El 'software', a juicio

Puestos a hacer paralelismos, el debate podr¨ªa remontarse a los albores de la civilizaci¨®n, cuando los primeros b¨ªpedos pulieron los huesos de sus presas para servirse de ellas como herramientas, pero tambi¨¦n como armas. ?Qui¨¦n es el culpable del apu?alamiento? ?El que empu?a el pu?al o el que lo forja? Este viejo sofisma, envuelto en un halo de tecnolog¨ªa, a¨²n levanta pol¨¦mica a prop¨®sito de las descargas de Internet. Algunos programadores han dise?ado sistemas de compartir archivos mediante redes descentralizadas en las que miles de internautas son al mismo tiempo clientes y servidores, en una comuna inform¨¢tica an¨®nima en la que nadie le pide cuentas a nadie de lo que sube a la Red o lo que se descarga.

Las discogr¨¢ficas han perdido sus juicios contra las p¨¢ginas de enlaces

El demandado cobra publicidad y el uso de la versi¨®n Premium

Dans: "No se puede criminalizar al creador de una herramienta"

La industria no puede perseguir a millones de internautas

Bueno, nadie, exactamente, no. Porque la llamada industria cultural, integrada por discogr¨¢ficas, grandes estudios cinematogr¨¢ficos y empresas de videojuegos, estiman que esos programas vulneran la ley, al permitir que se adquieran gratis pel¨ªculas, m¨²sica y contenidos sujetos a derechos de autor. Y como no pueden perseguir uno por uno a los millones de internautas, han puesto su dedo acusador en los creadores de esos programas, denominados gr¨¢ficamente P2P (de persona a persona).

En Espa?a, las discogr¨¢ficas han llevado a juicio a Pablo Soto, un joven de 29 a?os, brillante programador autodidacta quien, pese a no haber pisado la universidad, ha sido capaz de idear programas P2P como Blubster, Manolito y Piolet, utilizados por 25 millones de usuarios, rivalizando con aut¨¦nticos top como eMule o Ares. No es la primera demanda por las descargas -hay m¨¢s de una veintena en marcha contra responsables de webs que facilitan enlaces- pero s¨ª la primera contra un dise?ador de software.

"La tecnolog¨ªa es siempre neutral, no se puede acusar a ning¨²n desarrollador por el uso que le den luego los usuarios. Ninguna aplicaci¨®n est¨¢ dise?ada para transmitir ning¨²n archivo en concreto, ni con copyright ni sin copyright. No me siento cabeza de turco, pero tampoco el h¨¦roe de las descargas ilegales", dec¨ªa Soto a la entrada del juicio celebrado el mes pasado en Madrid.

La Asociaci¨®n de Productores de M¨²sica de Espa?a (Promusicae) y las multinacionales Warner, Universal, Emi y Sony le piden 13 millones de euros por el perjuicio causado al haber violado presuntamente la propiedad intelectual de su cat¨¢logo y por competencia desleal debido a que se lucraba con una ventaja competitiva sin pagar los correspondientes derechos.

El asunto tiene varios precedentes internacionales. Napster, uno de los precursores del P2P que lleg¨® a contar con m¨¢s de 25 millones de usuarios, fue cerrado en 2001 por orden de un juez estadounidense por violar los derechos de autor. Acept¨® pagar 36 millones de d¨®lares (26 millones de euros) a las discogr¨¢ficas. Ahora es una tienda legal con un cat¨¢logo de seis millones de canciones que se promociona como vendedor ideal de contenidos para el iPod y el iPhone.

Kazaaa tom¨® el relevo de Napster, pero tambi¨¦n acab¨® en los juzgados. Primero un tribunal en Australia le orden¨® que pusiera los medios necesarios para impedir que sus 100 millones de usuarios descargasen canciones con copyright. Luego, la compa?¨ªa se dobleg¨® ante las discogr¨¢ficas estadounidenses y acept¨® pagarles una indemnizaci¨®n de 100 millones de d¨®lares (72 millones de euros). Reconvertida en respetable, y financiada por publicidad, ahora se anuncia como la primera firma del P2P bajo la m¨¢s absoluta indiferencia de los usuarios.

