La guerra al 'narco' multiplica las denuncias contra el Ej¨¦rcito mexicano

Nada m¨¢s llegar a la presidencia de M¨¦xico, a finales de 2006, Felipe Calder¨®n decidi¨® plantarle cara al narcotr¨¢fico, pero apenas ten¨ªa con qu¨¦. Las distintas polic¨ªas (hay 1.600 entre federales, estatales y locales) estaban infiltradas hasta el punto de formar parte del engranaje del crimen organizado. As¨ª que Calder¨®n decidi¨® recurrir al Ej¨¦rcito. M¨¢s de 40.000 soldados luchan desde entonces contra el tr¨¢fico de drogas, desarrollando labores propias de polic¨ªa, pero sin la cobertura legal ni el entrenamiento adecuado para tratar con civiles. Dos a?os y medio despu¨¦s, las alarmas empiezan a sonar en un doble sentido. Por un lado, las organizaciones de derechos humanos denuncian que los abusos contra la poblaci¨®n se han triplicado; por otro, los militares exigen una ley que los blinde ante las denuncias.

Las v¨ªctimas son mujeres ind¨ªgenas que no entienden el idioma del agresor

Lo que sigue ocurri¨® en el Estado de Michoac¨¢n a principios del mes de mayo de 2007.

Ninguna de las cuatro muchachas hab¨ªa cumplido a¨²n los 18 a?os. Los soldados las subieron a la fuerza a un helic¨®ptero. Las amenazaron con tirarlas al mar para que confesaran sus supuestos v¨ªnculos con el narcotr¨¢fico. Las insultaron, las golpearon, las violaron con el mayor de los desprecios: "Pinches putas, al final es lo que les gusta...". Uno de los soldados le quit¨® una estampita de la Virgen Mar¨ªa a una de las j¨®venes, hizo una bolita y se la introdujo por el ano mientras le dec¨ªa: "Ni la Virgencita te va a salvar". En teor¨ªa, los militares buscaban a los responsables de una emboscada sufrida por un destacamento en la que fueron asesinados cinco soldados, pero en la pr¨¢ctica, la reacci¨®n se convirti¨® en una venganza indiscriminada contra la poblaci¨®n. Adem¨¢s de violar a las cuatro menores, los soldados detuvieron ilegalmente a 36 personas m¨¢s y asaltaron 30 casas, llev¨¢ndose todos los objetos de valor que encontraron...

Es un caso. Pero el ¨²ltimo informe de Human Rights Watch (HRW) -presentado en M¨¦xico durante el brote de gripe y por tanto sin apenas repercusi¨®n- describe con todo detalle otros 16 "cr¨ªmenes atroces" cometidos por militares contra m¨¢s de 70 v¨ªctimas. Su lectura es una aut¨¦ntica pesadilla.

Lo m¨¢s grave (seg¨²n HRW) es que desde hace 10 a?os la justicia militar no ha condenado a ning¨²n soldado u oficial por tales abusos. Tampoco permiti¨® que lo hagan los tribunales ordinarios.

"Una de las principales causas", se?ala el informe, "de que estos abusos contin¨²en es que los responsables no son sancionados. Y esa falta de sanciones se debe en gran parte a que la mayor¨ªa de estos casos terminan siendo investigados por los propios militares. Al permitir que las Fuerzas Armadas se investiguen a s¨ª mismas mediante un sistema de justicia militar que carece de garant¨ªas b¨¢sicas de independencia e imparcialidad, M¨¦xico est¨¢, en los hechos, permitiendo que los militares que participan en actividades de seguridad p¨²blica cometan violaciones atroces de derechos humanos impunemente".

Ante la gravedad de la denuncia, este peri¨®dico traslad¨® al Gobierno mexicano las mismas preguntas cuya falta de respuesta denuncia el informe de Human Rights Watch: ?Es cierto que en los ¨²ltimos 10 a?os no hay ninguna sentencia contra un soldado o un oficial por cometer abusos contra la poblaci¨®n? ?Es cierto que las denuncias se han triplicado coincidiendo con la guerra contra el narcotr¨¢fico? ?Cu¨¢ntos procedimientos, y por qu¨¦ causas, se han abierto en los ¨²ltimos a?os contra militares por abusos sexuales, torturas o detenciones ilegales desde que el presidente Felipe Calder¨®n lleg¨® al poder?...

La respuesta ha resultado ser la misma que la obtenida por HRW. "El Gobierno federal", explica Jos¨¦ Antonio Guevara Berm¨²dez, titular de la Unidad para la Promoci¨®n y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretar¨ªa de Gobernaci¨®n, "est¨¢ consciente de las preocupaciones sobre las presuntas violaciones de derechos humanos por parte de los elementos de las Fuerzas Armadas. (...) Reiteramos el compromiso de las fuerzas de seguridad involucradas en la lucha contra el crimen organizado con el pleno respeto a todos los derechos humanos". Guevara Berm¨²dez no responde a las preguntas, pero a cambio asegura que los responsables de la reciente desaparici¨®n de tres civiles en Nuevo Laredo (Tamaulipas) y de unos incidentes en la costa de Oaxaca ser¨¢n sancionados... Por sus superiores.

Y eso concuerda, precisamente, con uno de los fallos del sistema que m¨¢s denuncian las organizaciones de derechos humanos: "Las Fuerzas Armadas se juzgan a s¨ª mismas, y es muy grave el hecho de que no existe ning¨²n escrutinio p¨²blico ni informaci¨®n disponible sobre qu¨¦ sucede realmente durante las investigaciones o los juicios militares".

Lo que s¨ª se sabe, y lo recoge el informe, es qu¨¦ sucede con las v¨ªctimas, muchas de las cuales son mujeres ind¨ªgenas, incapaces siquiera de defenderse en el idioma de sus agresores: "Luego de la violaci¨®n, el marido de In¨¦s la oblig¨® a abandonar el hogar, y desde entonces ha sido estigmatizada por los miembros de su comunidad. In¨¦s contin¨²a estando atemorizada por las Fuerzas Armadas".

Felipe Calder¨®n llam¨® guerra a su lucha contra el narcotr¨¢fico. Y la c¨²pula militar, conocedora de que toda guerra conlleva bajas civiles, exige ahora al Gobierno que los blinde legalmente ante las denuncias que ya empiezan a llegar. Pero, dos a?os y medio despu¨¦s, lo ¨²nico que hay es una propuesta del presidente al Senado para que reforme la Ley de Seguridad Nacional con el objetivo de regular la participaci¨®n del Ej¨¦rcito en el combate contra el narcotr¨¢fico. Aun en el caso -no demasiado probable- de que los senadores otorgaran al Ej¨¦rcito cobertura legal a partir de ahora, quedar¨ªa en el aire la pregunta que m¨¢s preocupa a los jefes militares: ?qui¨¦n les cubrir¨¢ de lo sucedido desde diciembre de 2006 hasta la fecha en que se apruebe la ley?