El censo manipulado de Cabanes cuestiona el sistema democr¨¢tico

"La gravedad de los hechos denunciados, que ponen en tela de juicio el funcionamiento del sistema democr¨¢tico, obligan a llevar las diligencias de investigaci¨®n hasta sus ¨²ltimas posibilidades". La secci¨®n segunda de la Audiencia provincial de Castell¨®n ha reabierto el caso de la posible manipulaci¨®n del censo electoral de Cabanes, archivado por el juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 3 el pasado mes de febrero.

El concejal de Iniciativa en el municipio, Carles Mulet, denunci¨® el empadronamiento de cerca de 40 personas en solo dos meses, poco antes de las elecciones municipales de 2007. Las altas solicitadas se realizaron poniendo como lugar de residencia domicilios que corresponden a los del alcalde del PP, Artemio Siurana, as¨ª como de sus familiares y de otros dirigentes del PP local.

El fiscal asegura que "los implicados han dejado de recordar y existir"

La Audiencia rebate tanto la decisi¨®n del juzgado, que se?al¨® que exist¨ªan indicios de delito pero decidi¨® sobreseer la causa "al no existir autor conocido", como la postura de la fiscal¨ªa, que concluy¨® que ¨²nicamente exist¨ªan "sospechas" y que los hechos se limitaban a una cuesti¨®n administrativa.

En su auto, la Audiencia sostiene que "existen indicios suficientes para estimar cometido un il¨ªcito penal" y a?ade que la "dificultad" que supone el caso, "lejos de conllevar el desistimiento por parte de los poderes p¨²blicos, ha de forzar la actuaci¨®n de investigaci¨®n pues est¨¢ en juego la determinaci¨®n de la voluntad general en unas elecciones". As¨ª, llama a declarar, en calidad de imputado, al funcionario del Ayuntamiento de Cabanes responsable de las altas en el padr¨®n, y cita tambi¨¦n al alcalde y a los sobrinos y dirigentes del PP, propietarios de los domicilios en los que se registraron los "nuevos vecinos".El auto de la secci¨®n segunda de la Audiencia de Castell¨®n, por el que se reabre el caso del censo de Cabanes, supuestamente manipulado, hace una referencia expresa al alcalde del municipio, Artemio Siurana (PP). Los magistrados indican que, aunque la corporaci¨®n no es la encargada de dar de baja en el censo a posibles falsos empadronados, "s¨ª puede afirmarse que procede a los encargados del Ayuntamiento llevar a cabo un control efectivo de la realidad de lo que certifica dicha entidad", ya que es el consistorio la instituci¨®n a trav¨¦s de la cual se tramitan las altas en el padr¨®n para, posteriormente, conformar el censo electoral.

El auto a?ade que esa labor de control "no se realiz¨® en este caso". La inspecci¨®n s¨ª fue realizada por la oficina del censo electoral que, en todos los casos analizados, determin¨® que "procede dar de baja por estimarse que no viven en los domicilios en que figuran empadronados". Sin embargo, todos los nuevos vecinos pudieron votar porque la orden para darles de baja en el censo lleg¨® tras las elecciones. El auto se?ala que esta orden se emiti¨® "para evitar estos indeseables efectos".

Adem¨¢s, indica que dada la relaci¨®n de quienes autorizaron los empadronamientos, aportando sus domicilios como las viviendas en las que viv¨ªan quienes solicitaban las altas, con el alcalde "o con el partido pol¨ªtico del cual es miembro", debe seguir investig¨¢ndose para comprobar si ha incurrido en un delito tipificado en la Ley Org¨¢nica de R¨¦gimen Electoral General "pues existen indicios que permiten llegar a esta conclusi¨®n". As¨ª, llama de nuevo a declarar tanto al alcalde como a sus sobrinos que domiciliaron a nuevos censados, y a otros dirigentes del PP que tambi¨¦n facilitaron se?as para dar de alta a nuevos vecinos.

La sala no solo estudia el recurso contra el archivo de la causa presentado por Mulet, sino que realiza una nueva valoraci¨®n de las diligencias practicadas durante la instrucci¨®n. En este concienzudo examen relata c¨®mo tres de las 39 personas dadas de alta dijeron que la tramitaci¨®n se hab¨ªa realizado sin su consentimiento. Los magistrados hacen especial hincapi¨¦ en el hecho de que una de ellas presenta una firma falsificada y relatan las contradicciones encontradas en el trabajo y declaraciones del funcionario encargado del departamento de empadronamiento, as¨ª como de los propietarios de los domicilios donde se registraron las altas.

El auto desvela que, en algunos casos, las solicitudes de alta en el padr¨®n aparecen sin firmar, al margen de que figura "al menos una, con una firma falsificada". Adem¨¢s, ninguna de las solicitudes cuenta con la preceptiva firma del secretario, por lo que quieren preguntar al funcionario por qu¨¦ omiti¨® esta firma, pese a saber que era preceptiva, y "cu¨¢l fue el motivo por el que se cometieron las irregularidades, si lo hizo por iniciativa propia o le vino propuesto por alguien".

Cabanes no es el ¨²nico municipio investigado por la posible manipulaci¨®n del censo electoral en las pasadas elecciones municipales. Otros pueblos como Fanzara, Santa Magdalena de Pulpis, La Vall d'Alba, Argelita, La Pobla de Benifass¨¤ o La Salzedella registraron tambi¨¦n empadronamientos masivos que fueron denunciados por el PSPV, Iniciativa y el Bloc. En febrero, el fiscal jefe de Castell¨®n, Javier Carceller, se?al¨® que los casos est¨¢n pr¨¢cticamente paralizados porque "encontrar pruebas, se hace cada vez m¨¢s complicado", ya que "los involucrados dejan de recordar y de existir".