Investigados seis polic¨ªas de Scotland Yard por someter a torturas a cinco detenidos
Seis agentes de Scotland Yard est¨¢n siendo investigados despu¨¦s de que un compa?ero les denunciara por torturar a cuatro hombres y una mujer detenidos tras una redada antidrogas en el norte de Londres.
Las acusaciones contra los cinco detenidos, sospechosos de tr¨¢fico de cannabis, fueron retiradas en marzo pasado para evitar que el asunto de las torturas policiales y las pesquisas sobre una trama m¨¢s amplia de corrupci¨®n salieran a la luz p¨²blica y perjudicaran las investigaciones en curso.
El caso se origin¨® en la comisar¨ªa de Enfield, en el norte de Londres, despu¨¦s de una redada de la Polic¨ªa Metropolitana en ese barrio y en Tottenham. Los detenidos fueron sometidos a ahogamientos simulados, una t¨¦cnica de tortura utilizada por Estados Unidos en el penal de Guant¨¢namo que luego fue prohibida. Los seis agentes brit¨¢nicos han sido suspendidos de empleo.
Las investigaciones de estas denuncias permitieron descubrir una red de corrupci¨®n, fabricaci¨®n de pruebas falsas y robo de material propiedad de sospechosos detenidos, como televisores o iPods.
Un total de 10 agentes fueron suspendidos en febrero pasado y la Polic¨ªa Metropolitana remiti¨® a seis de ellos a la llamada Comisi¨®n Independiente de Quejas contra la Polic¨ªa (IPCC en sus siglas en ingl¨¦s), el organismo responsable de las investigaciones internas.
Este caso de corrupci¨®n y torturas no ha sido el ¨²nico rev¨¦s de la polic¨ªa brit¨¢nica esta semana. Ayer, nueve lores jueces, actuando en sus funciones como la m¨¢s alta instancia judicial del Reino Unido, dieron la raz¨®n a tres sospechosos de delitos de terrorismo, que alegaron que no pueden ser sometidos a arrestos domiciliarios sin que se les diga expl¨ªcitamente de qu¨¦ se les acusa.
Los jueces lores ya declararon ilegal hace unos a?os el encarcelamiento arbitrario de sospechosos de terrorismo a los que el Estado no quiere llevar a juicio para no desvelar c¨®mo ha obtenido la informaci¨®n que tiene contra ellos. Aquel fallo llev¨® al Ministerio del Interior a crear unas ¨®rdenes de control que sustituyen la prisi¨®n preventiva indefinida sin juicio de sospechosos de terrorismo por un estricto cat¨¢logo de arrestos domiciliarios, prohibiciones del uso de tel¨¦fonos, Internet, etc¨¦tera.
Aunque la legislaci¨®n finalmente aprobada -tras un espectacular enfrentamiento entre la C¨¢mara de los Comunes y la de los Lores- introduce el control judicial de las acusaciones contra los sospechosos, la ley no obligaba al Estado a poner al corriente de ello a los propios acusados.
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