La Corte Suprema de Estados Unidos fall¨® a favor de MGM y otros 27 estudios cinematogr¨¢ficos contra Grokster, que dise?¨® un P2P para descargar pel¨ªculas. En 2005, se cerr¨® el sitio. A¨²n hoy si se teclea la p¨¢gina web aparece un aviso amenazante: "Hay servicios legales de descargas de m¨²sica y pel¨ªculas. ?ste no es uno de ellos". Luego, te advierte de que tienen tu direcci¨®n IP (la que identifica la conexi¨®n de cada ordenador) y concluye. "No pienses que no puedes ser pillado. No eres an¨®nimo".

No obstante, las discogr¨¢ficas espa?olas har¨ªan mal en fiarse de estos ejemplos. El derecho anglosaj¨®n de propiedad intelectual no tiene nada que ver con el espa?ol. Y prueba de ello es que han perdido casi todas las batallas en los tribunales. En Espa?a no es delito descargarse archivos (incluyendo los protegidos). Y tampoco lo es montar p¨¢ginas web de enlaces a esos archivos como han dictaminado numerosos fallos judiciales (Sharemula, agujero, eliteDivX, por citar algunos casos). ?nicamente tienen una sentencia a favor, la de un juzgado de La Rioja que declar¨® culpable este a?o al administrador de la web Infopsp por lucrarse facilitando enlaces para descargar archivos, y le conden¨® a seis meses de prisi¨®n y una indemnizaci¨®n. No obstante, esta sentencia se produjo por aceptaci¨®n del inculpado para evitar afrontar indemnizaciones millonarias en un proceso civil, por lo que dif¨ªcilmente podr¨¢ ser referente para futuros procesos, ni crear jurisprudencia.

Por eso, la industria de contenidos ha decidido abandonar la v¨ªa penal, consciente de que enviar a la prisi¨®n a alguien que facilita la labor a los m¨¢s de ocho millones de internautas que se calcula que realizan descargas en Espa?a no da precisamente una buena imagen. En lugar de prisi¨®n, exigen indemnizaci¨®n. Y Pablo Soto es la punta de lanza de estrategia.

"No se puede criminalizar a alguien que ha creado una herramienta tecnol¨®gica. Crea una incertidumbre absoluta para todos aquellos que apuestan por la innovaci¨®n. Estados Unidos intenta imponer su influencia en la legislaci¨®n porque defiende su industria cultural, que es la segunda que m¨¢s aporta al producto interior bruto. Mantener el status quo es beneficioso para ellos, pero, ?lo es para Espa?a? Est¨¢n intentando imponer un modelo cultural de derechos de autor que proviene del siglo XIX, y que no es v¨¢lido para la econom¨ªa digital del siglo XXI", apunta Enrique Dans, profesor del Instituto de Empresa y uno de los mayores expertos en Internet.

El juicio se presenta ya juzgado, al menos ante la opini¨®n p¨²blica. De un lado, Soto, un programador joven que apela en su blog a "compartir el arte". Y, de otro, la todopoderosa industria discogr¨¢fica, que intenta crujirle en los juzgados. "Es muy curioso que intenten presentar a Soto como una especie de ONG, y a nosotros como las discogr¨¢ficas diab¨®licas, con rabo y pincho, que intentamos ir contra ese joven emprendedor. Lo que no dicen es que Soto no es un pobrecito mileurista sino alguien que vive muy bien, que puede permitirse tener tres abogados en su defensa, y que ha ganado mucho dinero vendiendo programas cuyo fin ¨²ltimo es descargar m¨²sica protegida por derechos de autor. Soto cobra incluyendo publicidad en sus p¨¢ginas. En el juicio sali¨® que no acepta anunciantes por una cantidad menor de 10.000 d¨®lares (7.000 euros). Y, adem¨¢s, tambi¨¦n cobra por la versi¨®n Premium de sus programas", dice Emiliano Figueroa, representante legal de Sony Music.

