Chiringuitos a costa de la ley

La Ley de Costas se ha convertido en fuente de todos los males, en supuesta culpable de que cientos de personas puedan ir al paro, de querer impedir que los turistas se tomen una cerveza entre ba?o y ba?o, y todo ello con el fin de perjudicar a Valencia. Al menos eso se deduce de las declaraciones del Ayuntamiento de Valencia, del PP, que acusa al Gobierno de "animadversi¨®n" hacia las playas valencianas, de "discriminaci¨®n" y de "persecuci¨®n" a los hosteleros.

La tormenta pol¨ªtica a cuenta de la ley comenz¨® en marzo por la reglamentaci¨®n de los eventos deportivos en la arena y contin¨²a con la defensa a ultranza de chiringuitos de playa, que como en otros puntos del litoral, no se ajustan a la norma. Las duras cr¨ªticas del Ayuntamiento y la Generalitat a la Direcci¨®n General de Sostenibilidad de la Costa, del Ministerio de Medio Ambiente, y la Delegaci¨®n del Gobierno, ha llevado a m¨¢s de uno a hablar del problema de "la nueva ley". Tan nueva que se aprob¨® en 1988.

Un fallo judicial obliga a derribar locales en San Juan y El Campello

Valencia se queja de las multas por el exceso de publicidad en actos deportivos

"Las playas valencianas no acoger¨¢n ninguna competici¨®n deportiva el pr¨®ximo verano" por las "arbitrarias sanciones del ministerio", anunci¨® el concejal de Deportes, Crist¨®bal Grau, en marzo. Se quejaba el consistorio de que desde 2005 ha sido multado en siete ocasiones por la publicidad en actos deportivos de playa. La ley proh¨ªbe la publicidad "a trav¨¦s de carteles o vallas o por medios ac¨²sticos o audiovisuales". Las multas responden al incumplimiento de la ley, pero el gobierno de Rita Barber¨¢ sostiene que en Valencia se sanciona y en otras ciudades no. En el fragor de la batalla, Grau afirm¨® incluso que el Gobierno "ha tratado por todos los medios de acabar con el deporte" en las playas. Sin embargo, los eventos se celebran desde hace a?os y ¨¦ste tambi¨¦n. En 2008 fueron m¨¢s de 140 a lo largo de las costas valencianas y las sanciones no llegaron a la decena. Desde el Ejecutivo recalcan que son los "excesos" los que se expedientan, cuando se llena la playa de objetos cargados de propaganda. El delegado del Gobierno, Ricardo Peralta asegura, adem¨¢s, que el consistorio ha reducido su aportaci¨®n econ¨®mica y empuja a los organizadores a contratar m¨¢s publicidad. El PP lo niega. Las partes se han encontrado finalmente a medio camino, con el compromiso de que no se abusar¨¢ de la publicidad y de que ¨¦sta divulgar¨¢ la saludable relaci¨®n del deporte y las playas.

Desbloqueado este asunto, ha tomado el revelo la confrontaci¨®n por los restaurantes de playa de la Malva-rosa, donde la aplicaci¨®n de la ley obligar¨¢ a una docena de establecimientos a eliminar cerramientos que exceden los 150 metros cuadrados de concesi¨®n p¨²blica. La pol¨¦mica ha estallado despu¨¦s de que la mayor¨ªa hubiera aceptado eliminar el pr¨®ximo octubre el espacio cubierto de m¨¢s. Los hosteleros de la Malva-rosa -y una decena de locales de Pinedo y El Saler- se quejan de que Costas permiti¨® en 2002 esos cerramientos y que la supresi¨®n ahora de una superficie que en muchos casos dobla la concesi¨®n supondr¨¢ un grave quebranto econ¨®mico y de empleo.

Sin embargo, el permiso a los chiringuitos ha requerido siempre de la renovaci¨®n anual de Costas porque no forma parte de la concesi¨®n. "Sab¨ªamos que esto iba a ocurrir alg¨²n d¨ªa. En realidad, habr¨ªa que haber desmontado [el cerramiento] cada a?o para cumplir la ley", admiten en un restaurante. "Pero invertimos dinero, no molestamos a nadie y damos un servicio", a?aden. "Estamos de acuerdo en desmontar, pero seguiremos luchando", asegura Miguel Cueca, presidente de los negocios de la Malva-rosa.

