El caso del matrimonio forzoso

La forma democr¨¢tica de Gobierno se basa en el respeto a los derechos humanos y la dignidad de la persona como requisitos ineludibles. El valor constitucional del pluralismo demanda que nadie pueda ser discriminado, como establece el art¨ªculo 14 de la Constituci¨®n espa?ola, por raz¨®n de nacimiento, raza, religi¨®n, opini¨®n o cualquier otra condici¨®n o circunstancia personal.

Una consecuencia de ello es, por ejemplo, que el Estado democr¨¢tico se funda en la tolerancia hacia la diversidad cultural que expresan los ciudadanos, como titulares de derechos fundamentales. Pero la tolerancia no es indiferencia. Y el respeto a las tradiciones que se cristalizan en los comportamientos humanos en una sociedad multicultural no es ni puede ser ilimitado. La garant¨ªa de los derechos humanos es una frontera infranqueable, de lo contrario el Estado democr¨¢tico perder¨ªa su identidad.

El respeto a las se?as de identidad de las minor¨ªas no puede sacrificar valores democr¨¢ticos

El tema es de actualidad. Una mujer mauritana ha sido condenada por un tribunal espa?ol por haber casado a su hija a los 14 a?os y haberla forzado a mantener relaciones sexuales con un hombre de 40 a?os. La joven denunci¨® a sus padres, residentes en Espa?a, por haberla obligado a ir a Mauritania para casarse y despu¨¦s, de vuelta a su domicilio en C¨¢diz, repetir la experiencia con un marido 26 a?os mayor que ella. La condena ha sido por la comisi¨®n de los delitos de agresi¨®n sexual, coacciones y amenazas. La mujer mauritana ha pedido respeto para sus tradiciones. Y sus compatriotas han reclamado lo mismo ante la puerta del ¨®rgano judicial, afirmando que: "Os respetamos en nuestra tierra. Respetadnos en vuestra tierra".

Pero resulta que obligar a una menor de edad a casarse y mantener relaciones sexuales, en el Estado democr¨¢tico es una vulneraci¨®n de un derecho humano b¨¢sico, es un atentado flagrante a la libertad de la persona, es un delito. Y ante ello no hay tradici¨®n que pueda oponerse. El Estado no puede permanecer indiferente a lo que ocurre en su territorio, sino que ha de ser beligerante en defensa de la dignidad de las personas. En este sentido, las reglas privadas de la comunidad familiar nunca pueden prevalecer si la libertad del individuo est¨¢ en peligro.

Este caso y otros, como la ablaci¨®n del cl¨ªtoris, o la negativa de ciertas familias inmigrantes a escolarizar a sus hijas adolescentes, o el reciente ocurrido en Francia de no alimentar por razones religiosas a los hijos para purificarlos, plantean la cuesti¨®n de cu¨¢l ha de ser la respuesta de los poderes p¨²blicos ante estos comportamientos o, m¨¢s a¨²n, cu¨¢l ha de ser el grado de tolerancia del Estado ante determinadas tradiciones.

Es evidente que tradiciones culturales o religiosas como las descritas colisionan con los valores de libertad e igualdad, que el Estado en una sociedad democr¨¢tica ha de amparar sin distinci¨®n de nacionalidades. El hecho de que los ejemplos expuestos sean protagonizados por personas procedentes de la inmigraci¨®n, como consecuencia de ciertas singularidades culturales, no puede suponer para los poderes p¨²blicos el establecimiento de distinci¨®n alguna respecto de otros comportamientos igualmente lesivos para la dignidad humana. Por ejemplo, en nuestro contexto m¨¢s pr¨®ximo, los lacerantes casos de violencia dom¨¦stica, la oposici¨®n de sectas religiosas a las transfusiones de sangre, o el sectarismo moral del que hacen gala otras sectas m¨¢s sibilinas con los enfermos terminales.

La inmigraci¨®n que viene a la Uni¨®n Europea y a Estados Unidos en busca de un lugar en el sol es esencialmente econ¨®mica. Un sol, el de los pa¨ªses desarrollados, estructuralmente hegem¨®nico y no siempre justo, pero donde los derechos de las minor¨ªas han de ser en todo caso respetados, en un contexto de integraci¨®n a valores y principios democr¨¢ticos b¨¢sicos. Un contexto que ha de ayudar a superar situaciones de injusticia social y r¨¦mora moral. Por esta raz¨®n, el respeto que el Estado democr¨¢tico de acogida debe garantizar a las se?as de identidad de las minor¨ªas religiosas o culturales no puede hacerse sacrificando valores democr¨¢ticos intangibles como la dignidad o la libertad de la persona.

El Estado no puede caer en una especie de paternalismo que, por mor de un exacerbado respeto a la multiculturalidad o la singularidad identitaria, permita comportamientos como los descritos. La democracia ha de servir para liberar personal y socialmente al individuo, no para explotarlo econ¨®micamente y mantenerlo ligado a referentes morales retr¨®grados.

El caso de la mujer mauritana y el respeto que sus compatriotas demandaban a sus tradiciones es un supuesto de diversidad cultural que el Estado democr¨¢tico no puede tolerar. La necesaria garant¨ªa de la diversidad no alcanza a legitimar el establecimiento de un sistema jur¨ªdico alternativo, que proteja supuestos derechos naturales incontrovertibles fruto de la tradici¨®n.

El Estado no puede cobijar una diversidad moral en beneficio de valores que solamente procuren la subordinaci¨®n y la alienaci¨®n social. Frente a ello, los valores que son expresi¨®n de la racionalidad democr¨¢tica han de ser un per¨ªmetro insuperable.

Marc Carrillo es catedr¨¢tico de Derecho Constitucional en la Universidad Pompeu Fabra.