Territorios y partidos

Formado por la ministra de Econom¨ªa y por los consejeros de las 15 comunidades de r¨¦gimen com¨²n (el Pa¨ªs Vasco y Navarra est¨¢n acogidos a los conciertos forales) y las dos ciudades aut¨®nomas, el Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera (CPFF) aprob¨® el pasado mi¨¦rcoles el nuevo modelo de financiaci¨®n para el pr¨®ximo cuatrienio; el Congreso modificar¨¢ en el oto?o a esos efectos la ley de financiaci¨®n auton¨®mica (LOFCA). La votaci¨®n reflej¨® las torturadas relaciones entre los intereses territoriales, los objetivos de los partidos dentro de los ¨¢mbitos auton¨®micos y las estrategias globales de las formaciones con implantaci¨®n estatal.

Una vez superada la rebeli¨®n del tripartito catal¨¢n, gracias a una negociaci¨®n que ha durado un a?o y costado bastante m¨¢s de lo previsto por Hacienda, las dem¨¢s comunidades vinculadas al PSOE han secundado el paso marcado por el Gobierno. Las seis autonom¨ªas y la ciudad de Melilla controladas por el PP recibieron de su direcci¨®n nacional la orden de abstenerse, pese al prop¨®sito inicial de las comunidades madrile?a, valenciana y murciana de votar en contra. El predominio de las estrategias estatales partidistas sobre la independencia decisoria de las comunidades (Canarias y Ceuta, que votaron a favor, son las excepciones) ha sido evidente. La vocinglera campa?a de agravios comparativos y envidia institucionalizada contra Catalu?a ha quedado reservada a los medios de comunicaci¨®n fieles a Camps y Aguirre.

El Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera aprueba el nuevo modelo de financiaci¨®n auton¨®mica

La actual financiaci¨®n de las autonom¨ªas obstaculiza su marcha hacia el Estado federal. La oposici¨®n de las llamadas nacionalidades hist¨®ricas a perder su singularidad material o simb¨®lica frente a las regiones y la desgana de socialistas y populares para emprender una reforma de la Constituci¨®n que convierta al Senado en una aut¨¦ntica c¨¢mara de representaci¨®n territorial tambi¨¦n frenan esa deseable deriva. La reforma decisiva ser¨ªa una modificaci¨®n del sistema fiscal que distinguiera entre los impuestos estatales y los auton¨®micos al estilo de los impuestos federales y estatales de Estados Unidos, sin merma de la equidad debida a los ciudadanos: s¨®lo as¨ª los gobiernos territoriales dejar¨ªan de ser Reyes Magos que distribuyen el gasto p¨²blico sin asumir la impopularidad de recaudarlo.

Los pasos dados por el proyecto recientemente aprobado en el CPFF son m¨ªnimos. La igualaci¨®n de la cuant¨ªa per c¨¢pita asignada a las prestaciones de educaci¨®n, sanidad y servicios sociales en todo el territorio estatal merece aplauso. El modelo destina a las comunidades el 50% del IRPF y del IVA y el 58% de los impuestos especiales, recortando al m¨¢ximo el margen que le resta a la Administraci¨®n General del Estado. Pero las opacidades sobre la distribuci¨®n del dinero entre las comunidades y las incertidumbres referidas a la liquidaci¨®n cuatrienal del nuevo sistema, potenciadas al m¨¢ximo por el hermetismo t¨¦cnico de la jerga hacend¨ªstica y el secretismo pueril de la vicepresidenta Salgado, hacen tan nebuloso el dise?o global que resulta incomprensible para el com¨²n de los ciudadanos.