La pol¨¦mica ha alcanzado ahora su punto ¨¢lgido, pero el aviso de Costas a los afectados lleg¨® hace m¨¢s de un a?o con la concesi¨®n de 15 a?os a punto de expirar. Para el ministerio, esta situaci¨®n irregular no pod¨ªa mantenerse de cara a una nueva concesi¨®n o una pr¨®rroga. La federaci¨®n de hosteler¨ªa ha puesto el grito en el cielo y ha pedido "que se cambie la norma", mientras que el PP habla de "persecuci¨®n" al sector y ha emitido comunicados que no aclaran que los restaurantes no desaparecer¨¢n, sino que deben eliminar los metros que excede su concesi¨®n. La guinda la ha puesto el consejero de Gobernaci¨®n, Seraf¨ªn Castellano, al anunciar que cambiar¨¢ la Ley de Espect¨¢culos para esquivar la norma de Costas y proteger los "chiringuitos" -con esa denominaci¨®n que "chirr¨ªa" en los o¨ªdos de los hosteleros- por formar parte de la "idiosincrasia" valenciana.

El gobierno local aprob¨® en el pleno de junio con el apoyo del PSPV una moci¨®n que pide a Costas que contemple las "soluciones de excepcionalidad" de la ley. Pero en esa excepcionalidad ya est¨¢n los restaurantes desde hace a?os y los permisos anuales "no pueden generar derechos" y convertirse en "un supuesto ordinario", seg¨²n el ministerio.

Peralta argumenta que la ley de 1988 respond¨ªa al objetivo de ordenar el litoral ante el auge del turismo y que ahora es necesario "reforzar su aplicaci¨®n" por la fuerte presi¨®n urban¨ªstica y el cambio clim¨¢tico. "Se trata de sostener el turismo de forma sensata. Tenemos inter¨¦s en que se cumpla la ley porque es un beneficio colectivo", sostiene el delegado, que denuncia que las cr¨ªticas del PP responden "a una estrategia pol¨ªtica de utilizar la ley contra el Gobierno".

El ministerio reconoce que se ha avanzado en la ordenaci¨®n del litoral. Los merenderos de Valencia, al contrario que muchos en Andaluc¨ªa, se sacaron de la arena al paseo mar¨ªtimo hace a?os. Pero eso no exime de eliminar posibles ilegalidades que quedan, dice Peralta. En El Puig hay 49 casas a pie de playa con sentencia de derribo pendientes de un ¨²ltimo recurso. En Alicante, en las playas de San Juan de Alicante y Muchavista de El Campello hay siete establecimientos que no cumplen la normativa. Apuraron en 2000 sus concesiones y el conflicto con Costas por prorrogarlas termin¨® con una sentencia del Tribunal Supremo que desembocar¨¢ en derribos en octubre, informa Rosa Biot. Los hosteleros de Alicante reclaman una "moratoria para estudiar bien el caso" y para que, si hay demolici¨®n, se consens¨²e "un proyecto que permita mantener la oferta tur¨ªstica en la zona", explica su presidente, Jos¨¦ Francisco Izquierdo. Costas tambi¨¦n afronta pol¨¦micas en Castell¨®n, donde los chiringuitos a?o tras a?o superan la ocupaci¨®n permitida, por lo que son sancionados, informa Mar¨ªa Fabra. El ministerio ha impuesto en tres a?os multas por 110.000 euros abonados por el Ayuntamiento, que es el que recibe la autorizaci¨®n de Costas. El Ayuntamiento repercute las multas en sus concesionarios, pero en 2008 pag¨® m¨¢s por las sanciones de lo que ingres¨® por las concesiones. Los quioscos de temporada en la arena, de 150 metros cuadrados, exceden casi sistem¨¢ticamente los l¨ªmites y uno de ellos ha llegado a los 1.000 metros cuadrados como discoteca.

La Ley de Costas seguir¨¢ en el punto de mira del PP. Se avecinan nuevas tormentas por los expedientes de deslinde en tramos de la costa de Valencia y Alicante.