Pablo Soto, a trav¨¦s de su empresa MP2P Technologies, SA, no niega que se financie con publicidad, y est¨¢ al alcance de cualquier usuario que la versi¨®n Premium de sus programas, que elimina los anuncios, cuesta 19,95 d¨®lares (14,4 euros).

El programador, que afirma que "la ¨²nica forma de defender el arte es comparti¨¦ndolo", protege tanto la versi¨®n Premium como la gratuita de sus programas bajo los derechos de autor, los mismos que ¨¦l denuncia por obsoletos en el caso de la m¨²sica que se descargan sus usuarios. David Bravo, uno de los tres abogados de Soto, justifica en su blog este detalle: "El software del que se habla no est¨¢ desarrollado ni explotado por Pablo Soto, sino por una empresa -con su plantilla de programadores y sus accionistas- de la que Soto es administrador". A Bravo se le olvida decir que Soto es tambi¨¦n principal accionista de MP2P Technologies, la empresa que explota sus programas.

En este punto, los argumentos empleados por Bravo coinciden con la postura de las discogr¨¢ficas para llevar a Soto a los tribunales. "En los ¨²ltimos a?os han desaparecido casi todos los estudios de grabaci¨®n, los m¨²sicos, los t¨¦cnicos de sonido, las tiendas de m¨²sica. Las descargas est¨¢n acabando con miles de puestos de trabajo para que haya gente como Soto que se lucre vulnerando los derechos de autor. Se habla siempre de las discogr¨¢ficas como entes mal¨¦ficos, pero tienen sus accionistas, sus empleados y sus familias detr¨¢s", dice Figueroa, de Sony.

Y es que pese a que unos y otros hayan convertido el debate en una cuesti¨®n metaf¨ªsica, en el fondo no se sustancian los inmaculados derechos de acceso a la cultura libre de los internautas ni la recompensa al compositor o al guionista que se rompe la cabeza para crear canciones o pel¨ªculas. Se trata de un asunto mucho m¨¢s trivial: dinero.

Todos se juegan mucho. La patronal discogr¨¢fica, seg¨²n sus propias cifras, ha visto c¨®mo las ventas han ca¨ªdo un 30% en el primer cuatrimestre de este a?o, y culpa de ese desastre a las descargas. No se paran a pensar que tal vez ya nadie est¨¢ dispuesto a pagar 15 euros por un CD del que s¨®lo interesa una canci¨®n. Del otro lado, los desarrolladores de programas de software y de enlaces como Soto no son colegas que realizan un programa en un garaje y lo ponen a disposici¨®n del mundo, sino empresas, con sus accionistas y su cuenta de resultados. Nada que ver con el esp¨ªritu libertario de los programas P2P pioneros como eMule, a disposici¨®n de todos los usuarios, sin publicidad, sin administradores, sin abogados y sin pagar un euro.

"Los m¨²sicos son un colectivo que siempre han permanecido cerca de la tecnolog¨ªa. Sin embargo el caso de Pablo Soto es bien distinto. Se juzga a unas empresas de las que ¨¦l es administrador y responsable y que han basado su modelo de negocio en la explotaci¨®n de una tecnolog¨ªa que b¨¢sicamente es una herramienta para piratear m¨²sica y se alimenta de nuestras grabaciones. El propio Soto reconoci¨® que cuando se le ocurri¨® crear sus programas fue cuando cerr¨® Napster y porque 'vio una oportunidad de negocio'. A esto se le llama ¨¢nimo de lucro", se?ala Antonio Guisasola, presidente de Promusicae.

Muchos piensan que hay que reconducir el debate al primer p¨¢rrafo de este art¨ªculo: ?Es l¨ªcito criminalizar al creador del programa? Entre ellos est¨¢ Julio Alonso, director de Weblogs, unas de las principales empresas de blogs: "Es obvio que las herramientas no son ni buenas ni malas, lo pueden ser sus usos. Un creador de herramientas idea un instrumento para resolver un problema, una necesidad. Pero, adem¨¢s, muchas veces las herramientas acaban resolviendo muy bien un problema para el que inicialmente no fueron concebidas. Claramente la responsabilidad en cuanto al uso es de los usuarios. Esto, salvo en los casos extremos de instrumentos de destrucci¨®n masiva y sin usos alternativos (tipo bombas nucleares), que obviamente no es el caso de Soto".

