"Las comisiones en Estepona, mayores que las de Marbella"

"Las comisiones que hemos tenido que pagar en Estepona son mucho mayores que las que tuvimos que pagar en Marbella en tiempos de Roca". As¨ª se expresaba un empresario de la constructora Proincosta, seg¨²n uno de los primeros informes policiales del caso Astapa. Un a?o y una semana despu¨¦s de que la polic¨ªa pusiera patas arriba el Ayuntamiento de Estepona (M¨¢laga, 60.000 habitantes) con aquella operaci¨®n contra la corrupci¨®n, la juez que instruye el caso, Virtudes Molina, ha levantado parcialmente el secreto de las actuaciones.

En la operaci¨®n fueron detenidos el ex alcalde socialista Antonio Barrientos, otros seis ediles del PSOE y del partido posgilista PES y numerosos cargos y t¨¦cnicos municipales, en su mayor¨ªa relacionados con el urbanismo. La apertura del secreto judicial ha permitido, en primer lugar, confirmar lo que era un secreto a voces en la ciudad: que la causa arranc¨® gracias a dos concejales: el actual alcalde, David Valadez (PSOE), y su compa?era de corporaci¨®n Cristina Rodr¨ªguez, que en noviembre de 2006 denunciaron ante la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal, en Madrid, las irregularidades de las que eran testigos. La instrucci¨®n, que sigue abierta, acumula 63 imputados.

Un convenio de 1,2 millones sirvi¨® para pagar la campa?a del PSOE local

La primera conclusi¨®n que obtuvo la polic¨ªa es que "los partidos pol¨ªticos de Estepona, m¨¢s concretamente el PES y el PSOE, tendr¨ªan al menos ciertas irregularidades en su financiaci¨®n que podr¨ªan derivarse en actividades il¨ªcitas". Se cita el caso de un convenio, tasado en 1,2 millones de euros, que supuestamente sirvi¨® para pagar la lujosa campa?a electoral del PSOE esteponero en mayo de 2007. Para disimular esa financiaci¨®n irregular, Barrientos supuestamente pidi¨® a sus compa?eros de lista que suscribieran un pr¨¦stamo de 6.000 euros cada uno. Tambi¨¦n se han detectado contrataciones y procesos de selecci¨®n de personal "ama?ados" y aumentos injustificados de sueldos.

Valadez y Rodr¨ªguez entregaron a la polic¨ªa una declaraci¨®n de 18 folios acompa?ada de una carpeta amarilla con informaci¨®n sobre 15 convenios urban¨ªsticos en la localidad, en la mayor parte de los casos con tasaciones de terrenos a la baja, lo que supon¨ªa tanta ventaja para los promotores como quebranto econ¨®mico para el municipio.

Los ediles iniciaron su relato explicando que en el Ayuntamiento existen tres contabilidades. En la caja A "el dinero est¨¢ fiscalizado por los habilitados nacionales de carrera [interventor, secretario y tesorero] y destinados a los fines previstos por la ley". La caja B "procede de las donaciones que los empresarios realizan al Ayuntamiento para afrontar determinados gastos" a cambio de recibir "favores hacia sus intereses". Entre estos desembolsos figura el pago de la luz de una residencia de ancianos o el convenio de colaboraci¨®n con la asamblea local de Cruz Roja. En una reuni¨®n a la que asisti¨® Valadez, Barrientos supuestamente se jact¨® de "aplicar un impuesto revolucionario" a los promotores.

Si la caja B es dudosa, la caja C es directamente delictiva: "En ella se ingresa el dinero destinado a cuentas particulares" de la gente vinculada al Ayuntamiento. Seg¨²n los denunciantes, un notario de Estepona "situ¨® la existencia de estas cajas en el municipio vecino de Marbella".