de nubarrones para los torturadores. Obama, de talante moderado y centrista, quiere resolver las cuentas pendientes, pero quiere hacerlo de forma controlada y evitando da?os colaterales. La publicaci¨®n de los memos sobre torturas no ha sido una decisi¨®n f¨¢cil; en sus palabras, "una de las m¨¢s duras que he tenido que tomar como presidente". La culpa se reparte dentro e incluso fuera de Estados Unidos. La misma Administraci¨®n republicana empez¨® a flojear en los ¨²ltimos meses, cuando el propio director de la oficina legal de Bush, Steven Bradbury, autor de varios informes secretos, reconoci¨® en dos de ellos que las opiniones sobre los interrogatorios, las entregas extraordinarias de detenidos a terceros pa¨ªses y la detenci¨®n sin garant¨ªas "no deb¨ªan ser consideradas como fuente de autoridad en ning¨²n sentido". En varios pa¨ªses europeos, Espa?a entre los m¨¢s destacados, se han intentado procesos legales contra los abogados de la Casa Blanca y otros funcionarios que autorizaron las torturas. Uno de ellos, Jay Bybee, actualmente juez de apelaciones, se ha convertido en diana de asociaciones de derechos humanos que propugnan su destituci¨®n. Otras asociaciones piden el procesamiento de m¨¦dicos y psic¨®logos que ayudaron a realizar los interrogatorios. En el propio Congreso hay investigaciones en marcha sobre todo el caso. Tambi¨¦n Naciones Unidas est¨¢ tomando cartas en el asunto, en la medida en que EE UU es firmante de las convenciones contra la tortura.

Aunque el presidente ha sido muy claro desde el primer d¨ªa, no puede decirse lo mismo de sus colaboradores. Su jefe de Gabinete, Rahm Emmanuel, no quer¨ªa saber nada de investigaciones ni procesamientos. El director de la CIA, Leon Panetta, no excluy¨® que en alg¨²n momento tuviera que pedir permiso presidencial para actuaciones excepcionales del mismo tipo. El director nacional de Inteligencia, Dennis Blair, admiti¨® que las torturas hab¨ªan arrojado resultados valiosos. Tampoco hay que olvidar que el Congreso -e incluso la actual speaker de la C¨¢mara, Nancy Pelosi- fue informado de tales pr¨¢cticas por la anterior Administraci¨®n. La actual iniciativa de Obama tiene como efecto inmediato que ata las manos de quienes pudieran conservar el prop¨®sito de mantener alguna de las pr¨¢cticas de dudosa legalidad de la anterior Administraci¨®n, tal como le han reprochado expl¨ªcitamente el ex director de la CIA, Michael Hayden, y el ex fiscal general, Michael Mukasey, en un art¨ªculo conjunto en el Wall Street Journal. Es un momento ciertamente decisivo, quiz¨¢s el m¨¢s crucial de los cien d¨ªas, cuando el barco presidencial se dispone a doblar el cabo no de las tormentas sino de los tormentos.