Fracasa la ayuda por impago de pensi¨®n a hijos
La rigidez legal es el mayor obst¨¢culo para el reparto - S¨®lo 519 ni?os han podido beneficiarse del fondo
Solamente 519 ni?os se beneficiaron el a?o pasado del Fondo de Garant¨ªa del Pago de Alimentos que puso en marcha el Gobierno en 2008 para ayudar a las madres o padres separados o divorciados que tengan a su cargo hijos y que no reciban del otro c¨®nyuge la pensi¨®n que estableci¨® la justicia. Se trata de una cantidad ¨ªnfima de beneficiarios si se compara con las decenas de miles de sentencias judiciales por impago de pensi¨®n de alimentos que se incumplen anualmente en Espa?a y, en consecuencia, de las decenas de miles de hijos afectados por esa situaci¨®n.
El fondo se puso en marcha con una partida de 10 millones de euros a cargo de los presupuestos del Estado, y la cantidad que finalmente se gast¨® fue de 351.526 euros, seg¨²n los datos facilitados por la Direcci¨®n General de Costes de Personal y Pensiones P¨²blicas, que es la encargada de su gesti¨®n.
Los abogados de familia creen escasos los 100 euros mensuales
Este a?o se van a multiplicar las demandas, dicen los matrimonialistas
Esa ayuda p¨²blica es de 100 euros mensuales por hijo durante un tiempo m¨¢ximo de 18 meses, ya sea de forma continua o discontinua. Para poder acceder a ella este a?o se exige que los ingresos del hogar del progenitor no superen 1,5 veces la cuant¨ªa anual del Indicador P¨²blico de Renta de Efectos M¨²ltiples. Es decir, 9.489 euros al a?o. Ese coeficiente aumenta en un 0,25 por cada hijo. Es decir, el m¨ªnimo es 9.489 euros (1,5 veces el indicador) si se trata de un hijo; 11.070,5 euros cuando la pensi¨®n debe cubrir los gastos de dos hijos; 12.652 euros para tres, y as¨ª sucesivamente, aumentando la cantidad en 1.581,5 euros anuales por cada hijo.
Las abogadas de colectivos feministas que defienden a las mujeres en estos procesos aseguran que la escasa aplicaci¨®n del fondo se explica por las exigencias que marca la ley para poderse acoger a ¨¦l, pues cualquier mujer que tenga una ayuda econ¨®mica del Estado a causa de su precaria situaci¨®n laboral supera con creces ese tope m¨¢ximo de ingresos. Por ejemplo, para una madre con un hijo, no sobrepasar los 9.489 euros supone cobrar menos de 790,75 euros mensuales brutos, suponiendo que la perceptora no reciba pagas extraordinarias. Para un contrato est¨¢ndar de 14 n¨®minas al a?o se tratar¨ªa de un m¨¢ximo de 677,79 euros al mes.
A eso se ha de a?adir que la ayuda s¨®lo se concede cuando existe constancia oficial en el juzgado de familia del impago de la pensi¨®n de alimentos por el otro c¨®nyuge, y cuando se ha agotado la v¨ªa ejecutiva contra el deudor. Es decir, cuando la justicia ya ha constatado la imposibilidad de embargarle los bienes, normalmente al padre, porque la inmensa mayor¨ªa de las custodias se conceden a las madres y son ellos quienes han de pagar.
El impago durante dos meses consecutivos o cuatro no consecutivos est¨¢ tipificado como delito en Espa?a y se castiga con penas de tres meses a un a?o de c¨¢rcel. Los 100 euros por hijo que concede el Gobierno tienen la consideraci¨®n de anticipo y despu¨¦s el Estado se encarga de perseguir al deudor para recuperarlos.
El a?o pasado se presentaron 872 solicitudes (857 por mujeres y 15 por hombres), que generaron 1.498 expedientes de posibles beneficiarios, uno por hijo. De ese total, 519 resoluciones fueron concedidas, se denegaron 357, en otros 117 casos hubo desistimiento y los 505 restantes estaban en tr¨¢mite.
Isidro Ni?erola, presidente de la Asociaci¨®n de Abogados de Familia de Espa?a, censura las exigencias legales para acogerse a la ayuda y, especialmente, la cuant¨ªa. "Eso no les soluciona nada a los ciudadanos de a pie porque no alcanzan ni los umbrales m¨ªnimos de dignidad. Las ayudas deber¨ªan aumentarse y, sobre todo, extenderse a capas sociales m¨¢s amplias", asegura. Es una opini¨®n que comparten tambi¨¦n diversos colectivos de mujeres, quienes consideran que se trata de cuant¨ªas insignificantes para lo que cuesta la crianza de un hijo. Y de que, adem¨¢s, se dejan de percibir cuando ¨¦ste adquiere la mayor¨ªa de edad, aunque no tenga independencia econ¨®mica.
Es m¨¢s que probable, aseguran los abogados matrimonialistas, que este a?o se disparen las peticiones de ayuda por la crisis econ¨®mica. El primer s¨ªntoma ha llegado ya a los juzgados de familia, donde en los ¨²ltimos meses han aumentado las peticiones de modificaci¨®n de medidas del convenio de divorcio acordado. Son profesionales de todas las clases sociales que en su d¨ªa se comprometieron a abonar una pensi¨®n en consonancia con los ingresos de entonces. Ahora se han reducido o est¨¢n sin trabajo y le piden al juez que la reduzca.
Catalu?a y Pa¨ªs Vasco ultiman sus planes
Catalu?a y el Pa¨ªs Vasco ultiman la redacci¨®n de sus propios planes, que actuar¨¢n de manera supletoria al Fondo de Garant¨ªa del Pago de Alimentos del Gobierno. La Generalitat fue la primera Administraci¨®n que lo aprob¨®, en julio de 2007, pero hasta el pr¨®ximo mes de septiembre no se prev¨¦ que se haga realidad.
Ser¨ªa una ayuda mensual de un m¨¢ximo de 281,74 euros que actuar¨ªa de forma complementaria al fondo estatal, de manera que aquellos 100 euros por hijo que concede el Gobierno central los completar¨ªa la Generalitat hasta alcanzar esa cantidad. Tambi¨¦n podr¨¢ disfrutarse durante un m¨¢ximo de 18 meses, de forma continua o discontinua. El l¨ªmite para acogerse a esa ayuda es m¨¢s amplio, de manera que una divorciada con un hijo a su cargo podr¨¢ beneficiarse si sus ingresos anuales no superan los 32.186 euros. El proyecto de decreto que tramita el Gobierno catal¨¢n no asigna ninguna cantidad a ese fondo.
En el caso del Pa¨ªs Vasco, desde 2003 se han producido diversos requerimientos del Parlamento aut¨®nomo para que el Gobierno pusiera en marcha un plan similar. La ¨²ltima previsi¨®n incumplida era que estuviera listo el pasado 1 de junio.
En Andaluc¨ªa no existe una iniciativa similar, aunque el Instituto Andaluz de la Mujer subvenciona la asistencia letrada por el impago de pensiones alimenticias, aunque el deudor resida en otra comunidad. La medida se empez¨® a aplicar en 2002 y desde entonces se han resuelto favorablemente 676 demandas, lo que ha permitido a las mujeres recuperar un total de 1,4 millones de euros.
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