Javier Mu?oz Pereira, director de iAbogado.com, un bufete especializado en derecho de propiedad intelectual, no duda en enfrentar el debate del cuchillo y la culpabilidad: "Quien distribuye un dispositivo con el objeto de promover su uso para vulnerar los derechos de autor, y fomenta deliberadamente esa vulneraci¨®n (no desarrollando filtros, vendiendo espacio publicitario, m¨¢s rentable cuanto mayor sea el volumen de intercambios, etc¨¦tera), deber¨ªa responder de los actos resultantes de la infracci¨®n por los usuarios que utilicen el dispositivo, con independencia de que ¨¦ste sirva tambi¨¦n para usos l¨ªcitos. El argumento es del Tribunal Supremo americano en el caso Grokster y Morpheus, plataformas similares a las de Pablo Soto. Si aceptamos la met¨¢fora del cuchillo, podemos responder que hay un reglamento de armas que proh¨ªbe determinadas armas blancas por ser inadecuadas para sus fines o suponer un peligro objetivo para la seguridad ciudadana, y a todo el mundo le parece bien. Si el cuchillo que vendo se utiliza en el 99% de los casos para cometer asesinatos y en un 1% para pelar naranjas, y yo promuevo constante y lucrativamente el primer uso, alguna responsabilidad tendr¨¦".

Algunos de los argumentos empleados por defensa y acusaci¨®n en el juicio de Soto resultar¨ªan surrealistas para cualquier usuario de P2P, incluso para el m¨¢s novato. La defensa, por ejemplo, aleg¨® que los que usan los programas de Soto pueden compartir no s¨®lo canciones o pel¨ªculas sino apuntes o fotos personales. ?Un estudiante de Edimburgo se descargar¨ªa Manolito para compartir los apuntes de historia brit¨¢nica con un colega an¨®nimo de un instituto de Albacete que subiera sus apuntes de Ciudadan¨ªa? Desde las discogr¨¢ficas, se exigi¨® que Soto incluyera en sus programas un sistema de filtrado que creara listas negras de sus artistas para impedir las descargas y se quejaron de que se saltaran los protocolos DRM, sistemas anticopia que protegen archivos con derechos de autor. Pero las discogr¨¢ficas saben perfectamente que no existe ninguna tecnolog¨ªa que permita discernir los archivos que est¨¢n protegidos por derechos y los que no, y que son ellas las responsables de introducir DRM en los art¨ªculos que comercializan, y no un tercero como Soto.

As¨ª las cosas, el debate ha derivado en un asunto de militancia. Ambos frentes se han dogmatizado hasta l¨ªmites delirantes. Se exige estar a favor o en contra. Cualquier matiz es considerado un ataque personal y doctrinal. Miguel ?ngel Uriondo, periodista especializado en tecnolog¨ªa y reputado bloguero, intenta aportar algo de cordura: "Por el lado de la industria cultural no entiendo nada. En lugar de crear un modelo sostenible e inteligente para su negocio, basado en la venta o alquiler de contenidos de gran calidad, ingente cat¨¢logo y a bajo precio, usando las modernas redes de telecomunicaciones existentes y compensando la ca¨ªda en ingresos unitarios con el aumento por volumen, defienden a muerte un modelo de negocio caduco e irrelevante. Pero tambi¨¦n por el lado de los internautas, donde muchas veces se tiende a mezclar el argumento leg¨ªtimo con la descalificaci¨®n personal o la cr¨ªtica absurda".

El juicio de Soto est¨¢ visto para sentencia. Sus programas son bendiciones para miles de internautas. Intuitivos, manejables, r¨¢pidos y t¨¦cnicamente impecables. Y adem¨¢s son gratis. Pero, ?son culpables? Que lo digan los jueces.