Aborto: entre la fe del Gobierno y la realidad

La nueva ley del aborto es un avance evidente en el asentamiento normativo de un derecho que hasta hoy no estaba reconocido y que s¨®lo furtivamente se hab¨ªa abierto paso en la regulaci¨®n que en 1984 lo despenaliz¨® en tres supuestos. Aquella ley fue la mejor posible, pero en los mismos pliegues y huecos en que germin¨® el derecho al aborto pudieron convivir tambi¨¦n los intentos de la derecha de perseguir a las mujeres que se ven en la necesidad de abortar. En este sentido, la iniciativa consolida a este Gobierno como el gran valedor de los derechos de las mujeres, el primero de la democracia que intenta acabar con la discriminaci¨®n que a¨²n arrastra la mujer en t¨¦rminos de representaci¨®n p¨²blica, en consideraci¨®n en las empresas, en la realidad de los salarios o en el trato machista que la tradici¨®n social -de izquierda o derecha- y la Iglesia hicieron natural.

La decisi¨®n de abortar debe ser un derecho de las hijas; la informaci¨®n, derecho y deber de los padres

Los Gobiernos no pueden cambiar realidades por decreto, pero s¨ª crear un espejo en el que la sociedad se mire para mejorar. Reconozc¨¢moslo: Zapatero lo ha conseguido, y es un m¨¦rito que la historia, si no el presente, le aplaudir¨¢.

Conceder la potestad a menores para abortar sin consentimiento puede ayudar a una minor¨ªa que se ve imposibilitada por unos progenitores muy autoritarios o por una comunidad aut¨®noma que ostente la tutela desde la manipulaci¨®n ideol¨®gica, negando a la menor la posibilidad de tomar la decisi¨®n adecuada.

Hace un a?o, EL PA?S denunci¨® las presiones que la Comunidad de Madrid ejerci¨® sobre una joven marroqu¨ª de 17 a?os para evitar que abortara, por ejemplo. A trav¨¦s del Instituto Madrile?o del Menor y la Familia, y por presi¨®n de los mal llamados grupos provida (todos somos provida), el Gobierno de Esperanza Aguirre dilataba los procesos de autorizaci¨®n hasta generar situaciones dram¨¢ticas. Mientras sus embarazos sumaban semanas y semanas rumbo a un aborto cada vez m¨¢s complejo, las menores bajo su tutela acababan optando por la traum¨¢tica experiencia de acudir a juzgados, Fiscal¨ªa de Menores o el Defensor del Menor.

Y la Comunidad Valenciana, que parece competir con la madrile?a en su infame boicoteo del Gobierno nacional, prepara una legislaci¨®n antiabortista para disuadir a las mujeres que vayan a abortar. ?Qui¨¦n proteger¨¢ a las menores de las propias autoridades que las tutelan? En este sentido, la nueva ley resuelve el problema.

Pero, dicho esto, hay algo en esta ley que amenaza con sepultar el progreso que supone y en lo que el Gobierno se equivoca desde su planteamiento inicial. Y es que por la misma v¨ªa que traza para proteger a esa minor¨ªa, abre de par en par la puerta que otras muchas adolescentes con padres razonables franquear¨¢n para abortar sin el apoyo del adulto que las quiere. La ley estar¨¢ privando de facto a las j¨®venes de la posibilidad de contar con una fuerte protecci¨®n emocional, y a los padres de la posibilidad de ofrecerla. ?Todo eso en aras de defender a una minor¨ªa? No es esto lo que se espera de un legislador, sino que, precisamente, busque la f¨®rmula que haga compatibles las soluciones a ambas necesidades.

Argumentan Bibiana A¨ªdo, Trinidad Jim¨¦nez y el propio Zapatero que esas adolescentes en cualquier caso contar¨¢n con la ayuda de sus padres, y se basan para ello en una fe ciega en que una buena relaci¨®n desde la infancia conllevar¨¢ una confianza madura en la adolescencia. Demasiados dogmas de fe. Se equivocan en el diagn¨®stico: el adolescente por naturaleza se a¨ªsla, lucha por forjar su identidad al margen de sus padres o en oposici¨®n a ellos, se cree capaz, se cree mayor, se cree fuerte y no quiere compartir sus experiencias con ellos. Por m¨¢s que nos duela, esto no s¨®lo no es malo, sino que es s¨ªntoma de un desarrollo normal. S¨®lo la madurez resituar¨¢ a los padres en un buen puesto en la escala de valores y devolver¨¢ al hijo, en el mejor de los casos, al abrigo de una confianza compartida.

La menor cree, por tanto, que mejor ser¨¢ afrontar sola el aborto, como el Gobierno cree que ella se lo dir¨¢ a sus padres sin que est¨¦ obligada a ello. Muchos mayores creemos que lo callar¨¢n, pero sabemos (y tambi¨¦n lo sabe el Gobierno) que afrontar¨¢n mejor la amarga experiencia con ayuda. Y es ese camino, el que va de la creencia al saber, del dogma de fe a la realidad, el que tambi¨¦n exigimos que recorra el legislador.

El aborto no es una fiesta ni una operaci¨®n de tetas; es una herida que la agresividad de la Iglesia en su batalla ha convertido en un tab¨² innombrable, pero una herida al fin y al cabo. Y la compa?¨ªa de los padres puede contribuir a cerrarla mejor, a digerir sin traumas el aparente abismo entre un embarazo interrumpido y una posible maternidad deseada en el futuro.

La decisi¨®n debe ser un derecho de las menores de 16 y 17 a?os, pero la informaci¨®n que permita ayudarlas debe ser un derecho y tambi¨¦n un deber de los padres. El Estado no puede usurpar por ley ese deber de tutela y cuidado de los hijos.

Obligaci¨®n del legislador, por tanto, es encontrar la f¨®rmula que, mientras le otorgue a ella el poder de decisi¨®n, la obligue a mantenerles informados. Y habilidad del Gobierno ser¨¢ atender al consenso social y rectificar sin quemarse, a ser posible, en el intento.