El PP en su laberinto

El cerco judicial en torno a la trama de corrupci¨®n que afecta al Partido Popular de Madrid y Valencia sigue cerr¨¢ndose. Tras la declaraci¨®n del presunto cabecilla, Francisco Correa, el juez instructor del caso en el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad que preside Esperanza Aguirre imput¨® a los diputados auton¨®micos Benjam¨ªn Mart¨ªn Vasco, Alfonso Bosch y Alberto L¨®pez Viejo por cohecho, tr¨¢fico de influencias, fraude fiscal, asociaci¨®n il¨ªcita, blanqueo de capitales y falsedad. El magistrado impuso a L¨®pez Viejo, ex consejero de Deportes en el Gobierno de Aguirre, adem¨¢s, la fianza de 750.000 euros solicitada por la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n en previsi¨®n de una posible condena por sobornos. En el caso de Mart¨ªn Vasco, la fianza alcanza casi el mill¨®n de euros.

Pese a que las medidas judiciales adoptadas demuestran que el Tribunal Superior ha estimado que los indicios son suficientes para continuar la investigaci¨®n, los tres imputados siguen neg¨¢ndose a asumir responsabilidades pol¨ªticas, aunque han solicitado voluntariamente su baja como militantes, aceptada por su partido. De esta forma, el PP se coloca en una situaci¨®n contradictoria: considera que los hechos por los que la justicia de Madrid ha imputado a sus tres diputados auton¨®micos los descalifican para pertenecer al partido, pero no para representar a los ciudadanos en el Parlamento. La ¨²nica explicaci¨®n de este contrasentido es la voluntad del PP de utilizar la inmunidad como parapeto frente a la actuaci¨®n de la justicia.

Lo quiera o no, el PP est¨¢ cebando la bomba pol¨ªtica que puede acabar explot¨¢ndole en las manos: si se sustancia una condena, deber¨¢ explicar por qu¨¦ ha protegido a los tres imputados. En concreto, por qu¨¦ intenta mantener la investigaci¨®n en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. ?ste, por otra parte, realiz¨® el pasado viernes una interpretaci¨®n muy amplia de la tutela judicial efectiva para permitir que el PP se personara en la causa. Mientras se instruy¨® en la Audiencia Nacional, el juez Garz¨®n mantuvo el criterio contrario, con el respaldo del Tribunal Supremo. Ahora el PP gozar¨¢ de la doble y extra?a condici¨®n de acusador presuntamente perjudicado y de acusado causante del perjuicio, en la medida en que los principales acusados son cargos, dirigentes y afiliados al partido.

En Valencia, por su parte, la acci¨®n de la justicia marcha con lentitud, preocupada sobre todo por investigar las filtraciones de los sumarios. Pero a la vez se van conociendo nuevos datos sobre las relaciones del Gobierno auton¨®mico y de su presidente, Francisco Camps, con la trama de Correa. La oposici¨®n en el parlamento valenciano ha remitido al juez Garz¨®n, que debi¨® inhibirse a favor de los Tribunales Superiores de ambas comunidades, un listado de adjudicaciones sin concurso p¨²blico que beneficiaron a las empresas de ?lvaro P¨¦rez, hombre de confianza de Correa e imputado junto a ¨¦l. La fragmentaci¨®n de las adjudicaciones para sortear el concurso p¨²blico ya fue denunciada en la consejer¨ªa de Gobernaci¨®n de la Generalitat valenciana, dirigida por Seraf¨ªn Castellano. Los nuevos datos remitidos a Garz¨®n muestran que, adem¨¢s, se ha utilizado para financiar actividades que dependen directamente de Camps y que han beneficiado a personas procesadas en el caso G¨¹rtel.

Ahora el PP ya no tiene chivo expiatorio alguno sobre el que proyectar las responsabilidades por la conducta de sus militantes y dirigentes sospechosos. No hay caso Garz¨®n ni caso Bermejo. Pero las expectativas electorales en los pr¨®ximos comicios europeos podr¨ªan estar resucitando el argumento de que una eventual victoria del PP en las urnas equivale a un sobreseimiento de los casos de corrupci¨®n. La realidad es la contraria: la justicia seguir¨¢ cerrando el cerco y el PP quedar¨¢ en entredicho. Sobre todo si el tesorero nacional, B¨¢rcenas, y el presidente Camps deben comparecer ante los tribunales.