Corrupci¨®n y opini¨®n p¨²blica

"El PP pide la dimisi¨®n urgente de todo aquel que no est¨¦ imputado". El mensaje, enviado por tel¨¦fono m¨®vil, era uno de tantos que hac¨ªan escarnio el jueves de la actitud de los populares ante el anuncio de que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, declarar¨¢ el martes como imputado ante el Tribunal Superior de Justicia bajo la sospecha de haber recibido d¨¢divas o presentes de una trama de corrupci¨®n. No en vano lo que se atribuye a Camps es un cohecho y, aunque el cohecho siempre es cosa de dos, del emotivo discurso de los dirigentes populares han desaparecido sintom¨¢ticamente ?lvaro P¨¦rez y todo lo que representa. Borrar al corruptor de la escena es una condici¨®n necesaria para que el supuesto corrompido pueda defenderse como un ¨¢ngel, ajeno a cualquier tentaci¨®n, sobre el que se ciernen las p¨¦rfidas insidias de una conspiraci¨®n general de inasibles contornos.

Puede parecer una reacci¨®n infantil de escaso vuelo -los ni?os suelen poner cara de no haber roto un plato cuando acaban de hacer una trastada-, pero tiene implicaciones de calado cuando la sostiene en el tiempo con vehemencia un partido importante. El propio Camps abri¨® esa l¨ªnea nada m¨¢s estallar el esc¨¢ndalo cuando apel¨® a su prestigio. "?Me cree alguien capaz de hacer eso que dicen?", vino a plantear. Despu¨¦s, el mism¨ªsimo Mariano Rajoy se escud¨® en lo mismo: "Conozco a Camps y a su familia. S¨¦ lo que hace los fines de semana...". Y una infinidad de voceros han repetido que el dirigente se ve en este trance porque gana elecciones a los socialistas y van a por ¨¦l. Ayer mismo, el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti se pregunt¨®: "?No ser¨¢ que algunos quieren utilizar esto o algunas otras cosas para intentar ganar en los tribunales o en la opini¨®n p¨²blica lo que no ganan en las urnas?".

Sin duda es en la opini¨®n p¨²blica donde el PP ha concentrado la batalla con un argumentario demoledor, por disolvente, que llega a sugerir que los votos populares condonan delitos tipificados en el C¨®digo Penal o, como m¨ªnimo, conductas poco ejemplares en el ejercicio de un cargo p¨²blico. ?Pero estamos hablando de cuestiones morales o de normas jur¨ªdicas? Si hablamos de moral, el espect¨¢culo es tremendo. La perturbaci¨®n del inter¨¦s p¨²blico no juega papel alguno en la indignada defensa de Camps que exhiben sus correligionarios mientras la "maximizaci¨®n de beneficios" que Buchanan critic¨® en su d¨ªa en el comportamiento de los bur¨®cratas y los pol¨ªticos parece convertirse en una justificaci¨®n del partidismo sin m¨¢s coartadas ¨¦ticas. Por otro lado, si hablamos de la ley, las organizaciones que llevan tiempo en el combate contra la corrupci¨®n han advertido sobre la trivialidad de las buenas intenciones y de la educaci¨®n moral si las reglas del juego no garantizan fehacientemente el control ciudadano y el buen gobierno. En otras palabras, la supuesta bondad de Camps no tiene relevancia alguna si su administraci¨®n y su pol¨ªtica ignoran aquella advertencia de Julio Camba seg¨²n la cual una cosa es tener autom¨®vil oficial por ser ministro y otra muy distinta hacerse ministro para tener coche.

He aludido al principio a que la condici¨®n necesaria para salvar a Camps era tergiversar lo ocurrido. Que sea suficiente, sin embargo, depende de los tribunales. Y el veredicto no recae en la opini¨®n p¨²blica.